La desgracia de Cromañón con sus muertos, desborda cualquier otro tema de la salud y la muerte.

 

Sin embargo, la medicación falsificada, trucha o apócrifa es responsable de muertes todos los días.

 

La muerte de Verónica Díaz, debido al Yectafer trucho, no es un caso aislado.

 

Los muertos y secuelas que produce son y serán mayores a varias Cromañón, porque continúan por años.

 

La revista Lancet, en el 2001, recogía el informe de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que asistida por un equipo de la Policía Federal y fiscales encontró que el 22,7% de las ventas son irregulares: 9% de productos vencidos, 6% de contrabando, 4% con envase alterado, 2% de muestras gratis y el 1,7% simplemente falsos.

 

En cuanto a la venta de medicamentos fuera del circuito sanitario (quioscos, almacenes, shoppings), la Anmat estima que siete de cada diez productos que se venden son falsos o irregulares.

 

Debido a compras mal reguladas y controladas por parte de los ministerios de Salud de las provincias, se terminaron adquiriendo medicamentos e insumos de origen muy dudoso, cuyo impacto sobre la población hospitalaria podría ser catastrófico (licenciado C. Vasallo, investigador de Insalud , 1998).

 

Salud Pública de la Nación, de las provincias y de la Ciudad licitan medicamentos, pero la pauta básica no es la calidad, sólo el precio: hay que adjudicar al precio más bajo. ¿La Bolsa o la vida?

 

Infecta todo el país: el presidente del Colegio de Farmacéuticos, H. Navarro, en Santiago, denunció que la venta de medicación trucha creció fuera de las farmacias; el Hospital Cullen denunció una compra de Clonazepam trucho, negada por el Iname (Instituto Nacional de Medicamentos), y obligó al subsecretario de Salud de Santa Fe, D. Tardivo, el 29/12/04, a decir que “llamaba la atención” esta diferencia.

 

Para reforzar esta corrupción, la Anmat tiene sólo 15 inspectores para controlar miles de establecimientos, desde las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil hasta Tierra del Fuego.

 

El Dr. A. Somaine (ex presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad), en una charla sobre genéricos, comentó que una serie de medicamentos relevados en las farmacias de los hospitales de la Ciudad (penicilinas, amoxicilina y ampicilinas semisintéticas, diltiazen, digoxina, fenitoina, furosemida, propanolol, sotalol, naproxeno, tamoxifeno, propoxifeno, teofilina e hidroxiurea) no tenían la acción terapéutica requerida, porque no contaban con la cantidad suficiente de la droga o porque ésta no era de la calidad que la farmacopea exigía.

 

La legislación actual penaliza la adulteración que implique una intención de daño, o sea intentar lesionar o matar a otro/s individuo/s. La pena con cárcel puede llegar hasta 10 años. Pero el Código Penal no dice nada con respecto a faltas cometidas con fines de lucro en los mismos casos.

 

El Iname es el encargado del control sobre este tipo de delitos, pero actúa en hospitales, clínicas y farmacias, no en los lugares no autorizados para la venta de medicamentos, donde se vende la mitad de estos productos, y no cumplen, en general, con las exigencias de almacenamiento seguro.

 

El doctor C. Chiale, director del Iname, se atrevía a sostener antes de las muertes por el Yectafer trucho que “desde hace dos años no se encuentran medicamentos falsificados, gracias al estricto control del Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, que realiza inspecciones y allanamientos en forma constante”.

 

El Dr. Chiale debe ir preso por ser cómplice de los falsificadores, ya que las denuncias se amontonan en todo el país y los datos demuestran la inoperancia de la Anmat y el Iname.

 

Si visitan la página web de la Anmat sobre medicación apócrifa, podrán ver que las inspecciones realizadas figuran sólo hasta 2001. Ese año, en la provincia de Buenos Aires se hicieron 117 en total, o sea ni siquiera 10 por mes para una provincia con 15 millones de habitantes. Aunque en la Ciudad llegan a 900, en provincias como Neuquén fueron sólo nueve en todo el año. ¿Así se controla la salud de la población?

 

Entonces: ¿a quién culpamos por la muerte de Verónica a causa de un medicamento falsificado?

 

Respuesta: al Estado que apaña con sus leyes a estos criminales, porque la legislación sobre genéricos es una invitación para comercializar copias potencialmente dañinas para el ser humano, y los funcionarios, por acción o premeditada omisión, son cómplices o socios de estos empresarios.

 

A los laboratorios tradicionales porque resignan parte de la multimillonaria cifra, en dólares, de ganancia mientras puedan continuar con el usufructo de su negocio sin controles sobre su rentabilidad y se reconozca su derecho a la explotación exclusiva durante los años que autorice la ley de patentes.

 

A los empresarios de la salud en su totalidad: quienes producen medicación trucha y la comercializan, los dueños de clínicas y prepagas, los que tienen el manejo de las obras sociales. Ellos conocen esta situación y prefieren continuar con este comercio por su rentabilidad, comprando a valores irrisorios, a sabiendas del nulo control o de su procedencia oscura, prefiriendo la Bolsa a la vida.

 

Sólo se arrancará la podredumbre de la salud encarcelando a los Ibarra y a los Chabán del negocio de la enfermedad, comenzando por el ministro G. González García, responsable político de esta muerte.

 

Sólo un sistema sanitario único, estatal y gratuito, bajo el control de los trabajadores y los explotados, que maneje todos los resortes de la salud, junto a la producción estatal de insumos y medicamentos, podrá garantizar que la salud del pueblo sea una realidad y no se lucre con la miseria y la enfermedad.