Es hora de dar pelea al Estado discapacitante y discriminador. No sólo por los problemas al cobro de una magra pensión de 350 pesos, según tu relato (ver Prensa Obrera N° XXX), cuando la canasta de indigencia está hoy en 429 pesos.

 

Luchemos por la pensión igual a la canasta familiar de 2.400 pesos.

 

El Estado no controla ni cumple con la ley del cupo para discapacitados. Existe un 85% desempleado y, según los archivos del gobierno, menos del 11% fue cubierto. Las proyecciones de esta ley esperan alcanzar recién en 2009 el 5% de ocupados.

 

Dice Evangelina Bussoli: “Tengo 28 años y estoy por terminar la licenciatura en Psicología en la UBA con orientación laboral. Lo único que me falta es el oído. De dónde quieren que saque experiencia laboral si no me dan oportunidad para demostrar mis capacidades” (Clarín, 28/2).

 

La Copine (Comisión para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió sobre 4.000 postulantes que establece el cupo, a sólo 70. Los cupos de empleo deben estar bajo control de sus propios interesados: los discapacitados.

 

En cuanto a leyes y normas de accesibilidad, el Estado no controla que se cumpla lo que él mismo sanciona.

 

El 85% de los alumnos discapacitados no puede integrarse a las escuelas comunes de la ciudad por falta de rampas, aulas y baños adaptados.

 

Hoy, solo uno de cuatro colectivos está adaptado, pero el Gobierno subsidia a las empresas.

 

El Inadi (Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo) recibió en un año 310 denuncias, muchas de ellas pertenecen a discapacitados.

 

Pero su presidenta, María José Lubertino, plantea la limitación al no poder inspeccionar ni sancionar por no tener poder de policía.

 

Para los discapacitados pobres no hay igualdad de oportunidades y frente a la discriminación de clase del Estado es necesario oponerle una organización propia e independiente.

 

¡A ponerla en pie!