Mayo 8 de 1993

Tal es la irracional propuesta del gobierno formulada en el mensaje del 1º de Mayo sobre la llamada “flexibilidad laboral”…

Aunque no se ha dado en su integridad el proyecto del gobierno, se dejó trascender la idea de abolir la jornada de ocho horas diarias para legislar sobre otra de diez horas diarias.

En última instancia, la ofensiva privatista del gran capital no encuentra otra vía para sus planes que aumentar la explotación de los trabajadores y para ello, retroceder dos siglos. Tal propuesta, además de salvaje, pone a la luz la irracionalidad del sistema.

Es salvaje, en cuanto aprovechando la coyuntura de desorientación en el proceso de recomposición de los trabajadores, pretende asestarle a éstos un nuevo golpe en sus conquistas.

Este es el objetivo político del proyecto, que sacado de este contexto carece de toda irracionalidad. Basta considerar que el portentoso desarrollo de las fuerzas productivas pone en evidencia ya y desde hace tiempo, lo anacrónico de la jornada de ocho horas.

Los avances científicos y técnicos aplicados al desarrollo de las fuerzas productivas expulsa del mercado de trabajo a una masa cada vez creciente de la humanidad. Más de cuarenta millones de desocupados conviven bajo el régimen de seguridad social en el mundo del capitalismo avanzado y en el país —según el ministro de trabajo— los desocupados y semiocupados ascienden al 16 o 18% de las fuerzas vivas de trabajo. Por sospechosas que sean estas estadísticas son en sí mismas reveladoras.

Frente a esta realidad, se ha desenvuelto en el movimiento obrero una solución de fondo: la reducción de la jornada de trabajo.

El movimiento obrero metalúrgico alemán ha conquistado las 35 horas semanales. Y el movimiento obrero europeo avanza a generalizar esta conquista en función de las 30 horas semanales.

Según las estadísticas, si se redujera la jornada a treinta horas semanales, manteniendo la capacidad adquisitiva del salario, permitiría incorporar al circuito productivo a la inmensa masa de desocupados, tanto en los países centrales como en los periféricos.

Y siempre, según los economistas especialistas en la materia, esta incorporación junto a la reducción de jornada, implicaría un nuevo impulso al nivel de producción, con la correspondiente ampliación del mercado de consumo.

Decimos esto, a fin de dejar en claro lo falaz de la argumentación que mediante la flexibilidad laboral se habría de rebajar el costo salarial y aumentar la rentabilidad.

Este mismo hecho pone en evidencia que el interés no es sólo económico, sino sobre todo político.

En efecto, si se rebaja la jornada de trabajo para incorporar al circuito productivo a la masa de desocupados, se produciría, entre otros, dos efectos contrarios a los intereses del capital:

a) Los trabajadores cohesionarían su fuerza en cuanto sector explotado superando la contradicción entre el ocupado y el desocupado, desalojando del escenario un factor de lesión a los vínculos de solidaridad de clase.

b) Los trabajadores con una jornada menor contarían con el tiempo disponible para su capacitación y su progreso sociocultural, su organización y su intervención en la resolución de los problemas colectivos y en el control sobre el Estado mediante el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Además de repugnante el plan propuesto carece de racionalidad. Nadie podría pensar seriamente que con tal decisión se habría de mejorar la rentabilidad competitiva de la rasposa y avarienta burguesía nativa o que tal ventaja atraería la inversión del capital mundializado.

Es irracional pretender atacar la desocupación ampliando la jornada de trabajo del obrero ocupado, rebajando el precio o anulando el sobreprecio de las horas extras.

Como socialistas denunciamos y nos oponemos a las horas extras, por bien pagas que fueran, pero no podemos dejar de considerar que su generalización se ha presentado como única alternativa para hacer frente a la caída vertiginosa del poder adquisitivo de los salarios.

Es sintomático que unido a este anuncio, el gobierno haya formulado el de la modificación de la ley de accidentes de trabajo. Son concientes que la causa fundamental de los accidentes de trabajo es tanto la fatiga obrera por la extensión de su jornada de trabajo, como la inobservancia por rapiña burguesa de las normas de higiene y seguridad industrial.

Algo debe quedar claro: es inadmisible la pasividad mediante la cual la burocracia sindical ha dejado pasar, sin organizar la lucha, los antecedentes de esta ofensiva (la llamada ley de empleo, la modificación de la ley de accidentes de trabajo Nº 9.688 y 23.643 y el cierre de una buena parte de los tribunales de trabajo).

La movilización popular hizo retroceder al gobierno con sus ataques a la educación pública. La movilización de los jubilados lo hizo retroceder parcialmente en su ley de privatización de la jubilación. Una gran movilización popular puede derrotar la nueva ofensiva que se anuncia.

Se trata de combatir contra este proyecto en su integridad y de imponer la reducción de la jornada semanal de trabajo a 35 horas, manteniendo el salario global incluidas las horas extras e incorporando a los desocupados a un nuevo turno productivo.

Debemos lanzar desde ya una campaña unificada de las organizaciones revolucionarias, corrientes combativas y sindicatos en general para clarificar los verdaderos alcances de estos proyectos, organizar la resistencia y avanzar en la formulación del programa alternativo.

 

Intelectuales y Militantes por la Causa del Socialismo

Angel Fanjul

Jorge Muller

Ricardo Zambrano

Dora Coledesky

Roque Moyano