El gobierno nacional anuncia que no va a reprimir, y que intentará destrabar el conflicto por vías judiciales y a través de la negociación política. “Nosotros nunca vamos a reprimir, no vamos a criminalizar la protesta social” cita misteriosamente Página/12 del domingo 13 de junio a un funcionario no identificado. Sin embargo, no otra cosa que criminalizar la protesta significa abrir causas contra ciertos (son 10, ni uno más, ni uno menos; y entre ellos no está incluido –claro– Alfredo De Angeli, quien nunca fue ambientalista) reconocidos activistas del corte. El gobierno esgrime como argumento de su decisión de presentarse como querellante que las protestas sociales son para “visibilizar demandas que son invisibilizadas” (ídem). Las protestas sociales serían, entonces, sólo para llamar la atención, y hacer que el propio gobierno tome la batuta y resuelva el problema. Esta es una impostura y una interesada y completa mentira. Una pura charlatanería. De protestas sociales, el gobierno nacional no sabe ni definirlas. El objetivo de una protesta social como la de Gualeguaychú no es el de llamar la atención para que el estado capitalista intervenga y resuelva los conflictos. El objetivo es justamente el propio Estado y su carácter capitalista. La estrategia del gobierno pretende desviar esta tendencia.

Pretende hacernos creer que apuntamos para otro lado.