A medida que la crisis económica se desenvuelve y aparecen las exigencias del FMI al desnudo (privatización, superpoderes a Economía, etc.), parece instalarse el problema de la seguridad como discusión en la sociedad. Ante la muerte del cabo González, producida en el asalto al banco, se produjo una movilización en el barrio de Saavedra pidiendo leyes represivas más generales (la no excarcelación de los procesados; la vuelta al interrogatorio sin la presencia del juez) y, por último, el intento de instalar nuevamente la pena de muerte. Sugestivamente, la prensa burguesa mantuvo en diarios, radios y pantalla esta movilización varios días. Ahora, ante el tremendo crimen en Cipolletti, nuevamente la difusión periodística parece estar dirigida a mostrar una presión social por el endurecimiento de las leyes represivas y la pena de muerte. Sin embargo, se pudo ver también que sectores importantes organizados de la juventud estudiantil y de la sociedad han planteado la cuestión en otros términos. Los sectores de la población, que vienen participando últimamente en las luchas sociales, saben que cuando verdaderamente se reprime en nuestro país es a los trabajadores y a los sectores populares que protestan. ¿Quiénes serían las autoridades que aplicarían la pena de muerte? ¿Quién garantizaría que la persona que no puede salir excarcelada, no sea un chivo expiatorio, para encubrir la actuación de parapoliciales, funcionarios corruptos o empresarios mafiosos? ¿Cómo saber que el policía que va a interrogar sin la presencia del juez no es un torturador indultado? Este gobierno, junto con todos sus ‘opositores’ socios capitalistas, no sólo quieren distraer la atención hacia la cuestión de la seguridad, sino que verdaderamente están interesados en contar con el visto bueno para convertir al Estado, en un estado policial (más de lo que ya es); porque sabe que en los próximos meses, para llevar adelante la flexibilización laboral y los nuevos ajustes económicos, encontrará la resistencia cada vez más organizada de la población. Indudablemente que está planteada la cuestión de la seguridad. Por eso mismo, es necesario que tengamos claro que hay que terminar con el gobierno que aumenta la desocupación, que protege a los narcotraficantes, que convierte a la juventud barrial en un elemento ocioso sumergido en el alcohol y la droga, destruyendo a nuestras futuras generaciones. Sólo los trabajadores y el pueblo organizados pueden garantizar la seguridad. No al aumento de las leyes represivas, no a la pena de muerte, fuera el gobierno privatista. Fuera Menem-Duhalde.