Con la firma de la diputada Sandra Mendoza del FPV de Chaco, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para resolver la adhesión al Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, “a celebrarse el 23 de abril de 2017” (sic).

Independientemente de la anacronía, el proyecto se fundamenta, entre otras cosas, en que “la Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor”. El proyecto declara “el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en colaboración con la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, esto es lo que celebramos: el poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo entre las mujeres y los hombres de todas las culturas”.

La Unión Internacional de Editores —Wikipedia dixit— fue fundada en 1896, representa a la industria editorial en el plano mundial y agrupa 78 asociaciones nacionales, regionales o especializadas en 65 países. La UIE es una organización no gubernamental que mantiene relaciones de consulta con las Naciones Unidas. Los locales de su secretaría se encuentran en Ginebra (Suiza). Es decir, una organización que nuclea a los grandes pulpos editoriales y vela por sus intereses a nivel mundial. Sus relaciones con Naciones Unidas la colocan, además, en muy buenas relaciones con el imperialismo. La Federación Internacional de Libreros, cuya sede se encuentra en Bruselas, Bélgica, suma otra entidad de similares características al festejo.

No obstante la filiación de la entidad, el proyecto sostiene que “en todas sus formas, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de expresión que comparten todas las mujeres y todos los hombres, que hace avanzar a todas las sociedades. Los libros contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio, para forjar un destino común donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas”. Loable propósito, pero imposible en la sociedad capitalista.

En la Argentina, donde la mitad de la población está sumida en la pobreza o en la indigencia, los libros —un artículo de lujo si nos guiamos por su precio— son una utopía. Y si a esto le sumamos la destrucción de la educación pública, que desde Menem hasta Cristina se viene profundizando y que el gobierno macrista está llevando hasta el paroxismo, se supone, incluso, que cada vez habrá más analfabetos funcionales.

Si se trata de “promover el diálogo entre las mujeres y los hombres de todas las culturas”, bastan los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel para señalar con sangre la falsedad de tal afirmación.

En cuanto al derecho de autor, podemos afirmar que la propiedad intelectual está prácticamente confiscada por las patronales editoras. El porcentaje que cobran los escritores como derecho de autor se vio desde hace mucho tiempo disminuido: pasó de ser el 10% histórico al 8% en el mejor de los casos, llegando a 6% en los más negreros. Esto sin contar con la innumerable cantidad de escritores que deben pagar para ver publicadas sus obras, incluso en los pulpos editoriales. Éstos, por otra parte, han incluido, en sus contratos leoninos, derechos patronales en todos los formatos posibles del libro —en papel, electrónico (e-book), audiolibro—, lo que implica una explotación aún mayor de los escritores, que no cuentan tampoco con ningún control de las tiradas ni de las ventas. Una vez publicado el libro, el escritor debe contentarse con lo que la editorial le diga que tiró y vendió.

La mayoría de los libros permanece en las librerías durante un tiempo muy acotado: unos tres meses aproximadamente. Concluido ese plazo, los ejemplares son vendidos como saldo a librerías de usados o directamente destruidos y vendidos como papel por las editoriales. Los pulpos prefieren ganar unos pesos más en esa forma que donar los libros a escuelas o bibliotecas populares. Todo el interés cultural que muestra el proyecto hace agua por los cuatro costados y se convierte en mero palabrerío o en resuelta hipocresía.

No existen por parte del Estado planes de estímulo de la lectura. Los premios, las becas y los subsidios a escritores son escasísimos. El Premio Nacional se ha discontinuado, lo mismo que el Municipal (del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), que hace dos años que no se falla. Los premios anteriores son pagados con atraso. Toda una política de destrucción de las actividades literarias y de ninguneo de sus creadores.

En el Día Mundial del Libro, como se ve, los convidados de piedra son los escritores y los trabajadores, que no tienen acceso posible a la lectura.