Cuando el gobierno de Mauricio Macri expulsó a Alejandro Cacetta de la presidencia del INCAA por sostener “funcionarios kirchneristas” en su gestión y a Pablo Rovito de la conducción de la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) se desató en la comunidad audiovisual una rebelión sin precedentes. Un jueves de semana santa se tomaba el cine Gaumont y se realizaba una asamblea con más de mil asistentes, que rápidamente se radicalizaba y votaba movilizarse por la democratización del INCAA, la elección democrática de sus autoridades contra la designación por el Ejecutivo que plantea la ley de cine, y un Plan de Fomento para el cine independiente. Rápidos de reflejos, los sectores de la industria convocaron una concentración antes de la movilización en la puerta del instituto, al lunes siguiente. Allí tomó la palabra Puenzo y, en defensa de Cacetta (el hombre de Clarín en el INCAA), pronunció la célebre frase “en el cine nacional no hay grieta”.

El kirchnerismo lograría desviar aquella lucha por la democratización y las reivindicaciones más sentidas del sector del cine independiente hacia “preocupaciones parlamentarias sobre la continuidad de los impuestos que nutren el fondo de fomento cinematográfico (FFC)” y Puenzo quedaría instalado como un defensor corporativo del “cine nacional”. Su postulación por el Alberto Fernández, que venía a “cerrar la grieta”, estaba más que cantada. El “consenso” en torno a su figura superaba con creces las mejores mediciones del presidente de los primeros días de cuarentena. La liquidación del capital político del hombre del Oscar es una manifestación más de la crisis política que cruza al gobierno.

Bajo la presión de las OTT

Con la pandemia como argumento fundamental del ajuste presupuestario (un 30% de la recaudación que nutre las arcas del INCAA proviene de la venta de entradas en salas que cerraron hace meses), la subejecución, el atraso, los privilegios para productores de la gestión y la negativa de otorgar ayuda a los trabajadores de la industria paralizados y sin cobrar salarios caracterizaron a la gestión, pero su principal traba radica en no haber logrado resolver un incremento de fondos para sostener una producción para las OTT (Over The Top) y modificar el Plan de Fomento en dicho sentido.

Mientras en todo el mundo se discute cómo gravar a las plataformas de streaming que monopolizan la circulación de los productos culturales, aquí Puenzo intentó traficar el criterio empleado en la ley de cine para el fondeo de la producción a través de la retención de un cincuenta por ciento del IVA en las entradas. La aplicación de dicho criterio a la facturación de las Netflix, Amazon y compañía triplicaría el fondo y daría lugar a poder invertir esos fondos públicos en producción de contenidos para esos tanques, sin afectar sus ganancias.

La “brillante idea”, que endulzó los oídos de los dueños de Netflix en reunión con el Oscar winner, no pasó la prueba de las reuniones con la Afip, ni se convirtió en proyecto de ley impulsada por el Ejecutivo, ni en decreto, ni en nada. El IVA que pretende Puenzo regalar a Netflix es coparticipable y lo necesitan las provincias para pagar sus deudas; también al imperialismo, sí. Porque el “Estado presente” del “INCAA ausente” tiene como principal tarea un pacto con el FMI, y mal que le pese a muchos son sus prioridades.

De la primera ola golpista impulsada por Azar, Sokolowicks y compañía Puenzo resultó airoso concentrando el apoyo de la mayoría de las asociaciones de peso del sector, así como los sindicatos (a los cuales aportó fondos del INCAA al rescate de sus obras sociales, que Actores de todos modos quebró). Pero la continuidad de la parálisis de su gestión, que no logró en un año presentar su Plan de Fomento, ha dado lugar a una segunda ola. El bloque de apoyo se quebró y ahora reclama su cabeza la cámara de la industria (Caic), que pretende imponer a su presidenta Vanesa Ragone en el sillón de Lima. Ragone es la productora local de mayores lazos con Netflix. Se cuentan los días.

Alerta, la movilización

Desde el Ojo Obrero y el Frente de Audiovisuales en Lucha participamos de la convocatoria de ACÁ que el jueves 10 quebró la parálisis de las direcciones de las asociaciones del cine independiente, con una movilización de cincuenta compañeros, que puso en agenda la necesidad de la convocatoria a un congreso de las bases del cine independiente.

Esta iniciativa sacudió la modorra y dio lugar a que sea convocada una conferencia de prensa y movilización el lunes 14. Más de treinta asociaciones suscribieron la convocatoria, que no logró movilizar más de cien realizadores. Como se ve, la crisis lejos está de provocar la reacción de 2017, y sólo un sector más activo y las direcciones de las asociaciones están participando.

La elaboración surgida de una deliberación común de los realizadores del cine independiente, junto a los estudiantes y los trabajadores de la industria sería un factor fundamental para engrosar las filas de la movilización.

Los programas

Las direcciones de las asociaciones que integran la mesa de directores han consensuado un programa sin desarrollar una deliberación abierta a todos los realizadores independientes. El planteo parte de una formulación falsa en relación a la clave de lo que está en juego. Propone el aumento del fondo de fomento a través de “los aportes” provenientes de las OTT. En realidad suscriben el aumento del fomento a partir de la mitad del IVA, por lo que el “aporte” sería de las provincias. Nosotros planteamos la triplicación del fondo sobre la base de un impuesto a las ganancias de las OTT.

El cuadro de crisis que se ha creado por la inviabilidad de la vía del aporte de las provincias plantea que el propósito de los golpes a Puenzo es viabilizar el copamiento del fondo de fomento por las OTT, en las condiciones que esté. El cine independiente debe partir de reclamar que los fondos públicos para el fomento artístico deben ser para el desarrollo de la expresión libre de todos los condicionamientos del mercado y del propio Estado. Que la producción cinematográfica con fines culturales, sociales y políticos debe contar con todos los recursos para garantizar salarios de convenio para sus trabajadores. En base a estos principios generales, definir un pliego de reivindicación para luchar por ellas frente a la imposición de un nuevo Plan de Fomento.