El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aprobado un “protocolo para el desarrollo de actividades musicales de creación, interpretación y grabación en estudio y transmisiones vía streaming para prevención y manejo de casos de Covid-19”.

Este “protocolo” está diseñado a medida de los empresarios de la música y de sus negocios, marginando a la gran mayoría de los trabajadores de la música que no reúnen los requisitos para desarrollar la actividad musical “autorizada”.

Luego de una larga lista con requerimientos sanitarios y medidas precautorias de posibles contagios se especifica que solo “podrán realizar las actividades de ejecución, grabación y streaming lxs músicxs profesionales que cumplan al menos uno de de los siguientes requisitos: tener un disco editado por una disquera tanto independiente como mayor o ser socio de SADAIC/AGADU/SGAE/AADI/ACCMA o AADET”.

La mayoría de lxs músicxs, que no integran estos organismos, quedará excluida. Aunque algunxs sean socios de estas instituciones, se necesitará de una empresa que “banque” el costo, que evaluará no solo el aspecto artístico sino fundamentalmente el rédito económico. Las medidas sanitarias exigidas sin garantizar su financiamiento excluirá a centros culturales barriales y salas pequeñas.

La medida es hecha para que las empresas y managers que monopolizan el negocio de la música y los derechos de autor puedan seguir grabando y por ende subiendo estas producciones a servicios digitales como Spotify, que han tenido una explosión de consumo y de ganancias.

Otro objetivo central es comercializar la enorme realización de streaming “casero” que brota en las redes, muchos producidos gratuitamente por reconocidos músicos. Los empresarios de la industria musical intentan convertir en negocio las nuevas expresiones artísticas y de comunicación desarrolladas en el aislamiento de cuarentena. Nuevas ticketeadoras digitales de streamings o eventos artísticos en redes se abrirán paso para reglamentar el lucro del arte.

La gran mayoría de músicxs, técnicxs, operadorxs y trabajadorxs de la música se encuentran sin ingresos, producto de su trabajo “informal”, como se denomina ahora a los que viven al día. No cuentan con seguros de desempleo, previsión social ni cobertura de salud, facturando como monotributistas o lisa y llanamente en negro sin contratos. El negocio de la música en tiempos de pandemia busca rearmarse con las mismas reglas de precarización laboral.

El gobierno de la Ciudad actúa como socio de esta privatización de la cultura, creando “protocolos” a medida de los mismos empresarios a quienes destina subsidios y exenciones impositivas.

El reclamo que viene llevando Músicxs Organizadxs por una compensación económica mensual de 30.000 pesos, la creación de un circuito de música online pago por el gobierno y un impuesto a las OTT (como Spotify) cobra mayor relevancia. El protocolo que necesitan lxs músicxs no es solo de medidas sanitarias sino uno donde se respeten los derechos laborales y artísticos.