El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, anunció que el gobierno impulsará una Ley Nacional de Mecenazgo que tomará de modelo la vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde hace siete años. Esa legislación porteña permite descontar de impuestos los “aportes a emprendimientos culturales”. Como antecedente se encuentra un proyecto muy similar presentado en setiembre de 2015 por los diputados Alejandro Abraham y Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria. Toda una continuidad también en este plano.

 

Aún no se conoce el texto del proyecto macrista, pero La Nación (17/6) adelantó que se dará prioridad a la figura del “patrocinador” por sobre la del “benefactor”. La primera descuenta de impuestos el 50% de lo transferido al proyecto artístico y, a cambio, el aportante queda autorizado a publicitar su aporte. El “benefactor”, en cambio, podrá descargar de sus impuestos el 100% de su contribución y permanecerá en el anonimato. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, desde 2007, la Ley de Mecenazgo autoriza a las empresas a descargar de Ingresos Brutos hasta el 10% de sus contribuciones a proyectos culturales. En 2015 se descontaron de impuestos, en total, 200 millones de pesos (La Nación, 25/4). Entre las compañías aportantes figuran Mercedez Benz, que ya tiene asignada una sala en el Museo Nacional de Bellas Artes; la fundación American Express y la del Banco Itaú, entre otras. Desde tiempo atrás esos pulpos “se entusiasman en el impulso de una ley nacional de mecenazgo” (El Cronista, 15/4/15).

 

Aquella ley, aprovechada y exprimida por la gestión macrista en la Ciudad, fue aprobada cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno. Telerman, empresario de la cultura y miembro de la banda responsable de Cromañón, es director del Complejo Teatral Buenos Aires (pasó del estalinismo al centroizquierda, luego al duhaldismo, al kirchnerismo y ahora al macrismo) y sostiene desde hace muchos años que la cultura debe producir “beneficios económicos, no sólo goce espiritual” (radar, 17/oct/1999).

 

La Ciudad de Buenos Aires es, por el momento, el único distrito del país que tiene una ley de mecenazgo. En ella, la alícuota que se puede descargar pasó del 2 al 10% en 2015, medida saludada por los capitalistas de la cultura. “Instituciones como el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, son algunos de los más reconocidos receptores de esos fondos” (El Cronista, 15/4/15). El consejo que regentea la aprobación de proyectos a ser financiados se elige a dedo -es decir, lo eligen los propietarios del negocio.

 

Bajo este régimen, asimismo, el Estado deriva en el mecenazgo privado acciones que le son propias, determinando que sean las empresas las que regulan las acciones culturales y se constituyan como transmisoras de ideología (Prensa Obrera, 3/12/15).

 

Fondo Nacional de las Artes y los bancos

 

La nueva presidenta del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Carolina Biquard, es la esposa del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, lo cual sugiere toda una trama de negocios familiares. Biquard es la creadora de la Fundación Compromiso, a la que “aportan” un número importante de bancos y empresas de primera línea. El FNA administra ahora un fondo de 80 millones de pesos, según lo anunciado por el ministro Avelluto.

 

Ahora bien ¿para que se utiliza ese dinero? Por ejemplo “para financiar el proyecto de puesta a punto de la casa de Rufino de Elizalde, proyectada por el arquitecto Alejandro Bustillo para Victoria Ocampo en el corazón de barrio Parque, y comprada por Amalia Fortabat cuando era presidenta del FNA. Allí vivieron la modelo Claudia Sánchez y el publicista Nono Pugliese, y más tarde el actual presidente Mauricio Macri” (Télam, 14/4).

 

Esta perspectiva privatizadora de la cultura exige que se le contraponga un programa. No a la ley de Mecenazgo. Por el acceso gratuito a la cultura y el arte.