El jefe de Gobierno Mauricio Macri, mediante el decreto 727/11, vetó la ley sancionada recientemente por la Legislatura porteña, la cual creaba el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Musical, que disponía un subsidio mensual y vitalicio para "ciudadanos y ciudadanas de reconocida trayectoria en la actividad musical".

Esta medida ha provocado el rechazo de organizaciones de músicos, legisladores y la comunidad artística en general. Sin embargo, poca referencia se hace a los limitados alcances de la ley: ya que "fija en veinte (20) la cantidad máxima de beneficiarios por año” y "en ningún caso la suma total de los beneficios a otorgar podrá superar el 0,0147% del presupuesto total de la Ciudad".

Toda ley que favorezca la jubilación de músicos es progresiva y debe ser apoyada, aun señalando sus límites. Pero la pregunta que surge es ¿por qué Macri veta una ley tan acotada?

La respuesta la da en el decreto de anulación 727/11: "no resultaría conveniente implementar el régimen propuesto en virtud de que quedarían excluidos del mismo una universalidad de actores culturales, afectándose el principio de equidad" y que "implicaría comprometer a futuras administraciones, afectando sus ejercicios presupuestarios".Macri teme tanto como el gobierno nacional que esta ley siente un precedente -el derecho a jubilación de músicos- y traiga una catarata de reclamos de la comunidad artística por este elemental derecho (teniendo en cuenta que los escritores, producto de su lucha, han obtenido una ley similar en la ciudad y ya reclaman por una nacional).

Por eso, los distintos pronunciamientos de organizaciones de músicos y legisladores kirchneristas se cuidan de plantear los límites de la ley y, silenciando a su vez la política de indefensión jubilatoria que lleva adelante el gobierno nacional.

Es notable que ninguna organización de las que se atribuyen resguardar los intereses de los músicos -como el Sadem (Sindicato de Músicos), la UMI (Unión de Músicos Independientes) y los kirchneristas que defienden esta ley- no hagan mención de que, en tantísimos años de existencia, no existe un régimen jubilatorio a nivel nacional para todos los músicos. Esto es porque entienden esta ley como una excepción.

La aparición de esta ley -seguida del veto- ha puesto de manifiesto no sólo las intenciones políticas del gobierno porteño, sino el estado de absoluta precariedad laboral de la mayoría de músicos en el país a la hora de poder jubilarse y contar con obra social -así como con otros beneficios conquistados por los trabajadores.

Junto al reclamo por la vigencia de la ley, debemos lanzar la lucha por un régimen jubilatorio municipal y nacional que defienda nuestros derechos laborales.

Los músicos no sólo debemos juntar firmas, sino organizamos todos para hacer una gran movilización a la Legislatura porteña, a la Casa de la Cultura y a la sede del Gobierno de la Ciudad para rechazar el veto y garantizar que todos tengamos una jubilación digna -lucha que debe continuarse a nivel nacional.

Convoquemos a una gran jomada de lucha contra el veto.

Por la ampliación de la cuota de músicos.

Por una vida digna.

Por los derechos laborales que nos corresponden por nuestra actividad artística.