El acto de apertura de la Fiesta Nacional del Teatro, que se celebró la semana pasada en Salta, tuvo su comienzo con el abucheo del público al gobernador, Juan Manuel Urtubey, y a Teresa Parodi. La ministra de Cultura dejó de lado su discurso ante el temor a un nuevo abucheo.

 

Dos días más tarde, Télam publicó: “'El Rastro', un milagro en una irregular fiesta del teatro”, en referencia a una obra de la Ciudad de Buenos Aires, denostando así los productos traídos desde otras regiones.

 

Este ataque de la agencia oficialista visibilizó la disputa interna entre camarillas del Instituto Nacional del Teatro (INT), la de los representantes elegidos por el Ejecutivo Nacional y la de los otros integrantes del Consejo de Dirección elegidos “más democráticamente” entre los provinciales, impulsores y organizadores de la fiesta. La camarilla de los representantes provinciales busca distanciarse del gobierno nacional por la disputa de las cajas negras. Está en juego la ejecución del presupuesto, que para asuntos no teatrales se está llevando más del 50% anual.

 

En los escritos oficiales se la propagandizó como una fiesta del “encuentro” de artistas de diferentes provincias, pero fue sólo un enunciado, al no estar previsto en la programación ningún espacio para el debate ni el intercambio teórico diferente. Un encuentro hubiese puesto en valor la voz de los silenciados, los artistas.

 

El festival coincidió con la marcha del 24 de Marzo de Salta, que encabezaron organizaciones de derechos humanos y el Partido Obrero. Fue un gran acto donde se denunció la impunidad de ayer y de hoy, a diferencia del discurso oficial de la “memoria” que ocultó deliberadamente a los Milani, la represión a los luchadores y las desapariciones en democracia.

 

El gobierno de Urtubey usó el brillo del festival para su campaña electoral, mientras que el INT lo hizo para afianzar la cooptación política sobre un sector de los artistas. El movimiento teatral, que luchó por la ley que arrancó fondos para la creación del INT, debe redoblar esa lucha para ganar poder de decisión sobre la política de fomento y levantar una organización independiente del Estado, los empresarios y la burocracia.