Mauricio Macri eligió, para encabezar el Ministerio de Cultura nacional, el mismo perfil que el de la mayoría de sus nuevos funcionarios nacionales: un hombre de la corporación. Pablo Avelluto, tal su nombre, estuvo al frente de la filial argentina de Random House Mondadori, una megaeditorial internacional, durante ocho años. Fue, además, gerente de la Editorial Planeta durante cuatro años. Hasta el momento se desempeñaba como coordinador del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad.

 

Avelluto desembarcó con declaraciones “progresistas”, al asegurar que durante su mandato se va a convocar a los artistas “por su talento” y no por sus preferencias políticas, en una crítica dirigida a la gestión cultural K. Además, se manifestó en favor de la descentralización de la cultura.

 

Sin embargo, poco tiene de progresista. No sólo por los testimonios que fue deslizando estos años desde su cuenta de Twitter (“¿Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo? Ok, no a todos, sólo a los que creen que hacer paros sirve para algo”, por ejemplo), sino porque será el encargado de desenvolver la política privatista cultural que proyectó el macrismo en la Ciudad.

 

Ejemplo de ello es la propuesta del gobierno electo de impulsar una “ley de mecenazgo” a nivel nacional. Esa ley, aplicada en 2009 en la Ciudad (aprobada dos años antes), destina impuestos sobre ingresos brutos -una exención impositiva- a proyectos culturales. Bajo este régimen, el Estado deriva en el mecenazgo privado acciones que le son propias, determinando que sean las empresas las que regulan las acciones culturales (La Nación, 27/9). Es decir que frente a la posición de la “democratización” de las ideologías que proclama Avelluto, estamos ante la utilización por el capitalismo de la cultura como transmisora de ideología y ganancias.

 

Un caso que reproduce la práctica cultural del macrismo tuvo su mejor ejemplo hace semanas, cuando un grupo de artistas, en el Centro Cultural San Martín, presentó una performance que denuncia el vaciamiento y la precarización laboral y artística del propio teatro.

 

Denunciaron que todos los directores del teatro fueron elegidos por las autoridades del gobierno y no por concurso público, así como también el alquiler del espacio para eventos.

 

Por otra parte, según cuenta a Prensa Obrera, el dirigente y ex delegado general por ATE en el Teatro Colón, José Piazza, la Ley de Autarquía del Colón de 2008 -“impulsada por el PRO, avalada por el kirchnerismo y el Sutecba- abrió instancias a todo tipo de negociación en el Colón. Se apropiaron del presupuesto anual y las producciones propias han sido tercerizaciones: escenografía, herrería del teatro, boleterías, mayordomía, vigilancia, entre otros. Esto estableció negocios privados con fondos públicos”.

 

Avelluto viene a reemplazar a Teresa Parodi, designada en marzo de 2014, en una medida que buscó reforzar la política de cooptación estatal que caracterizó a la “década ganada”.

 

En una sociedad donde la mayoría de la población vive con salarios de hambre, ¿qué lugar queda para el disfrute y el ejercicio de la creación artística? Es necesario intervenir con una política independiente del Estado en este escenario de crisis, cooptación y privatización cultural, y darle una perspectiva propia que eleve las condiciones para la más absoluta libertad en la creación artística y el acceso a la cultura de los trabajadores.