fbnoscript
11 de junio de 2018

Rebelión educativa en Chaco contra la ley de destrucción de la educación superior

Estudiantes y docentes movilizados reclaman el veto del gobernador a una ley que desfinancia y terceriza el nivel terciario y universitario.

La sanción de la Ley 2832E, que establece la creación de Centros Regionales de Educación Superior (CRES) bajo control de municipios, cooperativas o asociaciones civiles provocó una verdadera rebelión en los institutos terciarios de Chaco. Los estudiantes y docentes movilizados exigen al gobernador Domingo Peppo el veto de la ley. 

Aurelio Díaz, diputado del Partido Obrero, fue el único que votó en contra de la ley, desarrollando una fuerte denuncia de su carácter privatista y precarizador.
En Sáenz Peña se produjo una movilización multitudinaria de los estudiantes del IES Juan Mantovani, que recorrió las calles y culminó en una asamblea masiva. Se planteó para esta semana una nueva asamblea docente para darle continuidad a las medidas de fuerza. En Charata, el rector del Instituto Terciario junto a un grupo de estudiantes anunció que iría a huelga de hambre exigiendo el veto del gobernador.

En Castelli, se produjo un debate entre los docentes, dado que un sector vinculado al PJ la defendía con diferentes argumentos. A pesar de ello, la crítica a la Ley se fue abriendo paso a partir de la denuncia del Partido Obrero y de la gremial docente Sitech Impenetrable y se produjo también una movilización masiva de estudiantes y docentes.
En Villa Ángela, se prepara para este lunes una gran movilización del IES Villa Ángela, que ya se pronunció con fotos masivas de los estudiantes contra la ley, volcadas en redes sociales. También se discutió el tema en Machagay, y el Centro de Estudiantes del Instituto Terciario rechaza la Ley, con perspectivas de movilizarse.
Sitech Federación y Atech exigieron por nota el veto de la ley por parte de Peppo, y preparan un paro con movilización el miércoles 13 contra su promulgación.

La ley

Mediante la Ley, se avanza en que los Estados nacional y provincial se desliguen del financiamiento educativo. Se establece que se abrirán institutos terciarios y universitarios bajo control de cooperativas, municipalidades y asociaciones civiles, creándose un fondo estatal para sostenerlos que no asegura su financiamiento completo. En San Martín, donde funciona la prueba piloto de estos CRES, la matrícula es de 1.000 pesos por mes.

En la rebelión de estudiantes y docentes no está solamente presente el rechazo a la Ley, sino que hay motivos más de fondo. Sucede que esta normativa es un paso más en la creación de un sistema educativo paralelo, signado por el arancelamiento y las tendencias a la privatización, que ha avanzado mucho en la provincia. En Chaco proliferan las escuelas (primarias y secundarias) "de gestión social" bajo control de asociaciones o cooperativas, en las cuales se avasallan todas las conquistas del gremio docente plasmadas en el estatuto y se desconoce el derecho a huelga. Esto provoca una seria limitación de la libertad de cátedra y del desarrollo de la enseñanza, que queda bajo el control de los parámetros ideológicos de las organizaciones que dirigen las escuelas (en general, del PJ). 

Con la nueva ley, las limitaciones a la libertad de la cátedra y a la organización sindical se extenderán a la educación superior, ya que los docentes de los CRES serán nombrados –sin concurso- por los municipios y asociaciones. Esta tendencia privatista apunta a una enorme precarización de la formación, con docentes elegidos a dedo y contenidos recortados. 

Vamos por un plan de lucha

Esto convive con el desfinanciamiento de la educación pública, que sufre además una amenaza de cierre masivo de cursos en escuelas secundarias, por la reforma de la caja curricular que lleva adelante el Gobierno.

El arancelamiento que se denuncia también está presente actualmente, incluso en los anexos de la UNNE en Castelli o Charata, donde los estudiantes deben pagar un mínimo de 2.000 pesos mensuales para estudiar carreras de grado.

Por todo esto, planteamos la lucha por el veto en el marco de un programa más amplio, que tenga en cuenta la regularización de las escuelas de gestión social mediante la aplicación del estatuto del docente, el fin de todo tipo de arancelamiento en la educación superior, la extensión de la educación superior a toda la provincia pero mediante la creación de carreras e institutos a cargo de la UNNE y el Ministerio de Educación, con cogobierno docente estudiantil, concursos docentes y derechos laborales. 

Abajo el ajuste en educación, abajo el cierre de cursos y secciones. Salario igual a la canasta familiar y ajuste inflacionario del mismo para los docentes.
Organicemos un plan de lucha provincial por este programa.

Seguí leyendo: Chaco: la educación superior, bajo control de los punteros
 

En esta nota:

Compartir

Comentarios