fbnoscript
9 de noviembre de 2018

Los Centros de Primera Infancia y la privatización educativa

El cierre de las salas de jardines maternales en la CABA -único distrito que desde la década del 80 tiene incorporados a los niños desde 45 días a la educación pública – ha disparado el sinceramiento del gobierno. En una nota publicada por Clarín el 6/11, Martha Vieytes -histórica pedagoga del nivel- denuncia que ante el reclamo el ministerio admitió que van a seguir cerrando secciones y que los niños desde los 45 días hasta los 2 años se irán reubicando en CPI (centros de primera infancia). Estas declaraciones cayeron como una bomba sobre la docencia y la comunidad ya que se trata de centros dependientes del Ministerio de Desarrollo Social en los cuales no hay control y las docentes están precarizadas bajo convenios de Utedyc. Pero por otra parte, marca el fin del nivel inicial como unidad pedagógica, un signo de derrumbe si se considera que es uno de los mejores del continente.

Pero el problema es aún mayor. Bajo la excusa de que se necesitan espacios para cumplir con la obligatoriedad de las salas de 4 y 5, se esconden dos realidades: que las escuelas existentes se caen a pedazos y no piensan construir nada debido al ajuste, y que los CPI ya cuentan en muchos casos con salas de 4 años.

Antecedentes

Si bien todos los cañones apuntan al macrismo es necesario hacer un poco de historia. En el año 2007 se sancionó la Ley Nacional Nº 26233 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil y se crearon diferentes planes para cuidado de primera infancia por fuera del sistema educativo es decir, fue el propio gobierno K el que habilitó esta política y la llevó a cabo mediante diversos proyectos que variaban según la provincia. A su vez en 2015 la diputada Ivana Bianchi del FPV logra aprobar en Diputados una ley de cuidados de la primera infancia que busque “crear un sistema institucional que integre las estructuras existentes y futuras, entre las cuales se encuentran las escuelas infantiles y los centros de primera infancia” (Parabuenosaires.com, 8/10/2015). En este sentido, el año pasado el gobierno anunció que para 2019, confían en llegar a tener 4.000 espacios en todo el país, que incluirían 400.000 chicos. El viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Castelli, informó que 1.200 espacios sociales de todo el país solicitaron su adhesión al plan y hasta el momento "hay más de 700 y se están por realizar convenios con los otros 500 en los próximos dos meses". No se trata entonces de abrir o construir espacios sino simplemente de meter en el plan instituciones ya existentes que vienen siendo gestionadas por ONGs, fundaciones, organizaciones barriales y particularmente iglesias católicas y evangélicas. Los 72 CPI existentes en CABA ya han anunciado que se unirán a este plan nacional.

Funcionamiento

Desde diferentes organismos y sindicatos se ha rechazado reiteradamente este proyecto por considerarlo un mero plan de cuidado que profundiza las diferencias. Ya no se trata de escuela pública pobre y privada rica sino de un enorme sector de la infancia que no tendrá acceso a la escolarización hasta los 5 años. Estos rechazos son totalmente válidos en tanto un sistema de cuidados abarata los costos, pulveriza la formación y el trabajo docente y sirve apenas como dique de contención de la miseria en medio de un brutal ajuste. Pero el problema es mucho más profundo y estructural. Los centros de primera infancia no son del área estatal sino que pertenecen al ámbito privado y se financian con el aporte del Estado, actualmente 4000 pesos por niño. Esos son los “espacios sociales” que piden su adhesión al plan y que no son otra cosa que las llamadas escuelas charter que han arrasado con el sistema educativo en Estados Unidos y más cercanamente en Chile.

Control social

Estas escuelas no son solamente un negocio para las organizaciones que las regentean y un ahorro para los gobiernos, son principalmente modelos de control social. Sólo con un primer relevamiento de los 72 CPI existentes en CABA, encontramos que 10 pertenecen a la iglesia católica, 7 a diversos cultos evangélicos y una a la fundación del rabino Sergio Bergman. Y esto sólo porque no existen datos públicos ni control acerca de la gestión de estos centros que en muchos casos aparecen gestionados por las mismas fundaciones como es el caso de GES, empresa que además tiene otros negocios con el Estado. Las vacantes se otorgan de forma arbitraria gestionadas por punteros barriales y los cargos docentes son por contrato directo con una altísima rotación de las maestras debido a las condiciones de trabajo.

La intención de unificar en un mismo sistema al nivel inicial y la primera infancia es la privatización directa de la educación bajo el formato tercerizado. Pero es aún más grave que las organizaciones que se llaman territoriales hagan una encendida defensa de estos formatos bajo la excusa de quitar “las garras del Estado capitalista de la educación de los pibes”. Es así como el CPI Madre del Pueblo en la 1-11-14 y que pertenece a la parroquia cuenta también con una escuela secundaria y en Ciudad Oculta funciona la escuela primaria Virgen del Carmen bajo la misma modalidad de financiamiento. Las “orgas” parecen preferir las garras del oscurantismo y, a tono con la derecha, frenan el dictado de la educación sexual y el debate sobre el aborto.

En este sentido, la modalidad chárter que inaugura la primera infancia incluye también la regimentación de la familia a los preceptos morales religiosos porque además de las gestiones están las capacitaciones para las familias (muchas veces a cargo de CONIN, la fundación del oscurantista Ariel Albino) bajo un manto de paternalismo y valores morales y para docentes que se hacen incluso dentro de templos evangélicos (Legión de la Buena Voluntad). Es también el reforzamiento del liberalismo educativo que transforma a la escuela en centros de aplicación de programas y segmenta infinitamente el sistema en consonancia con el planteo #ConMisHijosNo que exige el control y libre elección de los padres de los contenidos educativos.

Conclusiones

El gobierno se apresta a entregar la primera infancia al oscurantismo religioso y a los quioscos de punteros barriales, pero también a las exigencias de la OCDE en cuyo seno operan la Fundación Varkey y el grupo GEMS, principal operador del rubro a nivel mundial. La doble operación de desguazar el nivel inicial para reunificarlo como charterización es una maniobra que el Partido Obrero y Tribuna Docente viene denunciando. Debemos crear una gran movilización y un profundo debate con toda la docencia y la comunidad educativa para frenar esta punta de lanza de la tercerización educativa.

Compartir

Comentarios