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22 de mayo de 2020

Córdoba: el gobierno mete la reforma laboral en educación a fuerza de Covid

Por Rodrigo Sebastián Barral
Tribuna Docente

Hace más de 60 días se ha impuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio y, con él, se ha implementado sobre la docencia una regimentación que persigue un solo objetivo: meter la reforma laboral y la adecuación a la escuela secundaria 2030 del exministro macrista Alejando Finocchiaro, que sigue impulsada por Nicolás Trotta y votada por todos los ministros de Educación del país (entre los que se encuentra Wálter Grahovac, el aplicador del ajuste de Schiaretti) en el Consejo Federal de Educación.

La cuarentena obligó a los docentes de todos los niveles a una virtualización forzosa y en esto reside la “continuidad pedagógica” que defiende el ministro Nicolás Trotta desde su cuenta de Twitter, (31/03). Se trata de poder subordinar el sistema educativo del país a uno de los reclamos de hace décadas de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)- un organismo fundado por los países imperialistas en la década del ‘60 del siglo pasado- y que ha exigido la apertura de la educación de la Argentina a los grandes capitales que dominan la enseñanza digital, de carácter unidireccional y bajo los contenidos y protocolos impuestos por los países miembros.

La provincia de Córdoba está metiendo (no sin la resistencia de la base docente) lo que se dio en llamar en Nuevo Régimen Académico, un plan piloto que se está introduciendo muy de a poco en todas las escuelas de la provincia, que prevé la asistencia de alumnos y alumnas de manera virtual cuando quedan en Trayectoria Escolar Asistida (aquellas y aquellos que por distintos motivos no pueden seguir asistiendo a clases en el establecimiento, libres por faltas, etc.), lo que termina siendo una estafa porque no contempla en ningún punto la provisión por parte del Estado del equipo tecnológico, de la conectividad o del tiempo docente rentado (presenta como respuesta una magra cantidad de horas de tutorías, que por lo general no alcanzan a cubrir la demanda dentro de la misma escuela).

¿Y qué pasa con las y los alumnos?

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, prácticamente la mitad de los niños y niñas del país no tiene computadora y/o acceso a la conectividad, estamos hablando de un 48,7% que no tiene PC y un 47,1% que no cuenta con wifi en su hogar. Esta proporción se eleva a siete de cada 10 en el estrato social más bajo (La Nación, 9/4). Alrededor de 8 millones de chicas y chicos.

Podemos agregar los datos del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que muestran que “más de la mitad de las conexiones nacionales (el 54,11%) tiene una velocidad menor a 20 Mbps Es decir que no se pueden hacer clases a distancia con plataformas educativas ´premium´, que incluyen videoconferencia al estilo Zoom, Google Meet o Jitsi, entre otras funciones”, (Clarín, 20/4).

El estresante teletrabajo es una constante entre las y los docentes

La Encuesta Nacional “Contanos para cuidarte” Sadop (El sindicato que nuclea los docentes privados, muchos de los cuales, también trabaja en el sistema público) realizada durante la primera quincena de abril 2020 a un total de aproximadamente 8.000 docentes, arroja resultados muy significativos respecto de la situación actual. Una instantánea de la alienación y explotación a la que son empujados y empujadas docentes de todos los niveles: el 63% de los y las maestras y profesoras le dedica a las tareas docentes más de 5 horas por día, dentro de este grupo, un 30% trabaja más de 8 horas diarias mientras que un 33% dedica entre 5 y 8 horas diarias a la actividad docente: un 74% de las y los docentes encuestados tiene que combinar las tareas laborales con el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y/o enfermos. Dentro de este grupo, un 26% es el único cuidador o cuidadora, un 36% comparte estas tareas de cuidado con otra persona y un 12% hace estas tareas de forma ocasional.

El 33% de las y los docentes realizan las tareas escolares en un lugar donde al mismo tiempo, las demás personas del hogar hacen otras actividades, un 28% cuenta con un lugar adecuado para trabajar, pero debe coordinar su uso con los demás integrantes de la familia y un 11% de las y los maestros no cuenta con un espacio apropiado para el trabajo. Cabe destacar que sólo un 28% tiene un espacio adecuado, cómodo y tranquilo para realizar las tareas en su casa (Encuesta Nacional “Contanos para cuidarte”. Dpto. CyMAT -SADOP. 2020).

Para defender la escuela pública y los derechos laborales

Las y los docentes se han puesto al hombro en muy pocas horas la responsabilidad de subsanar (en una situación de emergencia) la excepcionalidad del aislamiento social preventivo obligatorio y ante la necesaria suspensión de clases presenciales, poniendo su propia infraestructura, conectividad, medios tecnológicos, es decir, es el caso en el que las y los trabajadores ponen su fuerza de trabajo y los medios de producción. A esto el gobierno de Córdoba ha respondido solo con aprietes, burocracia administrativa, el inminente pago de haberes en cuasimoneda, ajuste, no está nombrando suplentes y, para rematarlos, les metió por la ventana una reforma jubilatoria.

Nos encontramos ante un escenario de excepcionalidad, por eso exigimos:

Se requiere un marco regulatorio excepcional que solo puede ser tratado en una paritaria, se trata de un cambio total de las condiciones laborales donde aún no se han resuelto una enorme cantidad de problemas y deficiencias.

El Estado debe proveer de todos los recursos, tecnológicos e informáticos necesarios, para poder continuar desempeñando la actividad pedagógica.

Se debe encuadrar la actividad docente en el marco de los horarios y cargos de cada docente, se debe dar fin a la persecución de docentes por parte de directivos e inspectores, resguardando su privacidad y horarios de contacto.

Es por ello que la docencia debe organizarse para resistir la continuidad post pandemia de los avances en la implementación de la virtualidad en un marco en el que es altamente excluyente y discriminatorio. El Estado tiene la obligación de garantizar la equidad de oportunidades y dar una respuesta satisfactoria a toda la comunidad educativa, utilizando los recursos que se están despilfarrando en el pago de una deuda que ha contraído el gobierno en un 90% en dólares, lo que la hace impagable.

 

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