A una semana de que se conociera que a estudiantes de una escuela católica de Santiago Del Estero los hicieron marchar con el pañuelo celeste, salieron a la luz dos hechos de persecución ideológica institucional en escuelas privadas de Capital y Buenos Aires a docentes que se posicionaron públicamente a favor de la legalización del aborto. 

En la escuela anglicana Saint Martin in the Fields, en el barrio de Belgrano, una docente fue “invitada” a renunciar por las autoridades, mientras que en el colegio Sagrada Familia de Quilmes fue despedido un docente de catequesis.

A dos semanas de la votación en el Senado, la Iglesia impulsa una fuerte campaña echando mano a todas las herramientas que tiene a su disposición para poder torcer el brazo a la voluntad popular, y conservar la clandestinidad del aborto como herramienta de disciplinamiento de las mujeres y personas gestantes. 

En las escuelas, y de la mano del movimiento estudiantil, el debate se coló en todas las aulas, junto con el reclamo de la implementación verdadera de una educación sexual laica y científica, con perspectiva de género. Sucede que la juventud estudiantil y la docencia es testigo permanente de los efectos de la clandestinidad del aborto, por las terribles consecuencias que genera a las estudiantes tanto los abortos clandestinos como la obligación de maternar.

En la esfera educativa, es el Estado el garante de la intervención del clero y de las empresas privadas en la educación de las y los niños y la juventud. En la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto 2018 destina 6.050 millones de pesos a subsidiar la educación privada, de los cuales -según datos oficiales del Ministerio de Educación porteño- más de 1.200 millones de pesos van a sostener el funcionamiento de los 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a las diferentes congregaciones del culto católico (Ámbito Financiero, 20/3/18).

A nivel nacional, los Ministerios de Educación de los distritos más importantes destinan alrededor del 20% del presupuesto educativo a financiar las actividades de los colegios religiosos (ídem).

En el aspecto legal, a las escuelas privadas el Estado le permite precarizar el trabajo docente, al permitir la discrecionalidad en la selección de los docentes por fuera de cualquier listado, designar un estatuto docente para privadas que permite los despidos y permitir la creación de figuras por fuera de la educación pública como son las horas extraprogramáticas de menor valor, entre otras. 

Este cuadro genera la posibilidad de que las empresas educativas (clericales o no) utilicen estas herramientas como presión para disciplinar a la docencia, presionar contra las luchas salariales y educativas, e incluso imponer condicionamientos en las políticas educativas generales.

La libertad de empresa que se garantiza desde el Estado para las empresas educativas habilita la objeción de conciencia institucional. Ello tiene su correlato con el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral (que desde el Partido Obrero-Frente de Izquierda hemos propuesto eliminar, en una modificación a la legislación), según el cual “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembro” -permitiendo a su turno la persecución a estudiantes y docentes que luchan por sus reivindicaciones.

Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero impulsaremos una campaña de solidaridad con las y los docentes, denunciando el accionar de las patronales escolares y la complicidad estatal y promoviendo el pronunciamiento de los sindicatos y de toda la docencia para frenar esta persecución y los despidos.



En este sentido, la comisión de docentes de escuelas privadas de Ademys lanzó un pronunciamiento para ser firmado por docentes de CABA como parte de las acciones de acompañamiento y denuncia del sindicato.

Hemos elaborado un proyecto de resolución en la legislatura repudiando estos hechos, y haremos las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Educación para luchar por la rectificación de las medidas contra las y los docentes y para exigir el cese de cualquier persecución a la docencia.

Más que nunca, exigimos la separación de la Iglesia del Estado. En la lucha por el aborto legal, así como para el conjunto de nuestras reivindicaciones, las y los docentes de escuelas públicas y privadas debemos dar una pelea de conjunto para conquistar nuestros reclamos. 

Vamos por educación sexual para decidir ¡y por su aplicación efectiva!; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir; separación de la Iglesia del Estado; estabilidad para los docentes de escuelas privadas.