El Senado provincial, por unanimidad, otorgo media sanción y giró a diputados, el proyecto presentado por los senadores de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, y Juan Pablo Allan, que contempla un aporte extraordinario destinado a escuelas de gestión privada, y además, incorpora la condonación de intereses y multas por deudas de aportes previsionales, generadas desde la suspensión de clases presenciales.

Estos mismos bloques patronales, son los que a nivel nacional, defienden un presupuesto fondomonetarista, en todos los niveles, destinando para la educación un presupuesto que no llega ni a la mitad de la inflación real prevista. El gobierno ya accedió a que este sector de la educación privada, obtenga el salario complementario (ATP) por parte del Estado, sin ningún tipo de investigación previa. Declaman el impuesto a las riquezas pero no hacen más que continuar subsidiando al capital. Paritarias 0% para la docencia, condonación de deudas para las patronales de colegios privados; que además, en un gran porcentaje, pertenecen al clero, también sostenido financieramente por el Estado.

En tanto que, la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) dirigieron una carta al Ministerio de Desarrollo Productivo, solicitando que el gobierno nacional incluya a los colegios privados en el programa Ahora 12 y Ahora 18, a fin de que las familias que no han pagado las cuotas, puedan financiar sus deudas.

Lo que solicitan es un mecanismo de endeudamiento de las familias, que, en cuadro de profundización de la crisis económica y social, no pueden hacer frente al pago de las cuotas escolares. Bajo amenaza de no rematricularización de los estudiantes y/o cierre de los institutos escolares. Cuando se valieron por años de los subsidios del Estado.

Patronales que, presionan junto con los intendentes, tanto de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, para imponer el retorno de las clases presenciales, como lo demostró el “la prueba piloto” de Valenzuela en Tres de Febrero o “el protocolo de vuelta a clases” de Posse en San Isidro. Pretenden con esto, que las familias tengan un acicate para pagar las cuotas.

Organicemos la lucha por nuestros salarios y condiciones de trabajo

Sadop ha sido cómplice de toda la avanzada patronal. La respuesta que han dado a los, cada vez más, reclamos de la docencia, ha sido un sorteo de computadoras y celulares realizado este mes, en lo que dieron a conocer como “Mes de la Dignidad docente”. Junto con el resto del FUDB, vienen de sentarse en una mesa “paritaria trucha” sin mandato alguno de la docencia, una impostura total, sin oferta salarial, en un cuadro de carestía y aumento de precios. La burocracia se limita a reclamar “un salario que esté por encima de la inflación”, según el comunicado del FUDB, cuando proliferan los reclamos docentes por la sobrecarga de tareas, reducciones salariales, despidos, entre tantos otros.

Al inmovilismo de la burocracia sindical, le anteponemos el Plenario Provincial de la Multicolor, del próximo 8 de octubre, una instancia clave de la organización de la docencia combativa, para elaborar un plan de acción, para que la crisis no la paguemos los trabajadores de la educación.

Planteamos:

– Defensa integral del salario. Ninguna rebaja. Continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos u horas, por un reaseguro salarial para los docentes sin cargo completo igual a 30 mil pesos. Salario inicial de 44 mil pesos y el 40% de aumento en todas las categorías en el camino de un salario igual a la canasta familiar actualizado por inflación.

– Ningún despido, ni en el estado ni en la enseñanza privada. Pago en tiempo y forma. No a los atrasos ni a la cuotificación de los pagos. Ninguna rebaja salarial. Respeto por el horario laboral.

-En caso de quiebra o cierre o de declaración de insolvencia ante las costas salariales se proceda a la estatización de los establecimientos educativos, de cualquier nivel y/o modalidad del ámbito privado; por último que retrotraigan los ceses efectuados al 13 de marzo, dejando sin efecto los mismos y regularizando el pago salarial correspondiente. Separación de la Iglesia y el Estado.

– La continuidad pedagógica, en todas sus formas, debe realizarse en el marco de una actividad institucional, garantizada por el Estado. Abastecimiento de instrumentos tecnológicos y conectividad para todos los alumnos y los docentes.