El gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección de Escuelas Normales, emitió la Resolución 13909513, que insta a cada profesorado a elaborar un “Plan excepcional de continuidad de la formación en contexto de emergencia sanitaria”. Es decir, en lugar de tener un plan el Ministerio de Educación y la Dirección se limitan a sostener que cada institución defina cómo continuará la cursada, y cómo evaluará y acreditará cada espacio curricular.

 

El gobierno de la ley Unicaba, que establece “una política de evaluación Institucional continua sobre el sistema de formación docente y sobre los Institutos de Formación Docente”, y contra la comunidad educativa formó la Unidad de Coordinación para un mayor control de los institutos, ahora delega se responsabilidad en organizar cómo será la cursada virtual. ¿Por qué?

 

Lejos de algún tipo de autonomía y de la posibilidad de las comunidades a decidir, con esta resolución el gobierno de Larreta busca desligarse de su responsabilidad ante el hecho de que cientos de docentes y estudiantes de los profesorados no cuentan con Wifi, computadora ni capacitación, por lo que están prácticamente afuera de dicha continuidad pedagógica. Por eso, la resolución sostiene que los profesorados “también deberán presentar las estrategias institucionales que se implementarán con el objetivo de acompañar la trayectoria de aquellos/as estudiantes que no cuentan con acceso a las tecnologías para participar en las actividades remotas que se desarrollan actualmente”.

 

El nivel de cinismo de la resolución es tal que delega en las autoridades, docentes y estudiantes que resuelvan problemas como la falta de conectividad, y todo con la única condición que coloca la resolución es que “las estrategias que se planteen no deberán requerir erogación presupuestaria adicional”. Es decir que el gobierno insta a avanzar en la evaluación y acreditación a la vez que reconoce que no piensa poner un peso. Esta resolución pone a cientos de estudiantes al borde de quedar afuera de la cursada.

 

En un reciente informe, la Unesco reconoció que en América Latina, por las enormes desigualdades que genera la falta de acceso a las nuevas tecnologías, quedarán miles de estudiantes afuera de la educación superior.

 

En concordancia con los proyectos presentados por la diputada del FIT Romina Del Plá en el Congreso y por el legislador Gabriel Solano en la Legislatura porteña, desde la UJS Terciarios impulsamos una campaña por el acceso irrestricto y el aumento de becas Progresar y Ciudad a $10.000. También exigimos al gobierno, mediante distintos petitorios y resoluciones de los consejos directivos de los institutos, la necesidad imperante de que provea con dispositivos tecnológicos y datos móviles para docentes y estudiantes.

 

En este marco, el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) está llevando adelante las jornadas “reflexiones sobre vínculos y continuidad pedagógica” con la participación del ministro Nicolás Trotta, en cuya convocatoria se mencionan como objetivos la “resignificación sustancial del trabajo docente”, y “las conquistas de la continuidad pedagógica en la educación a distancia”. Sin embargo, no hay mención a la falta de conexión y recursos, ni a la posible merma significativa de la matrícula de los institutos de formación docente. Nuevamente se dedican a “pensar estrategias” y descargar en los docentes la responsabilidad de sostener los contactos virtuales.

 

En el Congreso Nacional se acaba de dar media sanción a la ley de “educación a distancia”, que no resuelve ninguno de estos problemas sino que abre la posibilidad a la injerencia de negocios privados en la educación pública.

 

A sabiendas de la deserción que se va a provocar, la resolución del gobierno de la Ciudad coloca como alternativa rendir las materias de forma “libre” para “aquellos estudiantes que no se encuentran en condiciones de participar en las actividades formativas remotas”.

 

Para afrontar esta alternativa plantea que “las instituciones desarrollen instancias previas de acompañamiento o tutoría a las y los estudiantes”. La pregunta cae de maduro es: ¿quiénes van a ser esos tutores y qué salario van a cobrar, si no piensa ninguna erogación presupuestaria? Seguramente el gobierno busca que los mismos docentes que están desbordados por el trabajo virtual también se vuelvan tutores por el mismo salario devaluado.

 

El ajuste y la flexibilización de las condiciones laborales es una política constante que repercute sobre la formación docente. Peligra en este cuadro la continuidad de los postítutos gratuitos que brindan los profesorados. Recientemente, además, intentaron dejar a docentes del Lenguas Vivas, del Normal 4 y otros profesorados sin alta ni salario, pero finalmente tuvieron que dar marcha atrás por los reclamos, petitorios y denuncias.

 

Esta la misma política que apunta hacia la instauración de la Unicaba en el “Parque de la Innovación”, lo cual requiere avanzar en una política de mayor ajuste y de caída de la matrícula de los profesorados.

 

Llamamos a pronunciarnos contra estos ataques en todos los profesorados, centros de estudiantes y consejos directivos rechazando la resolución Nro 13909513, reclamando una erogación presupuestaria adicional para que nadie quede afuera de la cursada y para que los docentes cuenten con las herramientas y salarios necesarios.

 

Luchemos por el adelanto, el acceso irrestricto y aumento a Becas Progresar y Ciudad a $10.000; por la entrega de dispositivos tecnológicos y liberación de datos para estudiantes y docentes; por concursos virtuales para les docentes sin cargos. Tenemos que enfrentar esta política de ajuste y flexibilización laboral.

 

Defendamos la formación docente. No a la Unicaba; disolución de la Unidad de Coordinación.