24/06/2021

Chaco: la ley de educación digital, otro ataque a la docencia y a la educación pública

Capitanich y sus diputados arremeten nuevamente contra la educación pública y sus trabajadores.

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó la Ley de Educación Digital, que es nada más y nada menos que otro intento de flexibilización laboral, sobrecarga laboral para las y los trabajadores de la educación y desprestigio a la educación pública. En complicidad con el plan de ajuste y eliminación de derechos a la educación pública, radicales, peronistas y el Frente Integrador votaron la ley a sabiendas que no tiene el apoyo de educadores y la comunidad.

El proyecto de ley consiste en reglamentar el teletrabajo docente y flexibiliza la tarea docente por fuera de los derechos contemplados por el Estatuto Docente. Se contempla dentro de este proyecto los dispositivos para estudiantes y docentes, un reclamo que hace más de un año está presente en la lucha de las y los trabajadores de la educación y que desde la banca del Partido Obrero hemos presentado proyectos porque es un recurso elemental para trabajar y estudiar en este contexto particular de pandemia, hay que decirlo que estos proyectos no se votaron porque tanto radicales como peronistas decidieron cajonearlos.

Junto al reclamo de dispositivos gratuitos también está el de conectividad gratuita, ya que las familias y docentes venimos bancando desde nuestro bolsillo el acceso y los recursos para las clases virtuales. Aquí el gobierno sigue sin hacerse cargo y solo promete a través de esta ley la conectividad en las escuelas, no en los hogares de docentes y estudiantes. Lo que demuestra que en este contexto de pandemia y en otros el acceso a la educación digital propuesto desde el gobierno sigue siendo a medias.

Otro punto crítico es la sobrecarga laboral (artículo 35 en adelante). Dentro de la ley se incluye la jornada extendida, más los trámites burocráticos de deberes y obligaciones hacia la labor docente, lo que quiere decir que un mismo docente tendrá la doble tarea presencial y virtual, sumada a la elaboración y planificación de las clases presenciales y virtuales, que no son pagas, sino que aparecen como “vocación” del docente. Esta tarea será más allá de los contextos de pandemia como el actual y el o la docente hasta podrá quedar cesante ante la inasistencia en alguna de estas modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajaremos más horas, los mismos docentes a cargo de todo y por la misma plata, y si el plan de educación virtual y digital fracasa la culpa será de la docencia. No se aumentarán los cargos para incluir a los miles de docentes desocupados en la provincia, sino que un solo docente aumentará las responsabilidades.

Y la eliminación de derechos no termina ahí, sino que además todo este plan de digitalización será con el mismo presupuesto educativo, que por supuesto es escaso porque año a año recortan el presupuesto para la educación pública, utilizan los mismos fondos para financiar la educación privada, el mismo presupuesto que no alcanza ni siquiera para poner en condiciones edilicias seguras y salubres a las escuelas y que además después lo ponen como excusa para no pagar a los docentes y mantenernos con salarios por debajo de la línea de pobreza.

Desde algunos sindicatos salieron a denunciar este atropello a la tarea docente pero sin llamar a medidas de fuerzas. Consideran que se crea un sistema paralelo de enseñanza que desprestigia la educación pública presencial, lo cual es cierto, pero flaco favor le hacemos a la defensa de la educación pública y a la labor docente si no se elabora un plan de lucha en conjunto con las y los docentes, para terminar con la violencia económica y laboral ininterrumpida de las propuestas del gobierno hacia la tarea de enseñar y aprender.

No podemos permitir que avancen en la eliminación de los derechos docentes. Desde el Partido Obrero, hace más de un año, venimos presentando proyectos que contemplen la creación de cargos de auxiliares virtuales que complementen con el trabajo de los docentes que ya se encuentran en funciones, el pedido de dispositivos y conectividad gratuitos para estudiantes y docentes, además de todos los demás proyectos en defensa del salario y la educación pública. Como lo nombramos anteriormente, estos proyectos surgen desde los mismos reclamos de la docencia y las familias y permiten solucionar tanto la necesaria asistencia del Estado ante la educación pública como la desocupación docente que involucra a más de 20.000 profesionales sin empleo.

Lejos de querer eliminar la educación presencial creemos que en este contexto no podemos volver a la presencialidad y necesitamos que el gobierno destine dispositivos y conectividad urgente, sin que por esto se lleve puesto nuestros derechos. La lucha de la educación pública y en condiciones no termina ahí, aún seguimos esperando la vacunación masiva y el arreglo de las escuelas para una presencialidad en condiciones, aún seguimos luchando por un salario acorde a la canasta familiar y el pago de lo adeudado por la cláusula gatillo 2020.

El gobierno que nos debe la cláusula gatillo, que aplica descuentos descomunales a los trabajadores lejos está de preocuparse por la educación pública, sino más bien en destruir los derechos de quienes la sostienen día a día. Gobiernan en contra de la educación pública y sus trabajadores, debemos frenarlos, organizándonos desde las bases y salir a pedir el veto inmediato de esta ley.

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