11/02/2021

Córdoba: las autoridades municipales se alinean con la presencialidad sin condiciones

Organicémonos ante la vuelta a clases.

El pasado 2 de febrero, las autoridades municipales convocaron la comisión de planeamiento educativo para plantear el regreso a la escuela, en línea con los anuncios del ministro de Educación nacional y provincial. Hablaron desde el eufemismo de la “presencialidad cuidada” para señalar la alternancia de grupos que asistirían durante jornadas de 4 horas a las escuelas para recibir educación presencial por parte de maestras/os, con medidas de distanciamiento social y de higiene. Explicaron que esta última se sostendrá con recursos proporcionados por las empresas de limpieza tales como jabón, lavandina, alcohol y con medidas que deberán controlar los propios agentes educativos tales como ventilación de espacios áulicos, acceso a recreos escalonados, control de temperatura, etc.

La nota singular es que ya no se emplea el término “virtualidad”: este es reemplazado por la educación remota, que será la forma que adoptará el grupo al que no le corresponda el turno semanal de asistencia. Este reemplazo de términos señala toda una definición acerca de la educación pública: el Estado garantizaría la educación a través de la presencialidad, aunque no garantice la salud a través de la vacuna. La salud se garantizaría a través de la observancia del protocolo, con lo cual los contagios estarían ligados a la falta de cumplimiento, ergo, a la responsabilidad de los miembros del CE (Centro Educativo), de las familias o de los propios niños por su incumplimiento.

Para citar textualmente, el documento denominado Protocolo y recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de Centros Educativos (borrador) del Ministerio de Educación provincial señala que “al momento de la entrada al CE deberá controlarse la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento, siendo necesario asignar para tal fin personal capacitado para el cumplimento de dicha tarea. En caso de fiebre se limitará el ingreso”.

Otro tanto ocurre al momento de atender un caso sospechoso de Covid durante la jornada escolar: “ante una eventualidad de caso sospechoso durante la jornada educativa, se procederá al aislamiento en un espacio físico adecuado con uso de tapabocas y máscara, hasta la llegada del equipo médico sanitario”. Tanto una como otra actividad queda a cargo del personal educativo. El personal comprendido dentro de los factores de riesgo quedaría exceptuado de asistir al establecimiento. Los grupos de alumnos se dividirían en al menos dos cohortes, sugiriéndose que no supere el número de 15 estudiantes.

La normativa traza un esquema ideal que dista de la realidad educativa. En la práctica, muchas veces son los agentes educativos quienes toman iniciativa de llamar al servicio médico; si un niño presenta síntomas en el transcurso de la jornada escolar, es probable que tanto el docente como el resto de los compañeros esté contagiado cuando el síntoma se manifieste. En ese caso, el protocolo no establece cómo proceder con el grupo de pertenencia. ¿Quedaría inhabilitado el propio maestro y aislado él y su (primer) grupo de estudiantes por ¿10? ¿14? días? ¿Quién se haría cargo del (segundo) grupo de alternancia?

Se sugirió que los docentes licenciados podrían acudir a cubrir “una virtualidad” para la que no se garantizan medios, con lo cual se diseña un modelo abstracto que choca con los recursos disponibles. Por otra parte, al no establecerse la provisión de vacunas para docentes ni para estudiantes, quedarán exceptuados para asistir al establecimiento quienes integren grupos de riesgo, por lo que la reducción de personal puede resultar significativa, obligando a la superposición de roles y funciones para que tenga lugar la jornada escolar. Mirando cuestiones edilicias, no son pocos los establecimientos que cuentan con aulas donde la incorporación de grupos de 10 o 15 alumnos excede con creces el distanciamiento requerido; por otro lado, la ventilación recomendada entrará en crisis con los primeros fríos, dado que las escuelas municipales cuentan con techos de chapa con escasa aislación. La previsión de los tiempos de recreo escolar escalonado, con distanciamiento y barbijo, supone comportamientos que no condicen con las prácticas infantiles: ¿niños que no se han vinculado durante meses permanecerán distanciados 1,5 metros y actuarán siguiendo protocolos?

Finalmente, y sin intención de agotar las dificultades que saltan a primera vista, la ausencia de personal de maestranza en las escuelas y jardines como consecuencia de su paulatina sustitución por personal contratado dificulta e incrementa las responsabilidades de los directivos para la organización y distribución de tareas protocolares.

La pregunta que permanentemente asoma es ¿por qué no se invirtió nada en infraestructura escolar durante el año 2020? Enfrentamos una decisión política de retorno presencial porque toda la expectativa de resolución se centró en la disponibilidad de la vacuna. Sin ella, el fracaso rotundo de la pretensión de “priorizar la salud por sobre la economía” está a la vista.

Los municipales hemos asistido durante todo el año 2020 a un ajuste sobre nuestros salarios que no tuvo otra finalidad que disciplinar a los trabajadores mediante la precarización. No implicó ni un peso de inversión en infraestructura, ni en conectividad, como lo señalan las obras pendientes. La gestión del intendente Martín Llaryora no ha efectivizado ninguna mejora sustancial de las condiciones para enfrentar el escenario educativo actual, amenazado por la posibilidad de una segunda ola de Covid con cepas más contagiosas que las que hoy están en circulación. De allí que le resulte conveniente trasladar la responsabilidad de la educación pública en los agentes educativos.

Desde nuestra agrupación planteamos que es necesario que la docencia intervenga y resuelva sobre las condiciones de la vuelta a las escuelas. Las asambleas son fundamentales para encarar este proceso y defender la salud de docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa con el siguiente programa:

Cronograma de vacunación para toda la comunidad educativa

Atención y arreglos de infraestructura escolar. Culminación de obras y refacción de escuelas. Mobiliario escolar adecuado. Obras que permitan la ventilación de aulas.

Trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación. Que se contemple un plan de clases virtuales que garanticen los aprendizajes de manera remota, creando cargos docentes de emergencia. Insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar bajo convenio. Distribución gratuita de alcohol en gel, barbijos y todo elemento de protección e higiene personal para estudiantes, docentes y personal. Testeos gratuitos, sistemáticos para todo el personal y seguimiento de casos en las escuelas tanto de docentes como de estudiantes.

Nombramiento de cargos docentes para el trabajo en los grupos reducidos, y para atender la recuperación pedagógica de los millones de alumnes que han abandonado la escuela. Nombramiento y condiciones laborales para personal auxiliar, estratégico para el funcionamiento seguro de nuestras escuelas.

Ningún municipal por debajo de la Canasta Básica. Cláusula de actualización automática. Todas las sumas al básico. Actualización del salario familiar. No al impuesto a las ganancias sobre salarios. No a la precarización educativa.

Becas para estudiar y garantía de la asistencia alimentaria con módulos saludables, nutritivos y de calidad.

Entrega de dispositivos y conectividad gratuita. Que la presencialidad no sea otro ariete para mantener el ajuste que se desenvolvió durante todo el 2020, con docentes y familias costeando el costo de la educación virtual.

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