Luego de un largo receso donde el tema salió de la Comisión de Educación de la Legislatura, finalmente el gobierno de Larreta presentó el proyecto que dispone la creación de la Unicaba. Quienes suponían que el tiempo transcurrido sería usado para elaborar un proyecto que contemplara los reclamos de las comunidades de los institutos deben admitir que se equivocaron: la versión final es una variante aún más reaccionaria que la inicial, lo cual busca ser encubierto con la falsa promesa de la continuidad de los actuales institutos. Como nos encargaremos de mostrar en este artículo, esa continuidad no sólo no está asegurada, sino que se establecerá –en caso de que el proyecto oficial sea aprobado– un tutelaje completo del Ministerio de Educación sobre los mismos, eliminando todo vestigio de autonomía. El propósito casi explícito es avanzar en un ajuste y ´racionalización´ del sistema, que conducirá a su muerte por inanición. Al final del camino sólo quedará una Unicaba regimentada por el poder político, que impartirá una educación desvalorizada para un trabajo descalificado.

´Racionalización´ y el panóptico de Foucault

La primera medida que establece el proyecto es avanzar de manera decisiva sobre la autonomía de los institutos. A tal punto es así, que los principales artículos tienen el cuño característico del burócrata que busca aplicar la tijera sobre aquello que entiende un gasto innecesario o improductivo. Desde en el artículo 5 se establece la prevalencia de la acreditación externa sobre las decisiones que se tomen en los cogobiernos de los institutos. En el artículo 6 se dice con claridad que “el sistema registrará todas las actividades académicas de las misma como apoyo de las acciones operativas y de toma de decisiones para producir datos académicos con diversos destinos y llevar la administración de alumnos de forma eficiente, ordenada y segura”. Si quedara alguna duda de que el propósito es proceder a una ´racionalización´ del sistema –léase cierre de cursos, materias, etc. –, basta ver los artículos subsiguientes: “administrar los recursos y supervisar la gestión educativa” (art. 9 inciso c.); “revisar y en su caso adecuar la apertura de las nuevas carreras, cohortes y/o comisiones a las condiciones y necesidades que surjan del planeamiento que se trace para atender la demanda educativa, asegurando siempre la continuidad de los estudiantes en curso” (artículo 10 inciso e; ¡la aclaración viene a cuento de que van a cerrar cursos!);“el análisis sobre la oferta educativa contrarrestada con la demanda del sistema” y “el análisis de la distribución de la matrícula con la disponibilidad edilicia” (artículo 11 incisos g y h).

Llegado a este punto, tenemos el tema clave: el proyecto dice abiertamente que buscará cerrar cursos, administrar la matrícula e incluso la disponibilidad edilicia. Por este motivo en ningún lugar asegura la continuidad de los 29 institutos. Repetimos: en ningún lugar se asegura la continuidad de los 29 institutos. Se deduce del artículo que en tanto se reduzca la matrícula por el traspaso de la matrícula a la Unicaba, se podrá cerrar algunos de los actuales institutos, bajo el argumento de que tienen una baja matrícula y que el coeficiente docente-alumno está por debajo de los estándares establecidos. Así, la desaparición de los 29 institutos se irá llevando delante de manera inexorable. 

Como el proyecto descuenta la oposición de las actuales comunidades a esta política de vaciamiento, se avanza sobre los actuales cogobiernos, vaciándolos de funciones y estableciendo de hecho un sistema de vigilancia. De ahí que tome predominio la “evaluación externa a los institutos de formación docente, conforme a los criterios y modalidad que se defina en la reglamentación” (artículo 13 inciso c) que quedará en manos del Poder Ejecutivo; se realizarán “estudios sobre cantidades mínimas y máximas de alumnos para poder dictar determinadas carreras” (artículo 13 inciso g) para lo cual se obliga a “a los institutos da suministrar todos los datos y formación que a juicio del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad sea necesaria” (artículo 12). A tal punto se establece un sistema de vigilancia y violación completa de la autonomía que el ministerio se reserva el control de “el funcionamiento institucional de los institutos” (artículo 11 inciso d). 

Esta violación de la autonomía muestra que la avanzada ajustadora no puede progresar por métodos democráticos. El proyecto presentado por el oficialismo debe caracterizarse como ajustador y represivo.

La Unicaba

La segunda parte del proyecto está dedicada a la creación de la Unicaba. Toda la precisión que está puesta en determinar el funcionamiento de los institutos de formación contrasta con las generalidades referidas al funcionamiento de nueva universidad. La imprecisión tiene, claro, una lógica: el Poder Ejecutiva se reserva el derecho de hacer y deshacer a su gusto. Es que será éste quien nombre al rector normalizador y aprueba los estatutos definitivos (artículo 18). Aunque acá no figura, en papers anteriores se decía que el propio Ministro de Educación integrará el cogobierno de la Unicaba. Acá no figura semejante avasallamiento de la autonomía universitaria, pero no quiere decir que se haya descartado ese propósito. Sólo que lo definirá directamente el Poder Ejecutivo cuando elabore los estatutos. La capacidad del Ejecutivo de avasallar a la ´universidad docente´ próxima a crear no encuentra límites en el proyecto. En el artículo 24 se establece que ésta puede ser intervenida por el Ejecutivo bajo causales tan generales que equivalen a un cheque en blanco.

El proyecto establece que la Unicaba dictará carreras de grado de formación docente, estableciendo una competencia directa con los actuales institutos. Con la crisis presupuestaria que tiene la educación pública en la Ciudad, se llega al absurdo de pretender establecer dos sistemas en paralelo, lo cual supone una erogación del erario público por completo irracional. Pero como el propósito reconocido en el proyecto original era proceder al cierre, ahora bastará con que se le asigne a la Unicaba un mayor presupuesto y/o puntaje para lograr una transferencia de matrícula a su favor. 

La política privatista salta a la vista cuando se señala que la Unicaba puede “tomar los empréstitos que sean necesarios a los fines de atender sus propias demandas” (artículo 19). Se trata de una medida gravísima que exceptúa la responsabilidad única e indelegable del Estado de sostener materialmente a la nueva Universidad. ¿O no es claro que si las demandas son satisfechas con fondos públicos, la autorización de tomar empréstitos no debiera figurar bajo ningún concepto? Entra aquí a jugar la llamada “autarquía económica, financiera y administrativa” (artículo 15). Tenemos así la peor de las combinaciones: el gobierno se reserva el derecho de copar políticamente la nueva universidad, pero no de sostenerla material y económicamente. 

Aunque el artículo 17 habla genéricamente de la gratuidad no aclara en ningún caso que pasará con el ciclo de posgrado o postítulos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que en los institutos de formación docente éstos son gratuitos, mientras en las universidades suelen ser arancelados. La falta de precisión y la invocación a la ley de educación superior menemista citada como marco jurídico abre las puertas para un arancelamiento de los posgrados. Allí donde se aplicó esta política las consecuencias no fueron económicas sino también pedagógicas. Se fueron pasando materias de grado a posgrado, desvalorizando los títulos, para hacer crecer la parte paga de la carrera. En la actualidad, la Universidad de Buenos Aires tiene más estudiantes pagando aranceles que ninguna otra universidad privada del país.

Descalificación pedagógica y precariedad laboral

En sus fundamentos, el gobierno deja en claro que su propósito es producir una descalificación pedagógica, justificada en nombre de las nuevas tecnologías y las modificaciones en el mercado de trabajo. Lo dice con todas las letras cuando señala que “resulta imprescindible repensar el sistema educativo en todos sus niveles, logrando una rápida capacidad de adaptación de las asignaturas a la demanda de trabajo”. Este tipo de señalamiento están copiados textualmente de los papers del Banco Mundial, que pretende que la educación se adapte a un mercado de trabajo fuertemente descalificado. Por esta vía el conocimiento científico es reemplazado por saberes elementales, que por su naturaleza son efímeros. El proyecto otra vez repite estos conceptos al señalar que el objetivo debe ser “obtener habilidades técnicas de forma continua”. Lo que se llama “educación para toda la vida o continua” se reduce a la adquisición de saberes técnicos que sigan las modificaciones del mercado laboral. Para las empresas se trata de un gran beneficio, pues descargan el costo en el Estado la formación que ellas debieran brindarle a sus trabajadores. Pero para la educación implica un retroceso de características gigantescas. 

Esta descalificación pedagógica va de la mano de la precariedad laboral docente. Hágase notar que en ningún artículo de la ley se asegura los puestos de trabajo, siendo además que por responsabilidad exclusiva del poder Ejecutivo una parte muy considerable de los docentes reviste la categoría de interino. El propósito ajustador que inspira esta ley irá de la mano de un ataque al Estatuto del Docente, cuyos derechos no aparecen citados en ningún caso para los docentes de la Unicaba. 

El proyecto a la basura

La conclusión indudable del análisis del proyecto oficial es que estamos en presencia de una política de ajuste, privatización y descalificación. La nueva versión repite de manera empeorada lo que ya estaba en germen en el proyecto original. La única estrategia del movimiento de lucha que se ha forjado en estos meses es reclamar que este proyecto sea tirado a la basura y defender de manera activa a los 29 profesorados. Hacemos este análisis crítico como un aporte a este movimiento de lucha.