Educación

9/2/2021

El “plan” de vuelta a clases de Kicillof y la ausencia de la vacuna

Impongamos los protocolos sanitarios y un cronograma de vacunación masiva de los docentes. 

A mediados de enero, Alberto Fernández aseguraba que la totalidad de los docentes iban a ser vacunados antes del comienzo del ciclo lectivo para que “puedan trabajar seguros y tranquilos con esta cobertura de inmunización”. Después de que arribara solo una módica cantidad de vacunas de Rusia, y en medio de la virulenta campaña del macrismo en torno a la vuelta a las escuelas a como dé lugar, el Frente de Todos y las burocracias sindicales docentes -en particular aquellas integradas al gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires- aseguran ahora que la vacunación masiva no debe ser una condición para el retorno a las clases presenciales.

El gobierno llama a esta voltereta una “presencialidad cuidada”, cuando no hay a la fecha un solo docente vacunado, ni siquiera aquellos que pertenecen a la franja de riesgo. Con la pandemia en curso, el reclamo de la vacunación masiva va ganando peso entre la mayoría de los trabajadores de la educación, y golpea sobre la adaptación cómplice de la burocracia sindical. Esto se nota en numerosos pronunciamientos, y será con seguridad uno de las exigencias centrales de las asambleas y cuerpos de delegados que se realizarán en los próximos días.

Se aprecia también en la “guerra de guerrillas” para que se cumplan y amplíen las dispensas, extendidas a los docentes con menores a cargo, como exige un petitorio impulsado por la Multicolor que está siendo firmado masivamente. El reclamo de protocolos y vacunación también estará presente en la jornada nacional de lucha que se prepara la Multicolor en la provincia de Buenos Aires, Ademys en Capital Federal y los sindicatos opositores para el 12 de febrero, con una concentración frente al Ministerio de Educación de la Nación. La defensa de los protocolos es un reclamo nacional.

En distintas provincias resuenan muy fuertemente las denuncias por carencias de todo tipo en las escuelas que hacen del retorno a clases presenciales un peligro inminente y nuevos focos de contagio. En línea con esta política irresponsable del gobierno, todo indica que el 12 de febrero el ministro Nicolás Trotta impondrá la modificación a la baja del “semáforo” sanitario que condiciona formalmente la vuelta a las clases presenciales a una baja o nula circulación del virus en todo el país. Como la realidad es otra, se la deforma.

El “Plan Jurisdiccional” de Kicillof

En la provincia de Buenos Aires, Kicillof se adelantó con el llamado “Plan Jurisdiccional” que cede a los municipios bonaerenses la potestad para modificar la clasificación de riesgo alto, medio o bajo, como forma de ir habilitando distintas formas de semipresencialidad y presencialidad en los distritos bonaerenses. Esta “reclasificación” viene dándose desde mediados y fines de diciembre pasado, independientemente de la situación epidemiológica y bajo presión de los capitalistas.

En declaraciones recientes, la directora General de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila, precisó que la “vuelta a las escuelas” tendrá en cuenta las condiciones imperantes en cada establecimiento escolar, trasladando la responsabilidad directa del cumplimiento de los protocolos (dibujados por la falta de recursos, obras y espacio para asegurar el metraje necesario) a los equipos directivos de las escuelas y a los docentes. Es otra forma de que la crisis la paguen los trabajadores.

En un acto en Pehuajó, Kicillof dijo que se habían hecho arreglos y refacciones en 2.800 establecimientos escolares bonaerenses, lo que es claramente una impostura y una falta a la verdad como denuncian los sindicatos independientes. Pero incluso esa cifra mentirosa de es una mínima porción de los miles de edificios de la provincia donde se incumplen los 12 puntos de “escuelas seguras” de Ctera. Fue la propia burocracia que comanda Roberto Baradel la que estimaba en tiempos de Vidal que un 70% las escuelas bonaerenses no tenía las condiciones para funcionar. Lo único que cambió hasta ahora es que la conducción provincial celeste de Suteba ha renunciado a todo reclamo para no enfrentarse con el “gobernador amigo”, encubriendo un “cronograma de vacunación” que es absolutamente incierto o que directamente no existe.

La burocracia pretende “surfear” el rechazo creciente de la docencia apoyando con bombos y platillos las medidas dispuestas por Kicillof y Vila para “garantizar el retorno seguro a las clases presenciales”. Pero estas son pan para hoy y hambre para mañana, e incluye una pura precarización laboral para atacar los derechos docentes como sucedió con el programa ATR. Desde el gobierno provincial se anunció el giro de 1.450 millones de pesos para el pago de “módulos” por escuela para el Programa de Fortalecimiento de Trayectorias Educativas” (Forte). Este “programa” que culmina entre marzo y abril está por fuera del Estatuto del Docente, sometido a la discrecionalidad del reparto, no contempla plus por desfavorabilidad donde correspondería hacerlo, y tiene como contrapartida la presencialidad e incluso la posibilidad de trabajar los días sábados. Estamos frente a una presión extra para dividir a la docencia, forzar la presencialidad a como dé lugar, y de paso encubrir el retroceso salarial.

La cuestión salarial también va ocupando un lugar sustancial en los reclamos de los trabajadores docentes, al punto que el propio FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde reviste Suteba provincia) habla de una “urgente” convocatoria a paritarias técnicas. A la pandemia se le suma la pulverización de los salarios y las jubilaciones por el aumento de los precios, especialmente de los alimentos. La pista de lo que pretende el FUDB la dio el gremio moyanista Udocba cuando pidió un aumento salarial algunos puntos por encima de la inflación del 29% que estima el gobierno, pero muy por debajo del 50% de carestía previsto para el 2021. Reclamamos un 50% de aumento y luchamos por un salario igual al costo de la canasta familiar.

 Pliego de reclamos y plan de acción

Mientras hacen malabares para ocultar los sucesivos fracasos, y cuando en la provincia ya son más de dos millones las personas las “preinscritas” para vacunarse, Alberto Fernández y Kicillof vuelven a las promesas de una progresiva “normalización” de la entrega de la vacuna Sputnik V. El locuaz ministro de Salud nacional, Ginés González García, redobló la apuesta anunciando la entrega “inminente” de 30 millones de nuevas dosis de la Sputnik, de otras 22 millones de la Oxford AstraZeneca, 2,2 millones del Fondo Covax que impulsa la Organización Mundial de la Salud, e incluso de otro millón de dosis de la vacuna elaborada por la empresa estatal china. Otra vez la zanahoria por delante, a sabiendas de que se trata de un engaño premeditado.

Gobierno y oposición están tomando nota de un cambio en el humor popular que debería favorecer la respuesta de los trabajadores. Según la consultora Analogías, casi un 63% de los encuestados rechaza la vuelta a clases presenciales por la falta de protocolos y el deterioro de los edificios escolares. En medio de una campaña política y mediática infernal contra los docentes, esas encuestas terminan siendo una denuncia contundente del ajuste del gobierno nacional y provincial.

Desde Tribuna Docente denunciamos al gobierno nacional y a los gobernadores que se subieron al carro de las provocaciones derechistas contra los sindicatos y la docencia, por la falta de condiciones para asegurar la presencialidad. Impulsemos asambleas y cuerpos de delegados para que la docencia vote un pliego de condiciones y un plan de acción en defensa de la salud y la educación, y por comités de seguridad e higiene con derecho a veto para hacer cumplir la totalidad de los protocolos incluyendo la vacunación masiva.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente será un punto de apoyo fundamental para impulsar una respuesta colectiva de la docencia a estos reclamos, en defensa de la educación pública, el aumento del presupuesto educativo, el salario y contra la precarización del trabajo docente.