"Acepto y comparto la posición de defensa del derecho a la vida desde la concepción y garantizo la formación sexual integral desde el planteo antropológico católico acorde al Ideario y el Proyecto Escolapio de Educación en el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad. Las asignaturas de opción institucional aunque no sean oficiales las aceptamos como obligatorias bajo idénticas condiciones. Adhiero al presente reglamento para mi hijo/a en el ciclo lectivo 2019". Así reza el reglamento que las autoridades del colegio confesional católico Calasanz, ubicado en el barrio porteño de Caballito, obliga a los padres a firmar para permitirles matricular a sus hijos.

El episodio es uno más en la contraofensiva de la Iglesia tras el 8A. El oscurantismo clerical ha tomado como uno de sus blancos la implementación ESI. Aquellos que ayer contraponían al aborto la educación sexual, hoy no ahorran recursos para evitar su implementación.

El Calasanz forma parte de las “escuelas Pías”, que ya habían sido noticia en Córdoba al dar como material de estudio un texto cargado de misoginia y discriminación que describía “las características de un verdadero hombre”.

En declaraciones a Clarín (22/11), Perpetuo Lentijo, de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (una de las cámaras patronales) sostuvo que “esto ya está pasando en varias escuelas… y no sólo católicas, también en las evangélicas. Cada vez hay más que toman sus recaudos para evitar conflictos ulteriores, más que con las familias, con el Estado mismo o algún funcionario en particular (…) lo que pasó con el tema de la ESI es que la intención de la legislación ha sido buena, pero a partir del exceso de ciertos grupos, aparecen reacciones desde el otro extremo. Muchas están remarcando la preservación del enfoque histórico tradicional de la Iglesia, desde la posición contraria del aborto”. Una defensa del status quo y las prerrogativas de las Iglesias para disponer sobre los contenidos de la enseñanza, perpetuando su condición de Estado dentro del Estado. Lentijo sostuvo que “hay un derecho constitucional que es la libertad de enseñanza y aprendizaje, para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos”: bajo la oposición entre la “patria potestad” y Estado la educación privada opera como ámbito de exclusión que impide el acceso de niños y jóvenes a un derecho fundamental cono la Educación Sexual Integral desde principios científicos y no a partir de los valores oscurantistas de la institución más reaccionaria de la historia. La intromisión del clero en la educación tiene efectos devastadores: aumenta el embarazo en la adolescencia, la no detección del abuso intrafamiliar, la violencia, la trata, los femicidios y las muertes por aborto clandestino.

Lo cierto es que la ley 26.150, conocida como de Ley de Educación Sexual Integral, sancionada bajo el gobierno kirchnerista, habilita en su artículo 5 este tipo de arbitrariedades, permitiendo que su dictado sea adaptado al “ideario institucional” de cada escuela –una concesión de CFK a la Iglesia Católica, al igual que la introducción al Código Civil del artículo 19 que establece el “comienzo de la vida humana desde la concepción”. Ante las iniciativas de la izquierda para eliminar ese artículo, se multiplicaron los ataques clericales y el ministro de Educación nacional Finocchiaro sostuvo que la ley “no necesita ser modificada”.

La cartera educativa porteña, a cargo de Soledad Acuña, evitó pronunciarse sobre lo ocurrido en el Calasanz. El Gobierna de la Ciudad ha hecho numerosas concesiones al clero, como entrega de terrenos fiscales y exenciones impositivas. La última de ellas, fueron las modificaciones a la ley de creación de la Unicaba introducidas para apaciguar las protestas que levantaron frente al proyecto original. 

La cruzada clerical contra la ESI y el aborto legal es una defensa de este rol histórico de la Iglesia como agencia de ortopedia social. El papel del papado ha sido fundamental para hacer pasar el ajuste del gobierno. A través de su inserción territorial, de la captación de movimientos sociales y su imbricación en todas las fuerzas patronales se ha mostrado una vez más como la campeona de la contención social. La subordinación y el sometimiento de las mujeres que se promueve, a partir de su integración en todos los niveles del Estado, educan al conjunto de la población en el machismo y el desprecio misógino, y es un arma de división de los explotados, tal como el racismo o la xenofobia.

El eje de nuestra denuncia no es la defensa de una ley en sí misma sino la lucha por arrancarle al Estado un derecho tan fundamental como recibir educación sexual científica y laica en todos los niveles educativos, que no parta de reprimir la sexualidad sino que instruya sobre cómo desarrollarla según la voluntad de cada individuo, desde una perspectiva contraria a toda opresión o violencia hacia las mujeres o disidencias sexuales.

Para conquistar este derecho es necesaria la separación de la Iglesia del Estado que solo podrá ser lograda por la lucha de las mujeres y el conjunto de los trabajadores organizados de manera independiente de las fuerzas patronales y clericales.