El martes 11 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó el Presupuesto para el 2019. El Rectorado de la UNLP contó con el apoyo de todos los decanatos y de la Franja Morada. El krichnerismo estudiantil, que conduce la FULP, lo denunció como inaceptable… para después abstenerse en la votación. Solo el consejero estudiantil por Arquitectura votó en contra.

Los recursos derivan del Presupuesto nacional dictado por el FMI y aprobado gracias al peronismo en el Congreso, represión mediante. Los recursos aumentan un 30,8% respecto al de 2018, consolidando la pérdida del 15% de este año frente a la inflación. Las autoridades alegan que estas partidas “garantizan plenamente el pago anual de toda la planta de trabajadores docentes y no docentes de esta casa de estudios” cuando en realidad lo que hacen es cristalizar el acuerdo de hambre firmado por la CoNADU y FATUN, que implican la pérdida de 20 puntos del poder adquisitivo del salario.

Lo que se reparte entre las facultades no alcanza ni siquiera para cubrir la situación actual. Vamos a un agravamiento de todos los problemas que venimos sufriendo: la falta de docentes, de bandas horarias, insuficiencia de becas y materiales de estudio, los filtros y restricciones en los planes de estudio que, en el cuadro general de carestía, hacen crecer la deserción. Incluso para sostener las actuales condiciones precarias de cursadas las facultades se apoyarán cada vez más en los cientos de docentes ad honorem o ayudantes alumnos sin salario.

Por último, la gestión se vanagloria de un aumento del 40% a Bienestar Universitario, que sin embargo está por debajo de la inflación mientras los estudiantes reclamamos la apertura todas las bocas para el comedor turno noche y la habilitación integral del albergue, además de la gratuidad de la Línea Universitaria, dentro de una larga lista. De hecho, el comedor ya se encuentra cerrado faltando dos semanas de clases.

Al ajuste… negociados

El recorte tiene su contracara en el “financiamiento externo”, es decir en los negocios que hacen con los recursos humanos y materiales de la universidad a través de convenios con empresas privadas o con el Estado, y la venta de contenidos mediante posgrados o seminarios arancelados. Es ese el sentido de la reforma del régimen de administración financiera que aprobaron este año en el Consejo Superior, que agiliza la negociación y ejecución de los convenios, al tiempo que se refuerza la protección de los responsables de estos negociados -el presidente y los decanos-, con la lógica del secreto comercial y sin que tengan que rendir cuentas en los órganos de cogobierno.  Es así como se forman las cajas negras de los decanatos y el Rectorado, y es esta misma metodología la que llevó a que la UNLP sea denunciada por el desvío de 5.000 millones de pesos de subsidios estatales.

Pero esta política no implica solamente una forma de hacer negocios, sino toda una orientación social para la universidad a la medida de los planes para la educación superior dictados por el FMI y el Banco Mundial. En primer lugar, se trata de profundizar la degradación de los títulos de grados (recorte de incumbencias, resolución 1254/18) y el vaciamiento de las carreras para adecuar a la universidad a la reforma laboral flexibilizadora, y por lado es una profundización de la orientación privatista, que pretenderán reforzar con la puesta en marcha del sistema de créditos (Sistema de Reconocimiento Académico), la reforma educativa para la universidad.

Esa orientación social es lo que une a las camarillas de todos los colores políticos, y a las fuerzas estudiantiles que les responden. Luego de la rebelión universitaria -que en la UNLP significó una irrupción masiva de los estudiantes- las mismas agrupaciones que en abril votaron por el rector radical Tauber ahora buscaron desmarcarse del ajuste. Se trató de una maniobra de corto alcance, ya que en sus intervenciones absolvieron a las autoridades universitarias por el ajuste y se abstuvieron en la votación. Que el único voto en contra haya sido el del consejero estudiantil de Arquitectura confirma que solo se puede enfrentar este ataque a la universidad desde un campo de organización independiente de los bloques que la gobiernan subordinados a la política fondomonetarista de Macri.

Organicemos la lucha

Este 2018 ha sido indudablemente el año de una inmensa intervención de la comunidad educativa. Es un movimiento que no ha sido derrotado, a pesar de la entrega de la burocracia sindical y del rol vergonzoso de las agrupaciones K que conducen la FULP (que se dedicaron a boicotear las tomas y las acciones de lucha). La recuperación del centro de Psicología amplía más incluso el campo de acción del activismo independiente que hasta ahora solo tenía una referencia en el centro de Arquitectura, y nos coloca en mejores condiciones para organizar las próximas batallas. La UJS pondrá todos sus esfuerzos en desarrollar nuevas etapas de esta rebelión universitaria que aún no vio satisfechos sus reclamos, pero que nos dejó ricas conclusiones políticas sobre cómo enfrentar el ajuste.