A raíz de las denuncias realizadas contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta) y su brazo miliciano Ruca, ex estudiantes de los colegios que este movimiento tiene en Tucumán, decidieron crear cuentas en redes sociales en las que canalizaron testimonios sobre la violencia, discriminaciones y abusos que padecieron puertas adentro.

La organización oscurantista fue fundada en esta provincia a comienzo de los ’60 por el sacerdote dominico Aníbal Ernesto Fosbery. Además del Colegio Reina de la Paz (en la Capital) y Boisdron (Yerba Buena), poseen la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), la cual viene compitiendo año tras año con la oferta educativa de la Universidad Nacional de Tucumán. “Casualmente”, mientras carreras de la universidad pública aplican cada vez más restricciones (bonos y exámenes de ingreso) la Unsta va incorporando esas mismas carreras.

Sumado a esto, el exdirector del colegio Boisdron y fuerte aliado de Fosbery, César Enrique Claps (del Opus Dei), es dueño del Colegio Pablo Apóstol, que se hizo conocido a nivel nacional tras el escrache realizado hacia una docente que enseñaba que “la homosexualidad es una enfermedad a ser curada con terapia”, algo que las autoridades reconocen como parte del ideario institucional). También se difundió que allí se dedican oraciones al descanso eterno del alma de Antonio Domingo Bussi, cabeza del Operativo Independencia y condenado por genocidio.

Cientos de exestudiantes y docentes expusieron sus experiencias traumáticas en estas instituciones, y otras ligadas a la Iglesia Católica como los Exploradores de Don Bosco. Desde humillaciones públicas, discriminaciones por la orientación sexual, color de piel, cuerpos no hegemónicos, accionares militaristas, entre otras. Se destaca el repudio hacia la Educación Para el Amor (EPA), una contrapropuesta a la educación sexual, con contenido homolesbotransfóbico y de desprecio hacia el movimiento de mujeres.

Algunos testimonios afirman que además protegen a abusadores. Un docente del Pablo Apóstol fue apresado por intentar abusar de un niño en situación de calle que abordó en un semáforo, y las autoridades del establecimiento pedían rezar por la injusticia contra el abusador. Otro caso de abusos de niñes de jardín de infantes por parte de un profesor de religión fue denunciado por padres y docentes de una institución ante la arquidiócesis tucumana, donde junto con las autoridades educativas se resolvió solo separar de ese cargo al abusador y permitir que siga trabajando en otros colegios.

A pesar de todo esto, el Estado cede el manejo de hogares y organizaciones a Fasta y a la Iglesia, como el hogar para adolescentes madres y embarazadas “Santa Micaela”, incluida en la cartilla de la arquidiócesis como una de sus instituciones femeninas “de vida consagrada”. La tortura que sufrió Lucía -la niña de 11 años obligada llevar a término su embarazo producto de una violación- es un accionar sistemático de la Iglesia sobre estas jóvenes en situaciones vulnerables.

Es imposible de reproducir la cantidad de testimonios que describen los horrores que se viven dentro de estas instituciones, las cuales proliferan cada vez más en la provincia -algunas 100% subvencionadas. Pese al repudio que algunos políticos patronales manifestaron, ninguno realmente propone quitar estos subsidios.

Con el aumento de las denuncias de abusos intrafamiliares, femicidios y crímenes de odio hacia las personas Lgbt durante la cuarentena, se pone de manifiesto las consecuencias de estas relaciones de opresión que son defendidas y promovidas por el clero. Es necesario profundizar la lucha para que se deje de financiar a estas organizaciones oscurantistas enemigas de los derechos de las mujeres y disidencias. Junto con ello, se evidencia la necesidad de la aplicación obligatoria de una educación sexual laica y científica en todos los niveles, terminar con la impronta militar en la educación y prohibir la regimentación de las infancias dentro de esta educación opresiva; además de reclamar el presupuesto para la Ley de Identidad de Género y, en definitiva, la inmediata separación de las iglesias del Estado.