Cuando el gobierno discute disolver el aislamiento obligatorio, los problemas que se presentaron al momento de imponerlo no sólo no tuvieron resolución, sino que se profundizaron. En primer lugar, se ha vulnerado el trabajo, las condiciones laborales y el salario.

Cientos de miles de docentes de todo el país han sido despedidos de hecho (suplentes, provisionales, programas especiales como Fines, etc.), porque suspendidas las clases, se levantaron los concursos por cargos docentes. En la educación privada, las patronales, luego de reunirse con el ministro de educación nacional, Nicolás Trotta, han reducido salarios en un 30 por ciento y hay amenaza de cesantías.

Los compañeros y compañeras que tienen cargos y sostienen las guardias mínimas están completamente desprotegidos, carecen de insumos de seguridad básicos.

El salario está congelado, porque la única cuarentena que respetan los gobiernos es la de las paritarias, que fueron metidas en el freezer o directamente no homologadas (como hizo Alicia Kirchner en Santa Cruz). La burocracia sindical de Ctera también puso cuarentena sobre el sindicato y ha dejado pasar todos estos atropellos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la conducción provincial de Suteba que encabeza Roberto Baradel, en reunión clandestina con el gobierno, firmó la instrumentación del aumento que la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó, consistente en un 8 % que se efectivizó en el cobro de abril y un 8 % a cobrar en un lejano mes de julio, con este 16 % la celeste y el gobierno del “amigo” de los docentes Kicillof intentan cancelar la discusión salarial hasta el 2021. Rechazamos este ataque al salario docente. Rechazamos este ataque al salario docente.

La reacción de la base docente y de los sindicatos y seccionales multicolores y antiburocráticos relevó decenas de miles de reclamos para que se respetara la continuidad salarial de la docencia y/o la cobertura de hasta un salario inicial como piso para todos los docentes que no alcancen esa garantía salarial. Esto obligó al gobernador Kicillof en Buenos Aires a otorgar el cobro de 8 módulos (aproximadamente $10.000) con un sinfín de restricciones para percibirlo que reduce drásticamente quiénes pueden acceder a esta suma más que insuficiente.

En el cuadro de una espiral de la carestía imparable, proponemos: ningún despido en la educación privada; continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos, extensión de lo resuelto por el gobierno de Buenos Aires a todos los docentes bonaerenses en esa condición y a los de todo el país por resolución del ministerio de Educación Nacional. Equiparación de esa garantía al salario inicial de cada provincia, reapertura inmediata de las paritarias, cobertura de la inflación pasada y de la actual, cláusula gatillo y salario básico unificado nacional de $ 40.000. 

La situación de los comedores escolares empeoró. Se entregan bolsones de comida cada 15 días, con pocos productos carentes de valores nutritivos. En las escuelas del conurbano bonaerense, la entrega de hace dos días congregó colas de dos cuadras y más en muchas de ellas. La mayor parte de las familias no recibieron la asistencia, porque no están en la nómina del comedor. Sin los elementos de procesamiento ni de higiene ni obligados a hacerlo, los alimentos fueron embolsados por los auxiliares y docentes, porque los proveedores –los mismos que vendieron sus productos con sobreprecios- no lo hicieron. Este desborde producido en las escuelas bonaerenses es un testimonio del colapso de la política gubernamental para sostener la alimentación de las comunidades mucho antes de que la curva ascendente del coronavirus se instale. 

Reclamamos: Entrega de canasta de alimentos (secos y frescos) universal y sin restricciones, a cargo de las concesionarias con personal especializado en la manipulación de alimentos y dotados de los elementos de prevención y salubridad; guardias mínimas voluntarias donde hiciera falta con elementos de prevención adecuada.

La continuidad pedagógica solo es sostenida por el esfuerzo de los docentes, que ponen su trabajo, sus equipos y sus recursos, sin conectividad en las escuelas ni en la mayoría de los hogares de nuestros alumnos. Dicha continuidad pedagógica ha obligado a la docencia a conectarse personalmente con sus alumnos, sufriendo situaciones de acoso a través de las redes en muchos casos, al tiempo que también persecución laboral de parte de directores y/o supervisores. 

Sostenemos: La continuidad pedagógica, en todas sus formas, debe realizarse en el marco de una actividad institucional, garantizada por el Estado. Cobertura de las necesidades de la comunidad educativa y plataformas institucionales para llevarlas a cabo. Esta emergencia no reemplaza al dictado presencial de clases, cuya restauración no sabemos cuándo se producirá. Rechazamos las presiones en profesorados y secundarias para evaluar a los alumnos y obligar a los estudiantes a exámenes que solo serán de carácter punitivo. Entendemos que el acompañamiento académico no puede ser sobre la base de la flexibilización de la tarea docente, ni de la exclusión de los estudiantes sin recursos.

Para que estas condiciones se establezcan, es necesario implementar la triplicación del presupuesto educativo y de asistencia social, resolver la crisis de infraestructura y cumplir con los 12 puntos de escuelas seguras establecido por paritaria entre Ctera y el Estado oportunamente. 

Exigimos: Dejar de pagar la deuda externa. Impuesto a las grandes fortunas y bienes suntuarios. Concentración de todos los recursos en función de las necesidades sanitarias, sociales y educativas de la población trabajadora. 

Planteamos la unidad de acción de todos los trabajadores en este sentido, rechazamos la flexibilización de la cuarentena. La barbarie a la que fueron expuestos los jubilados en todo el país, cuando se los obligó a apiñarse para cobrar las jubilaciones, adelanta el cuadro en el que se producirá un regreso a la actividad productiva por expreso interés de las empresas de resguardar sus ganancias.

Paralelamente, el colapso de los hospitales y de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud en el contexto descrito conduce al pueblo trabajador a una tragedia.

Proponemos a todos los sindicatos y seccionales multicolores y antiburocráticas desenvolver un plan de lucha en común por estos objetivos, y propiciar la unidad de acción con el resto de los trabajadores en lucha y las organizaciones piqueteras no integradas al gobierno.