La gran lucha de los institutos de formación docente

(Primera parte)

Que Rodríguez Larreta dejara pasar las elecciones para  presentar el proyecto de ley que reemplaza los actuales 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires por una universidad -la “Unicaba”, no fue una decisión casual:  el proyecto iba a encontrar una fuerte oposición que podía influir negativamente en la elección. Y así fue: desde que se conoció el proyecto,  las comunidades de los 29 institutos están en un estado de rebelión exigiendo su inmediato retiro de la Legislatura. El 12 de abril pasado, 15.000 personas se movilizaron detrás de ese reclamo. Fue la mayor movilización realizada por este sector en toda su historia.


¿Jerarquización docente?



Según la ministra de Educación, María Soledad  Acuña, el objetivo que se persigue es la jerarquización de la formación docente, dado que la oferta que ofrece el sistema actual no alcanza a satisfacer la demanda. Pero si realmente se quisiera que haya más y mejores docentes, el gobierno podría, por ejemplo, construir edificios para los institutos, ya que la mayoría funciona superpuesto a instituciones del nivel medio, primario e inicial. Podría, también, poner en marcha un plan de becas para los estudiantes.  Más del 70% de los 28.000 estudiantes de los institutos trabaja y encuentra enormes dificultades para conciliar su jornada laboral con la cursada y las prácticas.

Desde luego, debería también incrementar los salarios docentes para incentivar y fomentar la profesión. En la Ciudad,  en los últimos tres años, las paritarias docentes fueron cerradas unilateralmente por el gobierno por debajo de la inflación. Esta curiosa ‘jerarquización’  se pregona con salarios debajo de la línea de pobreza.


Educación y productividad



Más allá del marketing oficial,  la eliminación de los institutos de formación docente tiene lugar en el marco del llamado Plan Maestro, anunciado por el gobierno nacional, cuya redacción fue inspirada en los papers del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE). La finalidad de los mismos es precarizar la formación docente, mediante la eliminación del Estatuto, al que identifican con un privilegio corporativo, e introducir cláusulas de ‘productividad’ y ‘mérito’ para determinar el salario docente. El presidente Macri se pronunció en ese sentido cuando, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, propuso la creación de un ranking de colegios en el país. Pero hablar de ‘productividad’ en materia educativa lleva a transformar a la escuela en una empresa. ¿Cómo se mide la productividad en una escuela? ¿Por la cantidad de egresados? ¿Por las notas obtenidas? ¿Por el nivel de repitencia? ¿Cómo se pondera el contexto social de los alumnos y su impacto en el proceso educativo? ¿Son, además, las pruebas del tipo “Operativo Aprender”, el método adecuado para hacer una evaluación externa? Ya en Estados Unidos, varias voces de pedagogos se levantaron contra lo que llamaron la “industria de exámenes”, que lleva a las instituciones a concentrarse en los temas que iban a evaluar en detrimento del resto de las materias. Esto, porque la asignación del presupuesto dependía de las evaluaciones, así como también el salario de los docentes. Cuando Esteban Bullrich expuso este modelo en la Argentina, diciendo que los colegios con mejores puntajes serían premiados con bibliotecas, se le replicó que debía procederse de manera inversa, apoyando con más fuerza a los colegios con problemas. Lo elemental debió ser explicado a un ministro de Educación.



La eliminación de los 29 institutos traerá aparejada la pérdida de miles de puestos de trabajo. Aunque la ley, de manera genérica, habla de estabilidad laboral, no dice qué pasará con los docentes que revisten sus cargos como interinos, que en muchos institutos son amplísima mayoría. La ‘productividad’, entonces, será el resultado de un achique significativo de la planta docente y administrativa.


Reforma laboral y contrarreforma educativa


La eliminación de los institutos está jalonada con la reforma de la educación media, que el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta puso en marcha con la llamada “Secundaria del Futuro”, que convertía al último año de la educación media en un ciclo de pasantías descalificadas, en detrimento del dictado de conocimientos científicos que le permitan al estudiante dotarse de una compresión crítica de la realidad. Los ‘teóricos’ de la Secundaria del Futuro embellecen este proceso de descalificación pedagógica afirmando que el sistema educativo debe reemplazar la formación científica y teórica por los llamados ‘conocimientos blandos’, término que se usa para denominar a los saberes instrumentales que se solicitan en el mercado de trabajo. Pero esos saberes son efímeros, pues alcanza con que se modifique determinada forma de trabajo o que se produzca una modificación tecnológica para que estos ‘saberes blandos’ deban ser reemplazados por otros. Bien visto, se pretende que la formación que las empresas deben dictar a sus trabajadores sea asumida ahora por el Estado, reduciendo los costos empresariales. De ese modo, la escuela se convierte en un apéndice de la empresa. Pero, en Argentina, la fuerza de trabajo tiene una sobrecalificación relativa, en relación con los puestos de trabajo existentes. Esto significa, ni más ni menos, que la mayoría de los trabajadores realizan tareas por debajo de la calificación que tienen. La finalidad última de la creación de la Unicaba y la Secundaria del Futuro es poner fin a esa sobrecalificación mediante una descalificación de la educación. A un trabajo descalificado (que con la reforma laboral mediante lo será aún más) le sigue una educación descalificada. La insistencia del gobierno en avanzar con su proyecto está generando una verdadera rebelión en los 29 institutos de formación. En todas las instituciones se realizan asambleas, jornadas, y se adoptan iniciativas para fortalecer la lucha que está en curso. Existe la convicción profunda de que el gobierno y la Unicaba “no pasarán”. Llamamos a toda la población de la Ciudad y del conjunto del país a acompañar a los estudiantes, docentes y autoridades de los 29 institutos, porque la defensa de la educación pública es una lucha de todos.