La Iglesia, a través del Consudec (Consejo Superior de Educación Católica), no se ha quedado haciendo la plancha en la elaboración de la nueva Ley de Educación. La nueva ley vuelve a colocar como uno de sus principios “la formación del hombre en su ‘dimensión religiosa’”, pone en un pie de igualdad la educación estatal y privada (bajo el paraguas común de ‘educación pública’), y mantiene la obligación del Estado de aportar a esta última. El texto elaborado por Filmus, para que no quede lugar a dudas, vuelve a ratificar a la familia como uno de los “agentes primarios” de la educación y a la propia Iglesia como “agente educativo”. Que se otorgue al oscurantismo un rol rector en la educación es un verdadero despropósito.

Pero la Iglesia va por más. En un documento que no tiene desperdicio, el Consudec no quiere, para la Iglesia, las mismas obligaciones, en materia laboral docente, o sea que pretende que los docentes sean considerados como trabajadores de comercio. Hay que reconocer — dice el texto de marras — “que el vínculo laboral del profesional docente con su empleador difiere sustancialmente a que sea en dependencia del Estado… o en una entidad privada, en sus diversas configuraciones, ONG, asociaciones, fundaciones y entidades religiosas o confesionales”. Adentrándose más en el tema, el documento señala que “en lo concerniente al ingreso y la promoción de los docentes del sector privado, estas condiciones deberán encontrarse adaptadas a las especiales características del vínculo laboral”. Estas “especiales características” consisten en la censura ideológica y hasta existencial (maestras solteras embarazadas) de los docentes. La jerarquía eclesiástica (y el documento del Consudec no es la excepción) se llena la boca sobre la “libertad de conciencia”, para aplicar las normas de su ‘conciencia’ mutiladora sobre sus trabajadores docentes.

El documento es muy ilustrativo: plantea que “el acceso y las posteriores promociones de aspirantes a cargos docentes” tienen que estar condicionados al “ideario de la institución y la adhesión comprometida en todos sus aspectos al proyecto de la comunidad educativa”. O sea, un Estado dentro del Estado. Consecuentemente con ello, el Consudec propugna ratificar “la atribución de las instituciones educativas de gestión privada de designar y promover a todo su personal”. ¿Estará de acuerdo con esto Víctor De Gennaro, que acaba de participar del ‘diálogo social’ con el obispo Casaretto?

El Consudec advierte sobre el “peligro” de consolidar “un centro muy fuerte en el Estado nacional, tal como ocurre en el campo de la formación docente y de la educación técnica”. El clero, elegido por nadie, se quiere quedar con la educación para abolir los condones, prohibir la educación sexual, defender el dogmatismo intelectual, meter a la mujer en las cuatro paredes de sus hogares con recursos decrecientes, poner fin a la igualdad de orientaciones de género — y encima, por supuesto, ser subvencionada por los impuestos que gravan por sobre todo a los explotados que carecen de derecho a la educación.

Este es el interlocutor con el que el gobierno buscará los ‘consensos’.