29/01/2021

La vuelta a clases presenciales en Tierra del Fuego es una improvisación sin condiciones

El ministro de Educación Nicolás Trotta en Ushuaia, más dudas que certezas.

En las últimas semanas, gran parte del debate público se concentró en la vuelta a clases presenciales. El gobierno nacional, a coro con Cambiemos, impulsó una serie de conferencias provinciales para presionar dicha reapertura, tratando de presentar que no existen riesgos de hacerlo. Ello, a pesar de que transitamos de los peores momentos pandémicos, con 10.000 casos diarios y sin un plan de vacunación masiva.

En este marco el pasado miércoles 27 el ministro Nicolás Trotta brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino. Allí se dijo que las clases presenciales comenzarían “escalonadamente” a partir del 1 de marzo, pero dejando más dudas que certezas.

La incertidumbre sobre la vuelta presencial

En ningún momento se clarificó cómo se retornaría a las aulas o cómo se llevaría a cabo una posible “semipresencialidad”. Trotta se limitó a decir que en cada lugar sería de manera distinta, ya que “no es lo mismo pensar en una escuela del NOA, que en una de la Patagonia”. Y que el retorno se tiene que basar en la situación epidemiológica, lo cual es un desconcierto: si Tierra del Fuego es la provincia con más casos per cápita y el ritmo de contagios se triplicó desde diciembre, ¿es seguro abrir los colegios? Según Trotta, basta con protocolos de distanciamiento, ya que las vacunas no serían “una condición indispensable” (Diario Del Fin Del Mundo, 28/1).

Luego, dedicó una parte de su intervención a criticar al macrismo por eliminar el plan “Conectar Igualdad”, sin mencionar que el año pasado el Estado no destinó recursos a garantizar la conectividad de docentes y estudiantes. Por su parte, Cubino afirmó que los protocolos “ya se votaron en junio”, pero sin poder responder ni una pregunta de cómo serían esos protocolos y en su intervención sólo divagó con comentarios laudatorios hacia el gobierno de Fernández.

Por si esto fuera poco, ambos cometieron un grotesco error al hablar de las infraestructuras escolares fueguinas, que permanecen en un estado deplorable, con aulas sin ventilación, hacinadas y con edificios en peligro de derrumbe o constantes pérdidas de gas. Según Trotta, el presupuesto 2021 tendría un incremento del 550% para obras públicas. Pero con esto oculta que el gasto destinado a educación representa apenas el 1,6% del PBI. Para peor, el ajustado presupuesto provincial 2021 aumentó sólo un 33% de destinación a infraestructura escolar de una base ya paupérrima, mayormente absorbido por los colegios privados.

Por otro lado, a pesar de que la gestión Melella había anunciado un avance en las obras escolares, Cubino tuvo que admitir que no fue así, alegando irrisoriamente que “no se podía trabajar porque estábamos en confinamiento”. Sin embargo, la provincia no está en cuarentena estricta desde hace seis meses y, junto con el sector turístico, las obras se reactivaron inmediatamente. Pero, en realidad, las únicas que no se continuaron fueron las escolares y las del nuevo hospital regional, avanzando sólo con los edificios administrativos, las refacciones céntricas y del sector privado.

Finalmente, sobre la cuestión salarial docente ni una oración. Los docentes poseen el sueldo más bajo de la administración pública fueguina, ubicados en $34.000. Muy cerca del salario de pobreza y a un abismo de la canasta básica familiar. Además, debemos tener en cuenta que al gasto de alquileres y alimentos, el bolsillo docente tuvo que afrontar los costos de la virtualidad, lo que Cubino intentó subsanar con un miserable bono de $2.000 por única vez.

Por un plan de lucha

Con todo, la provincia no está en condiciones de volver a la presencialidad educativa y el riesgo al contagio masivo sigue a la orden del día. Es vital que los docentes convoquemos asambleas en todos los colegios para elaborar un plan de lucha. Debemos reclamar por vacunas y testeos rotativos, medidas de seguridad e higiene laborales y de infraestructura, el nombramiento de docentes y personal auxiliar necesario, que el Estado garantice la conectividad y dispositivos, el respeto del Estatuto y un salario equivalente a la canasta familiar. Por la conformación de comités de bioseguridad que controlen los protocolos y el estado sanitario de los institutos. Necesitamos que se aumente el presupuesto educativo y de salud, lo que implica dejar de ajustar el gasto público para pagar la usuraria deuda provincial.