En los últimos días la docencia de la Ciudad de Buenos Aires logró frenar, momentáneamente, un nuevo ataque al estatuto docente por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra educativa Soledad Acuña.

El martes 5 se había desarrollado el paro votado en una asamblea abierta convocada por la gremial ADEMyS, al que luego se sumó la UTE, y una enorme movilización al Polo Educativo de Saavedra, donde se procuraba desarrollar un acto público de traslado de cargos que desconocía lo establecido por el estatuto y atacaba a la estabilidad laboral de los docentes. Pese al intento de bloquear la entrada a la docencia y de otras maniobras desplegadas por el gobierno, se logró desenvolver una ocupación que duró siete horas y que le torció la mano, frenando el acto trucho. El compromiso arrebatado al gobierno establece que se reprogramará el acto público de maestros de grados respetando el orden de mérito, tal como establece el estatuto -atendiendo excepcionalmente al causal por enfermedad.

La bronca docente es tan grande que las más de 1.000 maestras movilizadas impresionaron al gobierno, que calculaba que sus acuerdos con sindicatos amigos iban a neutralizar la movida, luego de un holgado triunfo electoral.

Persecución y provocaciones

Al día siguiente los representantes de Acuña y Larreta amenazaron a los representantes gremiales con llevar adelante sanciones contra los sindicatos, y represalias contra los dirigentes y docentes que habían participado de la intervención en el acto. De manera persecutoria y represiva, el ministerio alegaba tener en su poder videos que sustentarían su difamación. Con estas extorsiones se pretende deslegitimar el reclamo, censurar la protesta y proscribir la organización de los trabajadores.

A su vez, Acuña lanzó una campaña de provocación en las redes sociales, y utilizó los canales de comunicación institucionales para cuestionar la representatividad de los sindicatos y atacar la masiva medida de fuerza.

El grado de cinismo no tiene parangón: el macrismo, que disolvió años atrás las juntas de clasificación y disciplina (cuyos vocales eran electos por el voto directo de los docentes, para velar por la transparencia de los concursos), se permiten cuestionar el grado de representación de las gremiales que defendieron esas juntas contra la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap). Este organismo es el que carece de representatividad y ha viciado todos los concursos violentando los principios del estatuto. La ministra lo sabe; no hay error, sino que es una orientación antisindical y antieducativa que viene profundizando el gobierno de Rodríguez Larreta.

Esta bravata de Acuña no quedará sin respuesta. La docencia porteña rechazará firmemente cualquier intento de sanciones por defender su estatuto y todas sus reivindicaciones -entre ellas la recomposición salarial, que hoy asoma con fuerza como el reclamo a tomar por todo el gremio.

Una lucha para continuar

Tras este triunfo de la docencia, habrá que seguir de cerca cada paso y acto para hacer valer el compromiso del gobierno.

Sigue vigente la lucha por la restitución de las juntas de clasificación y sus funciones históricas, disolviendo la Coreap (colonizada por el ejecutivo y los sindicatos amigos), y por la defensa plena del estatuto. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires estamos dispuestos a dar batalla.