Si la “vieja” ley menemista “provincializó” la educación bonaerense, desligando al estado nacional de su responsabilidad y financiamiento, la “nueva” tiene como eje la transferencia de los servicios educativos a los municipios. Un escalón más abajo. Con la “nueva ley” se va a producir una mayor desigualdad educativa, cargándole a los municipios quebrados el sostén de las escuelas. El empeoramiento de la calidad de la educación pública municipalizada favorecerá un mayor crecimiento de la educación privada.

La nueva ley profundiza la manipulación de la educación por parte de los punteros, a partir del lugar protagónico que la ley le reserva a los Consejos Escolares, que en la actualidad están sometidos al manejo discrecional de las camarillas ligadas al poder local de turno.

Asistimos también a una degradación de la educación al aceptarse como escuelas (y financiarlas) “centros educativos (informales) que no están inscriptos en los registros de la gestión pública ni de la privada, pero cumplen con una labor socio-educativa” (léase ONG, centros manejados por las diversas facciones que gobiernan los municipios, negocios privados que explotan la asistencia social).

El gobierno provincial que habla de un salario por “mérito” para los docentes es el primero en degradar la educación pública al habilitar a personas sin título para atender el aprendizaje temprano de nuestros niños. En lugar de ampliar la red de jardines estatales, “terceriza” el servicio. Lo mismo ocurre con los cursos truchos de alfabetización que liquidan la rama de Adultos. También con la educación técnica, a la que se suplanta por una educación informal, devaluada y descartable al servicio del capital y las empresas. A su servicio se crea “la Agencia de Acreditación de Saberes Laborales” en la que pasan a tener una injerencia destacada las organizaciones empresarias. Para esta “educación” no son necesarios los docentes (que progresivamente serán reemplazados por los capataces de las fábricas) ni la formación artística, la educación física, ni especial. Para esto no hacen falta docentes.

También está presente la precarización laboral de los docentes, que se completa con la “implementación de la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de la Ley de Educación Nacional” y sobre la que se vuelve a insistir en el artículo 264 de la nueva ley provincial. El objetivo es implantar una jornada mínima de 6 horas (en lugar de la actual de 4 horas) por 1.040 pesos.

La ley, asimismo, amplia todos los subsidios a la educación privada, extendiendo la posibilidad de subvención no sólo a los salarios de sus docentes sino también al conjunto de su funcionamiento. Se mantienen, además, todas las funciones que en la actualidad tiene la Dipregep (Dirección provincial de Escuelas de Gestión Privada), que está en manos de la curia, quien metió mano en la redacción del proyecto, de modo de asegurar sus prerrogativas. La “obligatoriedad” del secundario, en este marco, no es más que una pantalla porque la deserción y el fracaso escolar siguen creciendo.

Vamos a una profundización de la reforma educativa implantada por el menemismo, mientras centenares de escuelas están paradas en la provincia por problemas edilicios y falta de calefacción.

A la ley privatizadora le oponemos la reorganización integral de la educación sobre nuevas bases sociales en beneficio de la mayoría trabajadora, la triplicación del presupuesto educativo, la eliminación de los subsidios a la educación privada y un salario docente que cubra el costo de vida y jerarquice la profesión docente y la enseñanza.