Educación

24/7/2020

Mendoza: el plan de la DGE es un ataque a lxs trabajadorxs de la educación

Pongamos en pie un gran plenario de todas y todos los trabajadores de educación para deliberar y resolver un plan de lucha.

El regreso a las clases para la segunda parte del año tiene como nave insignia el protocolo que fue presentado por José Thomas, a cargo de la dirección General de Escuelas (DGE), en un bochornosa conferencia de prensa donde una vez más mostró el profundo desconocimiento del funcionamiento de las escuelas e institutos de educación superior de Mendoza y cuyo anuncios solo generaron malestar e incertidumbre en quienes llevan adelante la tarea educativa, docentes y celadores.

En las jornadas docentes de esta semana, se ha introducido la discusión de la doble modalidad presencial– virtual y  en nombre de la “autonomía” se le encargó a los directivos la ejecución de un plan de flexibilización laboral de la jornada docente, siguiendo el único plan que tiene la DGE para la educación de la provincia, que es garantizar un ataque en regla a los derechos laboral de las y los trabajadores de la educación.

Las jornadas no han pasado desapercibidas o sin resistencia para la gran masa docente que se han hecho escuchar con sus diferentes reclamos y sus balances propios de lo que ha significado la modalidad de “educación en tiempos de pandemia” y lo que ha hecho que la DGE haya salido por los medios a hacer declaraciones confusas y contradictorias. Thomas, en el día de ayer, reconoció que la vuelta a la “presencialidad es imposible para este año”. En el día de hoy, Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación de la DGE, además de verse obligada a mentir descaradamente asegurando que fue un éxito el sistema de educación a distancia y que fue evaluada positivamente en las jornadas, negó de manera rotunda a Thomas y aseguró que una posible vuelta está pensada para septiembre.

De esto se desprenden dos conclusiones que tienen que ser debatidas en profundidad en todas las escuelas: 1. que la DGE no tiene la menor idea de qué hacer con la educación que no sea seguir profundizando la precarización y la violencia laboral, y 2. que los reclamos de las escuelas han empezado a marcar un límite que está creando una crisis política en el seno de los funcionarios de la cartera educativa del gobierno provincial.

Vale recordar que el gobierno, que usa como muletilla la palabra “diálogo” y hace culto del cumplimiento de las normativas, ha decidido, en forma unilateral, negar las instancias paritarias para discutir bajo qué condiciones se da “la educación a distancia” y las condiciones laborales básicas y salariales al respecto de lo que conlleva desenvolver esta tarea.

Peor aún, a cada pedido de diálogo de las y los trabajadores el gobierno ha respondido con amedrentamiento, multas y detenciones. Una notoria diferencia cuando el mismo pedido viene de las cámaras empresariales donde el gobierno siempre cede y ha ido habilitando la flexibilización de la cuarentena, cuando la curva de contagios por Covid va en ascenso. Esto, lejos de mostrar fortaleza, habla de un gobierno débil que sigue marcado por la derrota de diciembre por un pueblo mendocino movilizado y que le teme a la lucha de los trabajadores.

La pandemia no puede ser la excusa para permitir la flexibilización laboral que habilita este protocolo y la ratificación del desastre que significó el planteo del gobierno de Suárez sobre la educación “virtual” que ha producido una extensión de la jornada laboral y da por sentado que los costos de sostener la conectividad va salir del magro salario docente, congelado desde el año pasado.

Rechazamos esta política que define que los que van a pagar los platos rotos de la crisis sean quienes viven de su trabajo y garantizan la educación del pueblo, mientras se les asegura el pago de millones de dólares a los bonistas de la deuda provincial.

Es más necesario que nunca que el Sute (sindicato de los trabajadores de la educación) abra la más amplia deliberación de las bases, que unifique las fuerzas de docentes, celadores y toda la comunidad educativa para enfrentar esta política cuyo único objetivo es avanzar sobre los derechos laborales y salariales, que cuenta con el visto bueno de la burocracia de la Ctera. Al margen de toda traba estatutaria burocrática o del decreto antisindical del gobierno de Fernández, está a la orden del día poner en pie un gran plenario provincial que involucre a todas y todos los trabajadores de educación de Mendoza, para deliberar y resolver un plan de lucha y con esa fuerza abrir una perspectiva para no solo no ceder ni un derecho más, sino que ponga en la agenda política de la provincia los reclamos de educación por encima del reclamo de ajuste y represión de la patronal, como hicieron los trabajadores municipales de la ciudad, que mostraron que es posible.

Con esta perspectiva salimos a sumar voluntades y adhesiones en las escuelas e IES para poner en pie esta instancia de deliberación, sin dar un solo día de tregua a un Suárez y un Thomas que ya han dejado claro qué lugar ocupa la educación para su plan de gobierno: el de una caja para ajustar y sacar recursos.