En recientes declaraciones radiales, el ministro de Hacienda del gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri, acusó a las y los trabajadores del Estado de ser los responsables del déficit fiscal de la provincia, al tiempo que los trató de “privilegiados” para justificar que no convocarán a paritarias.

La agrupación Tribuna Docente, parte de la comisión directiva del Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación (Sute), publicó una respuesta que reproducimos a continuación.

Los únicos privilegiados son los funcionarios del gobierno

Repudiamos las declaraciones y concepciones en las cuales el ministro de Hacienda del gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri, nos trató de privilegiados, agregando que es un “lujo” que cobremos nuestro salario.

1. Rechazamos la idea que el ministro intenta difundir en la población de que la culpa del déficit fiscal es de las y los trabajadores del Estado, cuya mayoría se desempeña en la educación pública. Él sabe mejor que nadie que la responsabilidad es del fracaso de la política económica desarrollada por los dos partidos mayoritarios, que se alternan en el poder desde hace años. Orientada socialmente a garantizar el lucro capitalista, otorgando jugosas exenciones impositivas e incentivos económicos a los grupos económicos concentrados de la provincia, esta política sigue resultando en una Mendoza deficitaria y endeudada.

2. La situación de la pandemia no puede convertirse en un argumento extorsivo con el que gobierno busque desentenderse de la obligación que tiene como empleador de garantizar un salario acorde a la tarea desarrollada. Y que ya se ve agravada por condiciones laborales leoninas que obligan a miles de docentes a usar su propio patrimonio, como son las computadoras y dispositivos, además de poner su servicio de conexión a la red de internet a disposición de la Dirección General de Escuelas (DGE), sin retribución alguna. El gobierno sostiene la “continuidad educativa”, de la que el ministro Thomas [titular de la DGE] se siente parte, a través de un sistema perverso mediante el cual confisca parte de los ingresos de los trabajadores/as de la educación y al mismo tiempo niega cualquier tipo de instancia para alcanzar un acuerdo paritario.

3. La continuidad educativa es producto de un esfuerzo titánico, económico y humano que está haciendo toda la comunidad educativa, no el gobierno. Los trabajadores de la educación cargan en sus espaldas un desastre económico de la política de un régimen que lleva todos los meses a cientos de familias de Mendoza a la pobreza, que para colmo tienen que soportar la gestión burocrática y gerencial del ministro Thomas, que en el único lugar que tiene aprobación es en sus encuestas truchas.

4. La renegociación que está llevando adelante el ministro Nieri de la deuda provincial, que tomaron los distintos gobiernos, no puede ser en base al ajuste a sectores sociales básicos de nuestra población, como son la salud, la educación y el deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores del Estado. Aunque a este gobierno le parezca un gasto del que pretende prescindir, desde los lugares de trabajo y de estudio defendemos la educación y la salud pública como medio necesario para desarrollo integral de la población.

Denunciamos el acuerdo con los bonistas internacionales por parte del gobierno nacional, que el gobierno provincial saluda y felicita expresamente, ya que significa la entrega del esfuerzo de las y los trabajadores argentinos al pago de una deuda ilegitima.

5. En contraposición a la orientación social que pregona el ministro Nieri y el gobierno de Rodolfo Suárez, el desarrollo de la provincia debe venir de la mano de las condiciones sanitarias necesarias para frenar la emergencia que representa la pandemia en curso y de una instrucción constante y de calidad a nuestra población. Se debe empezar por reconocer la enorme labor que están realizando los trabajadores del estado, las y los mismos que quiere usar como números para sostener un modelo económico que no trae ningún desarrollo a la provincia.

Frente a esto hay otra salida: dejar de pagar una deuda ilegítima, implementar un impuesto a las grandes fortunas provinciales, triplicar el presupuesto de salud y educación, proceder a un aumento del 40% de emergencia para recuperar el poder adquisitivo del salario, que se llame a cubrir los cargos vacantes, la entrega del equipamiento y los recursos necesarios para la desinfección y el cumplimiento de las medidas de seguridad para celadores, el pago de los gastos que implica la conectividad; y aprovechar el tiempo que la pandemia deja libre para proceder a un plan de obras públicas, mejorando las condiciones edilicias del sistema educativo y creando miles de puestos de trabajo.

6. Llamamos a toda la comunidad educativa a deliberar sobre las consecuencias de la política que está llevando adelante el gobierno provincial y a organizarse desde la independencia política de clase, para oponerle una salida obrera y popular a la crisis.