Con una sesión cerrada y un fuerte operativo represivo contra estudiantes y docentes, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aprobó con 34 votos a 26 la Ley Unicaba, una reforma contra la formación docente de la ciudad.

La norma, que busca la eliminación de los 29 institutos de formación docente, se vale de las resoluciones del Consejo Federal –integrado por los 24 ministros de Educación del país de diferentes signos políticos-, de la Ley Nacional de Educación 26.206/2006 y del macrista Plan maestr@ para avanzar en un propósito estratégico del capital: adaptar la educación, sus contenidos y su alcance, al “mundo del trabajo”, que está caracterizado por una fuerte descalificación.

Echarle la culpa a la historia y a la docencia

El proyecto, fuertemente resistido por toda la comunidad educativa, recurre a un viejo método para hacer pasar las reformas: utilizar un lenguaje seudo-pedagógico para justificar cualquier cosa. En sus fundamentos recurre a los problemas derivados de las sucesivas transferencias educativas desde Arturo Frondizi, pasando por Onganía, la dictadura de Videla y Menen para diagnosticar el gran problema con el que contaría la formación docente: “fragmentación, problemas operativos y desconexión entre diversos niveles y jurisdicciones” -omitiendo la responsabilidad del Estado en esta segmentación y en el desfinanciamiento del sistema educativo, una tendencia que ningún gobierno revirtió.

Como si fuera poco, acusa al docente de no estar formado para el “nuevo paradigma” recomendado por la OIT y lo insta a adaptarse a la demanda del mercado laboral: “obtener habilidades técnicas de forma continua que sean de utilidad en diferentes actividades cambiantes”. Es decir, educar para las pasantías truchas de la secundaria 2030, el desempleo crónico o -como prefiere el macrismo- para el “emprendedurismo”.

Tras desligar al gobierno macrista de su propia responsabilidad, y de culpar a los docentes por el cuadro de vaciamiento, se contempla crear una agencia de evaluación para medir indicadores, estándares y un sistema informático con el fin de perseguir y responsabilizar a los institutos, docentes y estudiantes por la matrícula, condiciones de estudio, tipo de carreras y proceder a su eventual cierre.

A su turno, ante las presiones de la Iglesia -que continúan- el gobierno podría habilitar mecanismos para que los 20 institutos privados que gestiona (de los 44 privados que existen en la Ciudad) sean evaluados… por la misma Iglesia. Finalmente, en la ley incorpora a los privados a los mecanismos generales de evaluación y los exime de adaptar su administración al sistema informático del Ministerio de Educación, mientras que el macrismo ha manifestado su compromiso con el bloqueo clerical a la educación sexual, laica y científica.

Una enorme lucha y un resultado provisorio

La lucha de los 29 institutos a lo largo de casi un año protagonizó enormes instancias de lucha y demostró una elevada comprensión de lo que está en juego. La jornada de marcha, acampe y paro educativo de ayer culminó con una alta adhesión en todos los profesorados.

La votación de la ley tendrá que pasar por la prueba de la crisis económica y política que envuelve al gobierno nacional. La propia suerte electoral del macrismo no está definida, al calor del acuerdo con el FMI y una fuerte recesión económica que más de un analista califica como “riesgosa”.

Pero otro aspecto importante para el movimiento educativo es que la organización de cada profesorado cuestiona que el plan del gobierno -cierres de cursos, despidos de docentes, liquidación de carreras- pueda ser llevado adelante sin fuertes choques. Será el terreno donde se desarrollará la segunda etapa de esta gran lucha.

Para esta tarea debemos fortalecer las agrupaciones independientes y combativas tanto estudiantiles como docentes, que son los instrumentos desde donde enfrentar los ajustes contra la educación, las reformas y contrarreformas que todos los partidos patronales – PJ, kirchneristas, radicales y ahora macristas- y las direcciones sindicales burocráticas han aplicado y apoyado invariablemente.

En defensa de la formación docente, contra la destrucción y traslado del instituto de educación física Romero Brest y en defensa de todos los puestos de trabajo, la lucha sigue.