En su discurso de apertura de la asamblea legislativa, Macri pidió abiertamente que se publique el ranking de escuelas según los resultados de las pruebas “Aprender”, hasta ahora confidenciales por ley. De hecho, el radicalismo ya tiene su propio proyecto al respecto, que lleva las firmas de José Riccardo y Karina Banfi, lo que demuestra que no se trata de un deseo personal del presidente sino un anuncio de los lineamientos de la reforma educativa que el gobierno pretende imponer.

Varios referentes de fundaciones y universidades privadas –como Axel Rivas, de CIPPEC, o Claudia Romero, de la universidad Di Tella– han alertado sobre la discriminación y estigmatización de alumnos y escuelas que esto podría aparejar ya que, claramente, los resultados más deficientes se encuentran en las escuelas cuya comunidad padece las mayores dificultades socioeconómicas. Los especialistas consultados no han descubierto nada: los circuitos diferenciados en educación existen desde hace varios años y son alentados desde los estados las escuelas más pobres que reproducen mano de obra, mientras que en las de élite se educan a los dirigentes y empresarios. Gustavo Iaies, funcionario itinerante de todo tipo de cargos en varios gobiernos, considera que no están dadas las condiciones para publicitar los resultados de las evaluaciones, pero que sí podría hacerse más adelante, una vez que haya pasado la reforma educativa.

El diputado radical Riccardo, autor del proyecto, plantea que se haría en nombre de “la transparencia del Estado” –precisamente lo que falta a la hora de, por ejemplo, poner blanco sobre negro las cuentas de la infraestructura escolar.

Esta avanzada sobre las escuelas no puede considerarse aislada del resto de las reformas educativas, laborales y previsionales que reclaman los organismos financieros. Los rankings públicos de escuelas tienen una función claramente privatizadora, como se puede observar en Estados Unidos y, más cercanamente, en Chile. Las escuelas que mejores resultados obtienen son premiadas con mejores partidas presupuestarias lo cual no sólo se refleja en la infraestructura, materiales y posibilidades de sostener programas educativos (que se encuentran tercerizados) sino también en los salarios docentes. El ranking de escuelas es una vía para establecer el salario por mérito. Poco importa que se trate de una escuela cuyos alumnos deben superar enormes conflictos para asistir, porque en una concepción “meritocrática” es el propio niño, y su docente, quienes deben superar de manera individual las limitaciones que el sistema les impone. Esta concepción hay generado enormes movilizaciones de docentes y familias en algunos estados, como ocurrió en Seattle, Estados Unidos, para que se eliminen las pruebas estandarizadas, las cuales consumen enormes sumas del presupuesto educativo y sólo sirven a los fines de recortar partidas para las escuelas y quitar posibilidades a los niños más desfavorecidos.

Es el camino al sistema “voucher” o de cheque educativo, los flujos de dinero ya no corren hacia las escuelas, sino hacia las familias, para que ellos decidan a qué escuela enviar a sus hijos, según el ranking de escuelas. Una competencia al interior del sistema educativo, ataja al rendimiento escolar que, sabemos, está determinada en gran parte por las condiciones sociales.

En Chile ha tenido como resultado la desintegración del sistema educativo nacional, profundizando la segmentación. Al final del camino, lo que se pone en evidencia, como fue denunciado en ese país con un sistema de detección de rendimiento de escuelas, es que las escuelas con menor rendimiento eran las que se ubicaban en los barrios más pobres.

Con esta comprensión, hemos denunciado e impulsado acciones –paros, boicot– contra los operativos “Aprender” y “Enseñar”. Debemos combatir cualquier intento de imponer el recorte presupuestario y el salario por mérito que quieren imponer con esta reforma en detrimento de las condiciones educativas de niños y docentes.

No es “transparencia” lo que persiguen, es el oscurantismo detrás de las reformas que reclama la OCDE.