Mateo Nicholson renunció a su cargo como titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, tras dos meses de licencia desde que fuera imputado en una causa que investiga sobreprecios y desvío de fondos, luego de que se difundiera un audio en el que encarga a una secretaria que dibuje los presupuestos de obras de cocinas en escuelas para obtener un sobreprecio de 24 millones de pesos.

Su renuncia es indisociable de la crisis política que desató el crimen social de la Escuela 49 de Moreno. La salida de Nicholson, sumada a la imputación del interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nassif, constituyen un intento por cortar la cadena de responsabilidades políticas por los eslabones inferiores, para evitar que alcancen a Vidal y la cúpula de su gobierno. En ese sentido, han circulado versiones sobre una inminente salida del ministro de Educación Sánchez Zinny. En tal caso, confirmaría el fracaso de la tentativa de descargar toda la responsabilidad en el gasista para encubrir tras una “falla humana” una realidad que tiene responsables políticos muy claros.

La explosión que se cobró la vida de Sandra y Rubén sacó a la luz que el ajuste y, en particular, el vaciamiento de las áreas de infraestructura escolar han convertido a las escuelas en una bomba de tiempo, un verdadero Cromañón educativo. La responsabilidad política por estas medidas cabe por entero a la gobernadora -que redundaron en un agravamiento de la crítica situación edilicia que ella misma reconoció heredar de Scioli y gobiernos anteriores. Si ahora Vidal le suelta la mano a Nicholson es para autoencubrirse, no porque le preocupen los fondos públicos que deben ir al arreglo de los establecimientos educativos, ya que la DGCyE no ha investigado en lo más mínimo la magnitud del desfalco en la DPIE. Una investigación a fondo quizás encontrara que parte del dinero lavado con los aportistas truchas a la campaña de Cambiemos proviene de este desvío de fondos.

Los trabajadores de la DPIE han tenido que enfrentar a Nicholson, que ejecutaba una política de vaciamiento con precarización laboral, atraso en el pago de salarios y persecución a delegados. Ahora se abre un nuevo capítulo en esa lucha, ya que los anuncios de Vidal acerca de la municipalización de todas las obras de infraestructura educativa anticipan una profundización del vaciamiento de la DPIE y nuevos ataques a sus trabajadores.

El Partido Obrero reclamó, desde la legislatura, el juicio político a la Gobernadora por la desidia que llevó a las muertes en Moreno y a que mil escuelas se encuentren sin clases porque docentes y estudiantes se niegan a seguir asistiendo a establecimientos que no cumplen con las más mínimas condiciones edilicias. El Cromañón educativo se profundizará como consecuencia del ajustazo que querrán plasmar en el Presupuesto 2019, porque implica para la Provincia un recorte que podría llegar a 35.000 millones de pesos. 

Por otro lado, la derivación de todas las obras escolares en los municipios –como plantea Vidal– engordará a los “Nicholsons” locales. Por eso, reclamamos un plan de obras único y urgente elaborado y fiscalizado con la comunidad educativa y los trabajadores de la DGCyE, que se movilizan en toda la provincia contra el derrumbe edilicio.

El paro docente de 72 horas convocado para la semana que viene volverá a mostrar la enorme disposición a la lucha. En oposición a la dosificación de medidas de acción de la burocracia del FUD, se impone la necesidad de darle una continuidad a la lucha docente, junto a las movilizaciones estudiantiles, hasta derrotar el plan de ajuste del gobierno en crisis de Vidal.