En la ciudad de Cipolletti estaba prevista para ayer la audiencia de mediación citada por la Cámara Laboral, entre la defensa de las supervisoras de Educación, Stella Maris Errotabere y Paula Frese, sumariadas por haber reclamado aulas para poder escolarizar a niños de preescolar y la ministra de Educación, Mónica Silva, en representación del gobierno provincial de Alberto Weretilneck, hoy candidato a senador nacional.

Pero la ministra no se hizo presente y en su lugar envió a un representante legal que solo hizo acto de presencia, en una muestra de la prepotencia oficial contra las trabajadoras.

La causa comenzó hace tres años y desde su inicio la defensa y quienes acompañamos esta lucha fuimos testigos de un proceso cargado de irregularidades.

El motivo que dio origen al sumario, con resoluciones tomadas de manera unilateral por el titular del Consejo Superior de Educación, fue el reclamo hecho por las supervisoras por la falta de la infraestructura necesaria para educación inicial, en particular de salas para niños de 4 años.

“El proceso iniciado contra las supervisoras define como un crimen la defensa de la educación pública”, dijo Gabriel Musa, actual concejal del Partido Obrero de General Godoy y pre-candidato a senador nacional quien estuvo presente junto a compañeras y compañeros de las supervisoras y a dirigentes del sindicato docente de Cipolletti y se pronunció por la anulación de los procesamientos y la restitución plena de los derechos laborales.

El reclamo de salas de 4 años en los jardines para poder responder a las inscripciones “fue criminalizado por el gobierno rionegrino con el acompañamiento de los gobiernos municipales”, denunció Musa.

El año pasado en la ciudad de General Roca (Fiske Menuco), donde gobiernan los Soria (PJ) la lucha de los y las estudiantes y docentes de la UNRN (Universidad Nacional de Río Negro) terminó judicializada, con alumnos y docentes sancionados, y con una fuerte represión por parte de la Gendarmería Nacional.

Ahora en Cipolletti, donde gobierna Cambiemos, se ha desarrollado este avance anti obrero que puede sentar otro gravísimo antecedente para los y las trabajadoras de la provincia.

Queda claro que detrás de los que se presentan hoy como alternativas patronales de cara a la renovación del Parlamento nacional se esconde una misma política de ataque al movimiento obrero, las mujeres y la juventud en la provincia.

“Los candidatos del Frente de Izquierda-Unidad somos los que representamos la única alternativa que defiende de manera innegociable los derechos de la clase obrera y los sectores populares”, planteó el dirigente del PO y añadió que, “en el próximo gobierno que, sea de Cambiemos o del PJ, seguirá tutelado por el FMI, y con la aplicación de las reformas previsional y laboral que tienen en carpeta, la criminalización será uno de los ejes para intentar aplicarlas”.

La sentencia se conocerá 10 días después de la feria judicial por lo que, desde el Partido Obrero, impulsamos una vasta campaña por la anulación de los procesamientos y la restitución de los derechos plenos de las trabajadoras.

Viva la lucha de las supervisoras, que es una lucha en defensa de los niños y de las y los trabajadores en su conjunto.

Abajo los procesamientos.

Restitución plena de sus derechos laborales.