1) A tan sólo 18 días del comienzo de las clases en Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación (CPE) –máxima autoridad educativa de la provincia- no presentó ningún protocolo o esquema de “semáforo sanitario” de aplicación común que permita discernir a partir de indicadores concretos y de criterios epidemiológicos claros si una localidad puede o no proceder a la reapertura de las escuelas. En tal sentido, su sitio web no cuenta a la fecha con documentos orientativos que puedan ser descargados por autoridades escolares, docentes ni padres.

2) Veinticuatro horas después que el Consejo de Educación obligara a los trabajadores del nivel inicial a asistir a las escuelas para notificarse del inicio del ciclo lectivo 2021, los resultados de esta primera aproximación a la presencialidad están a la vista: el Jardín de Infantes Nº 46 de Pico Truncado debió cerrar sus puertas preventivamente el día 10/2 porque una docente de la institución que se presentó a firmar planillas y compartió espacios con directivos y resto del plantel dio positivo a Covid. Todos los docentes que asistieron a ese establecimiento junto con la maestra contagiada permanecen en este momento cumpliendo aislamiento. ¿Qué habría sucedido en ese mismo jardín de infantes de haberse iniciado las clases con presencia de alumnos tal y como lo propone hoy el CPE?

3) Las inversiones necesarias en materia de infraestructura escolar no fueron efectuadas en la gran mayoría de las escuelas de Santa Cruz. Muy por el contrario, la precariedad en la que se encuentran los edificios escolares luego de un año en el que prácticamente no hubo mantenimiento es alarmante y vergonzosa.

4) Con poblaciones de 25 a 35 alumnos (o más) por aula en primaria y secundaria, y con establecimientos donde en un mismo edificio conviven dos o más instituciones tras años de desinversión en materia edilicia por parte del gobierno provincial, las escuelas públicas de cada nivel no fueron acondicionadas debidamente para aplicar protocolos de “aulas burbuja” con hasta 10 alumnos por curso. Tampoco hubo avances significativos en aspectos fundamentales tales como la readecuación de baños, gimnasios (para agregar espacios áulicos) o áreas de tránsito común de cara a la nueva normalidad que impone la pandemia.

5) En referencia a los insumos básicos especificados por la mayoría de los protocolos que promueven el retorno a la presencialidad (alcohol en gel, barbijos, termómetros infrarrojos, lavandina, elementos de limpieza e higiene en general, así como material escolar individual para docentes y alumnos), mayormente fueron las propias cooperadoras durante 2020 quienes se hicieron cargo de los mismos y debieron cubrir las necesidades escolares ante el incumplimiento del Estado.

6) Al respecto, resulta revelador el testimonio de un directivo de una escuela de Río Gallegos quien aseguró en una entrevista que poco o nada se hizo por acondicionar los espacios para una pronta vuelta a la presencialidad: “El edificio está igual que en febrero del año pasado, no han repuesto ni el matafuego”, explicó (WInfo, 10/2).

7) El CPE no propuso ni consensuó con las autoridades de salud, gremios ni con los vocales de padres, protocolos que permitan saber de qué forma y a partir de cuáles criterios puntuales cada escuela en cada localidad compartimentará sus cursos en dos, tres o más subcursos, ni qué espacios físicos se asignarán de acuerdo a la realidad edilicia de cada establecimiento.

8) Tampoco informó de la contratación de personal adicional docente y no docente que permita hacer frente a la multiplicación de espacios a los que deberá responder cada escuela más las subsecuentes tareas de limpieza y sanitización para cada uno de ellos.

9) De acuerdo a recientes declaraciones efectuadas por la presidenta del CPE, Cecilia Velázquez, es un hecho que los trabajadores de la educación en Santa Cruz no recibirán vacunas sino hasta mayo, lo cual implica que hasta entonces deberán asistir a los establecimientos sin inmunidad frente a la pandemia, exponiéndose a contraer el virus o bien a contagiarlo tal y como ha sucedido el día de ayer en el Jardín de Infantes Nº 46 de Pico Truncado. Tampoco se ha previsto la posibilidad de realizar testeos rápidos masivos tanto al personal docente y no docente como a alumnos para determinar la existencia de posibles positivos asintomáticos antes del inicio de clases.

10) A su vez, la provincia triplica aquellos indicadores que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda tomar en cuenta para un retorno seguro a la presencialidad: a) cantidad de nuevos casos cada 100 mil habitantes (entre 50 y hasta 200 casos se da el “mayor riesgo” de propagación de Covid en las escuelas) y, b) tasa de positividad de los últimos 14 días (hasta 10%, ídem). En el caso de Santa Cruz, esos indicadores son -al 8 de febrero- de 557 casos cada 100 mil habitantes con un 32% de positividad. Esta situación sanitaria expone a las escuelas de la provincia al escenario más alto de transmisión de acuerdo al esquema propuesto desde la SAP.

11) La provincia incumple asimismo recomendaciones del Consejo Federal de Educación (CFE) en cuanto a la inconveniencia de reanudar las clases en aquellas comunidades donde existe transmisión local del virus del Covid-19.

12) En este sentido hay que recordar que seis de las más importantes ciudades santacruceñas tienen en este momento circulación comunitaria de la enfermedad: Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras.

13) También, y de acuerdo a recomendaciones efectuadas por el Consejo Federal en su resolución 370/20, las ciudades más importantes de la provincia se encuentran ante escenarios de riesgo “alto” o “medio” en lo que refiere a niveles de ocupación de camas de terapia intensiva en sus principales centros de salud.

14) El escenario de riesgo es “alto” para las localidades de Las Heras, Pico Truncado y El Calafate por tener sus hospitales de referencia más del 80% de sus camas UTI (terapia intensiva) ocupadas. Y “medio” en el caso del Hospital Regional de Río Gallegos con tasas de ocupación en su sector de terapia intensiva adultos que se aproximan al 60%.

15) Lo anterior implica que -aún con las escuelas cerradas- muchos hospitales de la provincia enfrentan al día de hoy niveles de ocupación críticos que en algunos casos llegan al 100% de su capacidad de internación de pacientes en terapia intensiva. Los casos de El Calafate, Pico Truncado y Las Heras son un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, la presión que soporta el sistema de salud es muy elevada como para agregar la demanda adicional derivada de cadenas de contagio que podrían surgir a partir del retorno a la presencialidad escolar una vez iniciado el otoño.

16) Frente a este panorama incierto, la salida alternativa y lógica de reforzar la educación virtual no presencial tampoco presenta respuestas efectivas de ninguna índole por parte del Gobierno provincial.

17) A febrero de 2021, y tras haber constatado durante un largo año que sin computadoras ni conectividad la educación a distancia no es viable, el CPE todavía no garantiza la conexión gratuita a internet a docentes y alumnos de Santa Cruz ni mucho menos asegura la provisión de computadoras a una gran mayoría de estudiantes de bajos recursos que carecen (y seguirán careciendo) de ellas.

18) De hecho, el promocionado Programa Aulas Virtuales presentado el 5 de octubre de 2020 “para 60 mil estudiantes de Santa Cruz” y anunciado por el gobierno con gran despliegue mediático todavía no funciona y su plataforma ni siquiera está en línea para que los docentes puedan consultarla y habituarse a su manejo.

19) En suma, después de haber permanecido cerradas durante un año las escuelas de la provincia, el gobierno de Santa Cruz no ha volcado los recursos necesarios para readecuar la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos al nuevo escenario que impuso la pandemia ni para garantizar las condiciones mínimas que aseguren un retorno seguro a la presencialidad de parte de la comunidad educativa.

20) Aún más grave resulta el hecho de que tampoco se haya previsto ni planificado el retorno a clases asumiendo la posibilidad de un escenario de ciclo lectivo que combinara virtualidad y presencialidad en partes iguales si las condiciones epidemiológicas no mejoraban tal y como ocurrió.

Frente a esta situación compleja que pone de manifiesto la desidia e incapacidad exhibida por el Consejo Provincial de Educación para gestionar la crisis desatada por la pandemia, los docentes no podemos dejar de señalar a las familias que en virtud de la coyuntura sanitaria y de la difícil realidad que atraviesa el sistema educativo, el regreso a las aulas podría implicar un elevado riesgo de introducción y trasmisión de Covid-19 en las escuelas de Santa Cruz.