Numerosos episodios de los últimos días muestran los intentos de persecución del gobierno macrista hacia los docentes que han llevado a las aulas el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de las fuerzas represivas del Estado, en línea con el masivo reclamo por su aparición con vida.

 

Prensa Obrera conversó con maestros y referentes gremiales sobre las presiones ejercidas en las instituciones educativas, que dan cuenta de una censura que se imparte desde la cabeza del Estado –hoy mismo, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, en un acto realizado junto a Mauricio Macri, atacó a los docentes que hicieron referencia al tema en las aulas.

 

Marina Aimú, docente e integrante de la Comisión de Nivel Inicial del sindicato Ademys, cuenta que “el viernes nos llamó muy asustada la compañera de un maestro de 7° grado. Él ni siquiera había organizado una actividad especial; el tema salió porque los chicos lo trajeron, y él dio sus aportes como profesor. Después de eso, la directora intimó al docente, diciéndole que los padres se habían quejado (no sabemos si uno, o varios, o qué) de que ‘no se podía dar política dentro de la escuela’, esto a pesar de que dentro de la currícula está contemplado trabajar el 24 de marzo, el tema de los desaparecidos, y los chicos ya lo habían trabajado. Y le dijo que ‘el lunes vamos a evaluar cómo es tu situación’ y agregó: ‘te aviso que estás solo, que ningún docente ni la dirección te va a apoyar’”.

 

Otro caso notorio se produjo en una secundaria pública de Capital Federal, cuyos directivos se encuentran fuertemente alineados con el macrismo. Originalmente, los mismos impidieron a los docentes realizar una actividad conjunta por Santiago Maldonado, y ordenaron que lo hagan por separado. Sin embargo, las represalias siguieron: un profesor de primer año cuenta que, al llegar al aula, se encontró con un cartel con la cara de Maldonado, y al ver que muchos chicos no sabían quién era, explicó el caso. Al día siguiente una regente le dirigió una reprimenda, señalando que un padre había protestado y que no se podía vincular a Gendarmería con la desaparición porque "no había pruebas" (?). "Se sintió claramente como un apriete, porque me lo dijo en un aparte", destaca el docente, que marca también que situaciones similares (y peores) vivieron otros compañeros suyos, que "la vicerrectora arrancó en persona todos los carteles de la escuela" y que se produjeron apariciones repentinas de los directivos en clases de Historia y de Formación Ciudadana, "claramente para vigilar si se trataba el tema".

 

La situación de esta escuela es paradigmática por otro motivo. El docente señala que el armado de un clima persecutorio busca limitar la lucha de los docentes de la escuela contra la reforma antieducativa. Pero los profesores no aflojan: volvieron a poner los carteles por Santiago, y habrían logrado con su lucha que su escuela no sea utilizada como escuela piloto de la reforma.

 

Reprensiones similares recibieron dos docentes de artes de una primaria privada del barrio porteño de Flores, luego de realizar una actividad conjunta en la que leyeron un texto que hacía referencia de manera general a las desapariciones, y que suscitó un fructífero debate entre los alumnos.

 

Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys, marca que ha habido otros casos en que “los directivos han labrado actas contra los docentes, a partir de supuestas quejas de los padres. Lógicamente los maestros van a responder a las actas, y desde el sindicato los estamos asesorando y vamos a luchar contra estos aprietes”. A su vez, destaca importantes respuestas colectivas de la docencia contra tales ataques. La persecución macrista también ha sido criticada en una “Declaración conjunta del personal jerárquico de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmada por directores, supervisores escolares y adjuntos y coordinadores de programas socioeducativos. Martín también destaca la gran campaña de fotos con este reclamo que se viene realizando en las escuelas, impulsada por una asamblea unificada de la docencia porteña. Asegura que “la campaña en las escuelas por Santiago va a seguir, no van a poder frenarla”.

 

El gobierno porteño promueve la "denuncia" contra los docentes que tocan el tema a través de un 0800. Esto a sabiendas de que el tratamiento del tema se encuentra amparado por los diseños curriculares vigentes, por el Estatuto del Docente y hasta por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

 

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, buscó embarrar la cancha aseverando que la circulación de un manual de Ctera para orientar el debate en el aula formaba parte "de la disputa política en el gremio", que esta semana realiza elecciones (TN, 30/08). Por el contrario, para la oposición a la conducción de Ctera, los ataques a los maestros apuntan a encubrir la responsabilidad directa del Estado en la desaparición de Maldonado, a días de la multitudinaria marcha que copó Plaza de Mayo, de la cual los educadores participaron masivamente.