El gobierno de De la Rúa, a través de su secretario de educación Sanguinetti, volverá a la carga para dejar sin efecto la ordenanza adoptada el 23 de agosto por el Concejo Deliberante. Por ella se eliminan las amonestaciones y se establece la formación de Consejos de Convivencia integrados por autoridades, docentes y alumnos. El año pasado, el radicalismo porteño ya había vetado el proyecto presentado por Juliana Marino, concejala del PJ, porque según argumentaba, eliminando las amonestaciones se fomentaba ‘el viva la pepa’. Esta vez, sin embargo, no usará el veto, sino que recurrirá a una vieja maniobra del ‘parlamentarismo’: reglamentará, a través de un anteproyecto, la resolución del Concejo Deliberante, para quitarle todo lo democrático y progresivo que contiene.

La ordenanza del Concejo Deliberante dispone que cada establecimiento dictará sus propias normas disciplinarias, y que serán los Consejos de Convivencia los encargados de aplicarlas. Sin embargo, no especifica la forma de integración de dichos Consejos, aunque asegura que la mayoría será para los directivos y la minoría para los estudiantes. Por otro lado, tampoco determina que los representantes del Consejo sean electos. La ordenanza, por lo tanto, no es un ejemplo de democracia, ya que asegura el control de los ‘Consejos’ para una minoría de burócratas y convalida el método de la digitación.

Anteproyecto, una muestra de despotismo

Para Sanguinetti, sin embargo, esto ya es demasiado. Aunque el proyecto dice que ningún alumno puede ser privado de su derecho a la educación, su anteproyecto establece que “las faltas de conducta que transgredan las normas, irán desde el llamado de atención oral y el apercibimiento escrito, hasta la suspensión y la separación del establecimiento” (Clarín, 23/8). Es decir, el alumno puede ser expulsado o, lo que es lo mismo, ‘privado de su derecho a la educación’.

El ‘anteproyecto’ asegura para las autoridades la ‘suma del poder’, al otorgarles a los Consejos la función de un “órgano asesor y no decisorio porque la responsabilidad de la sanción es del director” (ídem). Es decir, pretende que los directivos establezcan la disciplina al modo de los ‘edictos policiales’, es decir, la misma autoridad dicta, juzga y aplica las penas que impone. Un modelo perfecto de despotismo. Es que para el gobierno ‘aliancista’ de la Capital, la definición de los parámetros de conducta es una de las “funciones centrales del estado” (La Nación, 7/1).

Se repite en el colegio la opresión clasista de la sociedad capitalista, que busca moldear la educación a su servicio, impidiendo que el joven se forme en una comprensión del mundo y de la sociedad en que vive.

El movimiento estudiantil secundario, como es el caso de los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, viene luchando desde hace tiempo por desterrar el autoritarismo y el despotismo de la educación. La ordenanza del Concejo Deliberante, más allá de lo que suceda, consagra un triunfo moral de su lucha.