En la última semana de clases (antes de las vacaciones de invierno), se produjo un importante conflicto a raíz del intento de la Dirección del Instituto de Enseñanza Superior (Anexo 1) de imponer un arancel de 10 pesos destinado a la cooperadora, para poder obtener el parte de derecho a los exámenes de julio. Ya a principios de año, el centro de estudiantes, por medio de la lucha, había frenado el intento de cobrar (con destino también a la cooperadora) 60 pesos por inscripción, logrando que sólo sea por 10 pesos. Ahora, quisieron aprovechar la necesidad de rendir los exámenes para volver a la carga arancelaria en forma compulsiva, pues a quien se negaba a pagar no le daban los partes de exámenes. Por eso, el centro estudiantil convocó a una asamblea, en la que participaron doscientos estudiantes, que votó el rechazo a la decisión de la dirección y una concentración fuera del Instituto, la que al realizarse se transformó en una nueva asamblea, donde se votó parar no entrando a clase. Por medio de estas medidas de lucha se obligó a la dirección a retroceder, al establecerse el valor de 1 peso (simbólico) a los partes de exámenes.

Esta lucha plantea el problema más general de la política creciente de desfinanciamiento educativo, que pretende ser sustituido por aranceles crecientes y de hecho obligatorios para la cooperadora.

Por eso, desde el centro, se ha planteado volver a insistir, transmitiendo esta experiencia de lucha a los otros colegios, para formar una coordinadora de terciarios que organice una lucha de conjunto, por mayor presupuesto y la eliminación de las cooperadoras.