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22 de noviembre de 2012 | #1249

Altamira en Montevideo

Tres debates de alto voltaje La presencia de Jorge Altamira en Uruguay despertó un vivo interés en ámbitos sindicales y políticos. Prueba de ello fueron dos mesas redondas realizadas en las Facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales. La primera de ellas discutió “La crisis mundial y América Latina”, con la presencia del embajador venezolano, Julio Chirino, y del senador y Secretario General del Partido Comunista de Uruguay, Eduardo Lorier. La Mesa Redonda que convocó más asistentes tuvo por temática “La estrategia de la clase obrera frente a la crisis mundial”, y en ella Altamira debatió con Marcelo Abdala, secretario general del sindicato del Metal, Coordinador del Secretariado de la Central sindical (PIT-CNT) y dirigente del Partido Comunista. La actividad tuvo repercusión en los medios, a través de entrevistas en la televisión y la presencia de periodistas en las mesas redondas. El semanario frenteamplista “Voces” publicará, el jueves 22, como tema central, la totalidad de las exposiciones de Abdala y Altamira. Este renovado interés refleja el impacto que comienza a tener en Uruguay el ascenso de la izquierda en Argentina. También expresa la necesidad –para sectores de izquierda y de los sindicatos– la decepción frente al gobierno del Frente Amplio. La tesis de “un gobierno en disputa”, mientras de un lado justifica la participación en un gobierno capitalista bien visto por el capital financiero, del otro pone de manifiesto el abismo que se abre entre el gobierno y los trabajadores. De hecho, el debate con Marcelo Abdala fue organizado por la lista 41 del PIT-CNT, un agrupamiento que integran fundamentalmente sindicatos estatales que enfrentan la política de ajuste y privatizaciones de Mujica, fue votado por el 22% de los delegados en el último congreso de la central sindical. En esa misma mesa se leyó un texto de repudio a la presencia de tropas de Uruguay en Haití. En el debate sobre América Latina, la exposición de Altamira se centró en demoler el planteo de la “integración (capitalista) latinoamericana”, un planteo que hace las veces de estrategia del arco político bolivariano en todo el continente. Es defendido en oposición al ala derecha de la coalición, como el vicepresidente Astori y Tabaré Vázquez, que intentaron la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Altamira señaló que, no obstante esta división, la integración refuerza la dominación del capital financiero y la oligarquía sojera ya establecida, como se manifiesta en el silencio del Mercosur frente a la represión campesina en Paraguay, y que luego se manifestó en la resistencia nula de los gobiernos que los integran, frente al golpe de estado contra Lugo. Solamente sobre la base de la revolución agraria y la nacionalización completa de la explotación hidroeléctrica, sería progresiva la integración de Paraguay con sus vecinos. Esta tarea supera el marco capitalista y plantea la unidad socialista de América Latina. Tanto Lorier como Abdala, desarrollaron la tesis de “un gobierno en disputa” entre el “bloque de poder”, por un lado, y la clase obrera y demás sectores populares, por el otro. Los trabajadores tendrían el gobierno pero no el poder. La estrategia del movimiento obrero pasaría por presionar al gobierno para que impulse un cambio en la “matriz productiva”, que cambiaría correlación social entre las fuerzas en disputa. Se dejó de lado el balance de esta orientación al cabo de más de una década de gobierno. Contradictoriamente, tanto Lorier como Abdala caracterizan a la crisis capitalista como la expresión histórica del choque entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y de la incapacidad del capitalismo de desarrollar las fuerzas productivas, que, insistió Abdala, se convierten en fuerzas destructivas. Los dirigentes del PC, sin embargo, defienden como vía para el desarrollo nacional la integración capitalista en el Mercosur. La industrialización frenteamplista ha consistido en la instalación de pasteras contaminantes y proyectos de megaminería a cielo abierto (Aratirí), alentadas con exenciones impositivas y laborales – con vistas a la exportación. Las multinacionales son las beneficiarias de este proceso, así como de la espectacular concentración capitalista en la producción sojera. En la mesa de debate sindical, Altamira destacó la complicidad de la burocracia de los sindicatos con las políticas de rescate capitalista –sobre todo en Europa y Estados Unidos–, que opera como un freno colosal a la lucha de los trabajadores. La contrastó con las huelgas en China y Sudáfrica, como un movimiento triunfante que se desarrolló en oposición a la burocracia sindical y a los gobiernos de tipo Mandela, en el cual se reconocen el PT de Brasil y el FA de Uruguay. También criticó la circunstancia de que una fuerza de la pequeña burguesía, y no del proletariado, capitalizara el giro político de las masas explotadas en Grecia, como otra manifestación de la crisis de dirección del movimiento obrero. Altamira reivindicó las huelgas, ocupaciones y piquetes obreros como método de lucha frente a la ofensiva del capital. De hecho, el año pasado, en Uruguay, el sindicato metalúrgico, que encabeza Abdala, protagonizó una huelga de 30 días, con ocupaciones y piquetes, para conquistar un convenio colectivo, frente ala resistencia de las patronales y las amenazas represivas del gobierno del Frente Amplio. Hoy, las patronales metalúrgicas y de la construcción están amenazando con desconocer los convenios colectivos, ante lo que llaman “elevados costos salariales”. El FMI exige la “desindexación salarial” y de las jubilaciones, así como una reducción del gasto público, frente a la perspectiva de agravamiento de la crisis. De hecho, el gobierno del FA viene aplicando recortes y ha lanzado una ofensiva contra los funcionarios públicos –nuevo Estatuto que quita conquistas y establece contratos precarios. El jueves 22 habrá un paro general parcial en Uruguay, que aunque tiene como punto de partida todas estas realidades, no apunta a un plan de lucha para aumentar los salarios o quebrar la “reforma del Estado”; por el contrario, la dirección sindical apunta sus baterías contra la “derecha social”, ocultando la política del gobierno contra los trabajadores. La experiencia del PO y del Frente de Izquierda de Argentina muestra que es necesaria una diferenciación clasista en el seno del movimiento obrero de Uruguay, frente al gobierno de colaboración de clases del FA, para desarrollar una izquierda consecuente, que superaría el actual pantano político en el que se encuentra el sindicalismo.

Rafael Fernández

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