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17 de julio de 2014 | #1323

Noticiero internacional

Los estatales británicos paran contra el ajuste

Cerca de un millón de empleados públicos británicos pararon el 10 de julio contra el congelamiento salarial (aplicado desde 2012), las privatizaciones, los despidos y el aumento de la edad jubilatoria. El paro incluyó cierres de escuelas, museos, cuarteles de bomberos y reparticiones públicas. Durante la jornada, hubo piquetes de huelga y más de cincuenta movilizaciones. Como en oportunidad de la reciente huelga del subte de Londres contra los despidos, el primer ministro David Cameron encabezó los ataques contra los huelguistas al anunciar una propuesta que condiciona la legalidad de una huelga a un piso determinado de afiliados de un sindicato que voten por ella -o sea una intromisión estatal en la vida de las organizaciones obreras.

Sudáfrica: ahora los metalúrgicos

Cerca de 200 mil obreros nucleados en la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa, un gremio que retiró su apoyo al CNA en las últimas elecciones presidenciales) ingresaron en huelga por tiempo indeterminado a comienzos de julio, en reclamo de un aumento salarial de entre el 12 y 15 por ciento anual (las patronales ofrecen menos del 10 por ciento). La medida, que fue acompañada por masivas movilizaciones en Johannesburgo, Durban, Ciudad del Cabo, East London y Port Elizabeth, se inició a escasos días de finalizada la huelga de más de cinco meses de los mineros del platino. La huelga impacta en la producción de hierro y acero, en la fabricación de piezas de automotores y en la construcción de dos centrales eléctricas. El ministro de Finanzas exhortó a una mayor cooperación obrero-patronal para superar una conflictividad laboral en ascenso. Una compacta campaña de prensa, que incluye a Prensa Latina, responsabiliza a las huelgas obreras por la desaceleración económica que vive el país.

Bolivia: Evo Morales legaliza el trabajo infantil

El gobierno de Evo Morales aprobó, con el apoyo de toda la oposición, una nueva legislación que mantiene la edad mínima laborable en catorce años e introduce la posibilidad de bajarla a diez. Según el MAS, la reducción de la edad permitiría erradicar la pobreza extrema antes de 2025. Buscan descargar la explotación y los bajos salarios no sólo sobre los adultos, sino sobre toda la familia, pero ahora de forma legal. El gobierno se justificó indicando que buscan una regulación estatal de una práctica basada en rasgos culturales ancestrales. Morales sostuvo que "en las áreas rurales, desde el momento en que se aprende a caminar, uno ya presta un servicio a la familia. No es explotación, es sacrificado, pero eso es vivencia misma". Este mismo argumento usó Oyarbide, en 2008, para justificar el trabajo semiesclavo en talleres textiles clandestinos para la empresa Soho como parte de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano."

Según la Encuesta de Trabajo Infantil, realizada por el Estado boliviano en 2008, 850 mil niños trabajan inmersos en las peores formas de trabajo: vendiendo en los mercados, cantando en las paradas de los microbuses, trabajando de mineros, albañiles o en la cosecha.

Organismos privados elevan la cifra incluso a un millón. La OIT sólo anunció que iba a tomarse un tiempo para "investigar" esta medida que viola los parámetros ya vergonzosos del organismo internacional, que hoy promueve un mínimo laborable de 15 años de edad para los países "en vías de desarrollo", e incluso indica que pueden realizarse trabajos leves entre los 12 y 14 años, mientras no se amenace su salud o educación de los niños.

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