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10 de julio de 2018

Insurrección popular en Haití

Una tendencia en América Latina. Escriben: Jorge Altamira y Martín Sánchez

Versione italiana
El anuncio del aumento de las tarifas del combustible y el querosén desataron, este viernes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, una insurrección de masas. El gobierno había anunciado la entrada en vigor un tarifazo del 37% de la gasolina, de un 40% en el diesel y más de un 50% en el querosén (utilizado comúnmente para iluminar y calefaccionar los hogares). Las medidas formaban parte de un paquete de ‘ajustes’ firmado por el gobierno en febrero pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Policía Nacional se encontró totalmente desbordada por la magnitud del levantamiento. Un policía murió linchado y un guardia de seguridad murió calcinado dentro de su propio vehículo. Los incendios de vehículos, las barricadas y los saqueos rápidamente se extendieron por toda la capital y diferentes puntos del país. 

A pesar de que el sábado, el presidente y el primer ministro anunciaron que daban marcha atrás con los aumentos, las protestas continuaron. El domingo alcanzaron la ciudad de Cabo Haitiano (norte), Les Cayes (sur) y Malpasse (sureste), fronteriza con República Dominicana, donde fueron incendiadas las oficinas aduaneras. Los sindicatos de transportistas han convocado una huelga durante lunes y martes, que ha paralizado las principales ciudades.

Bronca

Las brutales condiciones de miseria y atraso a las que son sometidas las masas haitianas no tienen parangón. Según datos de la ONU, más del 80% de la población sobrevive con menos de 2 dólares diarios y un 63% no puede suplir sus necesidades básicas de alimentos. Según estadísticas del Banco Mundial, sólo el 2% de sus habitantes gana por encima de los 10 dólares diarios.

La infraestructura ultra-precaria hace de Haití una nación extremadamente vulnerable a las catástrofes naturales. El terremoto de 2010 se cobró 300 mil vidas, el paso del huracán Matthew casi mil. Sin embargo, su vecino República Dominicana, en la misma Isla, que cuenta con casi la misma cantidad de población (10 millones de habitantes), no registró ninguna muerte producto del terremoto y, aunque sufrió el paso de Matthew en menor intensidad, sólo consignó cuatro muertos.

Semejante situación social es una olla a presión. En 2004, tras el golpe de estado perpetuado contra el gobierno de Jean-Bertrand Aristide (calificado como ‘populista’), se conformó la Minustah, una fuerza militar encabezada por tropas de Brasil (Lula) y Argentina (Néstor Kirchner) con la colaboración de todos los países latinoamericanos, a excepción de Venezuela y Cuba, e incluso la participación de China. El financiamiento de esta fuerza de ocupación corrió a cargo de la ONU, o sea de las potencias imperialistas. La “misión de paz” rápidamente se convirtió en el centro de la bronca popular y el repudio internacional. La Minustah protagonizó abusos de todo tipo, incluidos escándalos de explotación sexual de menores, y fue responsable una epidemia de cólera que afectó a 800 mil haitianos y provocó diez mil fallecidos. Esta experiencia de horrores llevó al suicidio a un general del ejército de Brasil.

Super-explotación capitalista

Haití no solamente es un paraíso de la super-explotación capitalista, concentrada en un reducido núcleo de exportadores.

El terremoto de 2010 fue aprovechado para impulsar el gran negociado la “reconstrucción”. Lo mismo ha ocurrido en Irak y es lo que figura en la agenda acerca de la ‘normalización política en Siria. La ‘ayuda humanitaria’ fue la ocasión de gigantescos hechos de corrupción y de lavado de dinero. Envolvieron a grandes grupos multinacionales, a la Cruz Roja Internacional y a los ‘arquitectos’ del esquema – el matrimonio Clinton. Los escombros tardaron años en removerse y miles de personas que perdieron su hogar durante el terremoto siguen viviendo en campamentos de refugiados.

Una parte importante de los fondos de ‘reconstrucción’ fue destinada a erigir nuevos hoteles de lujo para el turismo y de zonas francas industriales en condiciones de trabajo que lindan con la esclavitud. Los 30.000 trabajadores –casi dos tercios, mujeres– de las plantas que funcionan en las zonas francas se dedican fundamentalmente a la confección de vestimenta para firmas como las estadounidenses GAP, Levi’s, y Walmart. Se incumplen las leyes que regulan las condiciones de trabajo, las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera se respeta el miserable salario mínimo fijado por ley de U$S 4,84 por día.

Por otro lado, la explotación de los recursos naturales no cuenta con ninguna regulación. La deforestación ya es casi absoluta (se calcula que sólo queda un 2% de superficie boscosa original). Ahora el gobierno ha otorgado grandes exenciones impositivas a las empresas mineras para la explotación a cielo abierto. Los recursos mineros de Haití se han calculado en 20.000 millones de dólares. Inversores estadounidenses y canadienses han gastado más de 30 millones de dólares en los últimos años en perforaciones exploratorias y otras actividades relacionadas con la minería.

Miles de haitianos han emigrado a Estados Unidos y otros países, donde ofician como una reserva de mano de obra precarizada. Esto no impide que remesas que los haitianos en el exterior envían a su país representen el 22,4% de su bajísimo PBI. Sogebank, uno de los bancos más grandes, opera como agente local de Western Union y monopoliza el mercado formal de remesas, con comisiones abusivas.
Obviamente, persiste el empleo generalizado de menores en el servicio doméstico, conocidos como restavèks, en su mayoría niñas. Si bien no hay cálculos precisos, algunos estiman que entre 225.000 y 300.000 niños trabajan como restavèks. A menudo, estos menores no reciben pago alguno y por supuesto no tienen acceso a educación. Son abusados física o sexualmente. Además, muchos menores son víctimas del tráfico de personas o utilizados en el contrabando de armas o de drogas.

El actual gobierno asumió después de un proceso eleccionario sumamente fraudulento, postergado durante dos años y en el cual participó sólo el 20% de la población. Entre otros compromisos internacionales, asumió reconstruir el ejército nacional para permitir la salida de las tropas extranjeras cuyo financiamiento se calcula en miles de millones de dólares. 

En este contexto la Minustah fue sustituida por una nueva fuerza militar de la ONU, la MINUSTJUTH, una fuerza más reducida con la cual también colabora la Gendarmería de Argentina. 

La cuestión de la dirección política

De acuerdo a la evaluación de periodistas en el terreno, la insurrección no tiene coordinación y carece de dirección política. Fue precedida, sin embargo, por una huelga general lanzada por los sindicatos, pero obviamente sin dirección estratégica. Esto significa, en primer lugar, que el ‘populismo’ en Haití, históricamente muy fuerte entre las masas, no ha desarrollado ningún trabajo de preparación política y que está ausente en el levantamiento, en su condición de tendencia política. Es probable que sea convocado por el imperialismo, como ha ocurrido en el pasado, cuando se fue desintegrando la dictadura de los Duvalier, padre e hijo, para desviar el movimiento popular hacia ‘canales institucionales’. Es lo que ha ocurrido repetidamente en América Latina. Las masas haitianas están excluidas de la educación formal, pero no por ello son menos politizadas. Llevaron al gobierno al sacerdote Aristide, que fracasó en forma miserable, luego de actuar como correa de transmisión del partido Demócrata de Estados Unidos y de la familia Clinton, para poner un freno a las insurrecciones de hace dos décadas.  El año pasado, los sindicaos declararon una huelga general, sin que la prensa internacional prestara la menor atención, para reclamar el aumento del salario mínimo. Por otro lado, se ha abierto una ‘grieta’ en el gobierno, cuyo ministro de comunicaciones, desmintió al presidente acerca de retrotraer las tarifas al nivel precedente.  

La crisis de dirección de la insurrección haitiana pone de nuevo en agenda la responsabilidad política del conjunto de la izquierda de lucha de clases y de todo el activismo combativo en América Latina. Es necesario un frente único a escala continental para apoyar las insurrecciones (Haití), levantamientos populares (Nicaragua), la necesidad de una salida obrera al derrumbe social (Venezuela) y las crisis de conjunto de todos los regímenes políticos de América Latina, en la perspectiva estratégica de un Gobierno de Trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina. La intervención en la crisis de conjunto de los regímenes políticos patronales en América Latina, ‘neo-liberales’ y ‘populistas’, y en las luchas de los obreros y campesinos, está claramente en la agenda. La crisis mundial, por un lado, y la movilización popular, por el otro, han abierto perspectivas revolucionarias que deben ser preparadas políticamente. El gobierno actual de Haití es el resultado de elecciones fraudulentas, en las que obtuvo un cuarto de los votos. 

Frente a este desplome planteamos: por gobiernos de trabajadores (obreros y campesinos) y la Unidad Socialista de América Latina. 
En Haití, concretamente, se plantea: retiro inmediato de la MINUSTJUTH. Fuera las tropas argentinas de Haití. Confiscación de la gran propiedad agraria, de los monopolios de exportación y de los bancos. Por el control y la gestión obrera colectiva.

Convertir a la huelga general en indefinida. Elección de un Comité nacional de Huelga. Formación de milicias obreras y campesinas.

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