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7 de septiembre de 2006 | #962

Bolivia: Las nacionalizaciones y la Constituyente en la picota

Hace tres semanas, los voceros más destacados del gobierno boliviano salieron a informar que la nacionalización de los hidrocarburos decretada hace cinco meses se encontraba estancada: de un lado, no habían avanzado las auditorías para establecer el valor real de las inversiones realizadas por las compañías; del otro lado, el gobierno no había reunido los fondos para pagar las acciones que le darían la mayoría del capital de las empresas. En ese mismo momento se conoció que Bolivia estaba gestionando un préstamo del BID para financiar la nacionalización de los hidrocarburos.

La nacionalización encarada por Evo Morales, ajustada a los términos de la Constitución del Estado y con un respeto a rajatablas de la propiedad privada (aunque fuera una propiedad privada que había se había establecido como consecuencia del saqueo de los activos y reservas de YPFB); esta nacionalización se estaba derrumbando en sus propios términos. El Estado boliviano no tenía la capacidad financiera ni de organización para llevar a término su propia política. Esto lo habíamos ya advertido desde Prensa Obrera y desde El Obrero Internacional desde el primer momento: la independencia nacional de Bolivia pasa por la organización del Estado sobre nuevas bases, o sea por la vía de la revolución social, no al revés, toda vez que la nacionalización de los recursos estratégicos solamente es posible por medio de la movilización y el control y gestión de los obreros y campesinos, así como recurriendo a medidas expropiatorias. La burocracia del capitalismo boliviano no tiene condiciones ni recursos para plantarse ante los monopolios internacionales. En los mismos días en que el gobierno advertía a la opinión pública de sus propias limitaciones, se veía obligado a renunciar el presidente de YPFB, acusado de una exportación ilegal de crudo por medio de una empresa privada.

Esta situación de impasse refleja la presión descomunal que ejercen sobre Bolivia los capitales internacionales y los Estados extranjeros que los respaldan, en especial Brasil, España y ¿por qué no? Argentina. En defensa de Petrobras, cuya mayoría accionaria se encuentra en manos de fondos internacionales, el gobierno de Lula pretende mantener vigente un contrato que le asegura el abastecimiento de gas por dos décadas a precios de regalo. España, por su lado, reclama fuertes indemnizaciones para Repsol, en un intento de trabar la nacionalización. Kirchner, por su lado, firmó un acuerdo con Morales por seis meses solamente, apremiado por la crisis energética de Argentina, pero con la intención de patear el tablero cuando se venza el plazo, esto según evolucionen las negociaciones de Bolivia con España y Brasil. Además de su socia de viejos tiempos, Repsol, Kirchner también defiende otros intereses ‘argentinos’, los del aventurero Bulgheroni, que regentea Pan American Energy.

Lo que sorprendió en esta crisis fue la abstención completa de Venezuela, en particular cuando se tiene en cuenta la locuacidad de su Presidente y su respetable tendencia a meterse en cuanto conflicto se le ponga a tiro. Venezuela tiene los recursos y la organización necesarias para ayudar a Bolivia en sus primeros pasos nacionalistas. El proyecto de un Petrosur se evaporaba cuando era más necesario que nunca. Pero las explicaciones huelgan, pues Venezuela tiene excelentes relaciones y por sobre todo compromisos con Repsol y con Petrobras, como asimismo con Lula, Zapatero y Kirchner. La asociación al Mercosur y los contratos con los pulpos petroleros en el Orinoco no pueden ser arriesgados por una defensa de Bolivia. Las limitaciones de Petrosur quedaron al descubierto mucho antes que la más escéptica de las previsiones. Evo Morales tampoco presionó mucho, primero porque no le hubiera servido probablemente de nada y, segundo, porque tiene otra preocupación, que es salvar las preferencias arancelarias que le otorga Estados Unidos a las exportaciones textiles de Bolivia.

A nadie se le escapa que el desmoronamiento de las nacionalizaciones de Evo Morales sería el fin de su gobierno y podría desencadenar una revolución social en regla. Por eso el imperialismo aprieta pero no ahoga; no tiene un recambio. Los propios capitales extranjeros están abocados ahora a salvar las nacionalizaciones bolivianas, para lo cual han comenzado a pagar los nuevos impuestos establecidos por ley. A cambio pretenderán imponer un acuerdo de largo plazo que les garantice el control efectivo de toda la cadena del proceso productivo —por ejemplo, mediante designación de ministros y funcionarios de común acuerdo o estableciendo medidas regulatorias que les sean convenientes. O en el caso de Brasil, un acuerdo conveniente de precios y la salvaguarda de los intereses de Petrobras. Si el Estado pretende una tajada mayor de la renta petrolera, las petroleras pretenden, a cambio, una tajada mayor del Estado.

La inauguración de la Asamblea Constituyente agudizó aún más la enorme crisis desatada por el derrumbe de la nacionalización petrolera. Es claro que aunque la derecha es minoría de la Convención, venía alzada por el crecimiento de la conspiración de los pulpos. Para Evo Morales, por el contrario, es el último recurso para asentar su gobierno. Por eso desconoció los acuerdos que establecían que la reforma de la Constitución exigía una mayoría de dos tercios, que no tiene, y amenazó con la disolución del Parlamento y aún de la Justicia, a partir de declarar a la Constituyente originaria y soberana, o sea que, por un lado, desconoce cualquier institución política anterior a ella misma y, por el otro, se arroga la totalidad del poder político. El conjunto de la oposición se unió a los Comités Cívicos de las zonas petroleras, que responden a los pulpos y a los latifundistas, para declarar un paro general, que podría derivar en una huelga indefinida. Al rescate de la Constituyente salió el vice de Evo, García Linera, que opera como ala derecha del gobierno, con la propuesta de que la futura Constitución deba ser aprobada por un referendo popular —lo que diluye la posibilidad de una disolución de las actuales instituciones hasta después de ese referendo, y, de nuevo, patea la pelota para afuera.

Tal como lo habíamos previsto en artículos precedentes, la cuestión petrolera y la de la refundación constitucional han suscitado crisis de conjunto, potencialmente revolucionarias, que ningún partido de izquierda está en condiciones de explotar, esto debido a una ‘rigurosa’ política de abstencionismo y neutralidad frente a la crisis política y a los acontecimientos principales. Mientras la izquierda se abstuvo en el referendo sobre las autonomías regionales, la huelga de los derechistas comités cívicos encierra potencialmente una perspectiva de secesión estatal, lo que transforma al neutralismo en contrarrevolución.

La crisis político-constitucional ha llegado a tal extremo, que el gobierno está considerando la posibilidad de trasladar las sesiones a otra ciudad, debido a las agresiones que reciben los campesinos que se movilizan a Sucre, donde tienen lugar. El mismo gobierno y el MAS están pergeñando un proyecto constitucional campesinista, que daría rango constitucional a reglas vigentes en las comunidades agrarias. La utopía del ‘capitalismo andino’ se cristalizaría de este modo en un código, lo cual en la práctica desmembraría jurídicamente a Bolivia, dado que sólo podría ser impuesto como norma nacional si tiene éxito una sangrienta guerra contra las ciudades. La pequeña burguesía que comparte el comando del MAS es incapaz, por una parte, de enfrentarse a los métodos de control social que ejercen las jerarquías agrarias sobre las masas campesinas y, de otra parte, son también incapaces de movilizar los métodos asamblearios campesinos para unir a sus masas bajo la dirección de la clase obrera socialista.

Los Estados capitalistas, en especial los de América Latina, tienen los medios políticos para cerrar compromisos entre las clases que bloqueen la tendencia de Bolivia a la guerra civil; aunque las contradicciones sociales son explosivas, las clases sociales no han madurado para un enfrentamiento definitivo. Por el contrario, la tendencia sigue siendo a la prevención. El gobierno intuye esta situación y en sus llamados políticos apela cada vez más a las fuerzas armadas, para reforzar su propio poder de arbitraje, creyendo que los uniformados se guían por los cantos de las sirenas, incluso en un país sin salida al mar. El proyecto político que el gobierno tiene en la cabeza es un régimen bonapartista, o sea de poder personal, a partir de una Asamblea constituyente y de una Constitución que refuerce el peso del campesinado. Pero este régimen necesitaría, por un lado, recursos financieros para subvenir a sus necesidades de conjunto, o sea arreglar con los monopolios petroleros. Por otro lado, estaría obligado a satisfacer, aunque sea parcialmente, los reclamos de tierras de los campesinos.

El gobierno de Evo Morales, no importa la magnitud de sus limitaciones, protagoniza un período de transición histórica, esto porque es el resultado deformado de un conjunto de revoluciones e insurrecciones que hacen frente a la descomposición de las modalidades de la explotación capitalista, pero sin la capacidad de convertirse en el punto de partida de una nueva experiencia histórica. Esta etapa de transición ha traído a la superficie grandes elementos novedosos, el principal de los cuales es la tentativa de asentar un sistema político en la regimentación de la masa campesina, para oponerla al mismo tiempo a las presiones de la oligarquía y el imperialismo, de un lado, y a las presiones del proletariado e incluso del semi-proletariado urbano, que se diferencia del campesino, del otro.

Con referencia a los problemas inmediatos planteados por esta transición, creemos necesario, en primer lugar, aprovechar el empantanamiento de la nacionalización burguesa para plantear la expropiación sin pago de los pulpos y el control obrero, no solamente por medio de la agitación y la acción directa, sino también en el terreno constitucional. Con respecto a la oposición de la derecha y de los terratenientes, de una parte, a que la Constituyente sea soberana y originaria, y a la tentativa del gobierno, de otra parte, de regimentar a la Constituyente y usarla para implantar un régimen bonapartista; contra un planteo y el otro, es necesario avanzar en un programa de expropiación de la oligarquía y de reparto de la tierra por parte de comités campesinos; organizar comités agrarios y urbanos que se movilicen por este programa; reclamar la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con respecto al salario, la educación y el trabajo, tanto al gobierno como a la Constituyente; armar a los trabajadores para reprimir las tentativas golpistas o los lock outs de los grandes capitales y de los terratenientes. El carácter del proceso político actual no está determinado por el reglamento que se le fije o haya votado para la Constituyente, sino por la confrontación general de las clases en conflicto y por la orientación que establezca la parte políticamente más avanzada del proletariado y de la juventud.

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