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14 de diciembre de 2018

“Ley de esclavos”: la reforma laboral votada en Hungría

El pasado miércoles se aprobó en el parlamento húngaro la reforma al Código de Trabajo promulgada por el ultraderechista primer ministro Viktor Orbán, que por su carácter flexibilizador ha sido denominada como la “Ley de esclavos”.

La reforma laboral supone una ampliación del 60% de las horas extras permisibles al año, de 250 a 400, lo que para trabajadores con jornadas de ocho horas equivaldría a un día de trabajo más por semana. Las patronales podrán pagar las horas extras hasta 3 años después de realizadas (el triple de lo que se estipulaba hasta ahora).

Junto con ello, la nueva legislación golpea directamente la organización sindical, al habilitar la negociación de tales horas extras de manera individual y pasando por encima de los convenios colectivos. Voceros de la coalición gobernante describieron las movilizaciones contra la reforma como un “intento de pánico” de los sindicatos para salvarse a sí mismos, lo que para un comentarista “quizá signifique que el gobierno busca eliminar a los sindicatos completamente” (Hungarian Spectrum, 12/8).

La ley está en sintonía con las aspiraciones del militar brasileño Jair Bolsonaro, cuyo triunfo saludó Orbán, pero también de la reforma laboral impuesta el año pasado por el “democrático” mandatario francés Emmanuel Macron, que limita indemnizaciones, allana despidos, golpea la jornada de 35 horas semanales y prioriza las negociaciones directas entre empresario y trabajador. En definitiva, “populistas” y “europeístas” coinciden en el ataque sobre la clase trabajadora.

La medida está hecha a la medida de las multinacionales que operan en el país, como las automotrices alemanas, en búsqueda de abaratar la mano de obra. Un sociólogo húngaro apunta que “un asombroso porcentaje del PIB lo producen unas pocas multinacionales con sede en la Unión Europea, que han transformado al país en una economía de tipo ‘maquiladora’ no muy diferente a la que se podía encontrar en algunas zonas de Latinoamérica hace una generación” (SinPermiso, 15/4).

El sábado tuvo lugar una marcha contra la reforma llamada por la Confederación Húngara de Sindicatos, que reunió a 10 mil personas. La del día de la votación, en el centro de Budapest, debió hacer frente a la represión de la policía, con gases lacrimógenos y la detención de 34 manifestantes. Finalmente ayer, convocadas por organizaciones estudiantiles, marcharon 3 mil personas, que realizaron bloqueos en avenidas y puentes de la ciudad capital.

La limitada convocatoria de las protestas no se condice con la gravedad del ataque ni con el rechazo popular que ha suscitado: según la consultora Policy Agenda, un 83% de los húngaros se opone a la misma. Un dato no menor si se tiene en cuenta que el partido de Orbán, que agita la reforma como una forma de atraer inversionistas, obtuvo un 49% en las elecciones de abril. La segunda fuerza más votada en esa ocasión, la fascistizante Jobbik, tomó nota del rechazo popular, votando y movilizándose en contra.

Junto a la ley flexibilizadora, fue votada una reforma judicial que aumenta el poder de arbitrio del gobierno, colocando bajo control del Ministerio de Justicia la elección de nuevos jueces y la determinación del presupuesto de los tribunales administrativos.

Orbán gobierna desde 2010 y ganó cierta notoriedad internacional por su política brutal contra los migrantes. Pese a los choques que mantiene con las potencias de la UE, su partido aún forma parte del Partido Popular Europeo (integrado por partidos como la Unión Demócrata Cristiana –CDU- de la canciller alemana, Angela Merkel, o el Partido Popular –PP- español, de Pablo Casado).

Algunos grupos opositores flamearon la bandera de la UE en las movilizaciones. Pero la UE no deja de revelarse como un factor de opresión de los trabajadores de adentro y afuera de Europa, y de las potencias del bloque por sobre sus países más débiles. El caso de Hungría, la “maquila” de las automotrices alemanas, lo revela crudamente.

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