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27 de abril de 2019

El paro nacional y la situación política en Colombia

El jueves 25 se llevó a cabo un paro nacional con movilizaciones en Colombia convocado por las principales centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), que contó con la participación del movimiento estudiantil, organizaciones campesinas, ambientalistas y sociales.

El paro –especialmente fuerte en la docencia- fue convocado en rechazo del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que actualmente está en debate en el Congreso, así como en repudio a los crímenes contra activistas sociales y en defensa de los acuerdos de paz con las Farc, en los que el gobierno pretende introducir modificaciones.

La convocatoria a la jornada del 25 denuncia que el plan de Duque implica una profundización de la flexibilización laboral (“elimina el salario mínimo en Colombia con la contratación por horas”, según un dirigente de la CUT) y promueve una reforma jubilatoria que apunta a imponer “pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro”, según el dirigente de una de las organizaciones de jubilados que se sumó a la medida.

El asesinato de referentes sociales y activistas, según la Defensoría del Pueblo colombiana, asciende a 278 desde el 1° de enero de 2018, lo que evidencia la persistencia del terror paraestatal y terrateniente.

Obstáculos

Los aspectos antiobreros del Plan Nacional de Desarrollo se completan con una orientación de ajuste fiscal para garantizar el pago de la deuda (que hoy asciende a un 40% del PBI) y el vínculo con el FMI. Algunos dicen que detrás del Plan está el propósito de Duque de mantener en la órbita un posible préstamo por más de 11 mil millones de dólares (Sputnik, 28/3). Como parte del recorte del gasto, está prevista una supresión de subsidios en la energía que podría disparar hasta un 18% las tarifas en sectores populares.

Al mismo tiempo, el plan consolida la matriz extractiva de la economía colombiana, dependiente del petróleo y la minería. “El énfasis del pacto está inclinado a favor de los derechos del capital privado para la explotación de materias primas”, resume el economista Diego Guevara (Portafolio.co, 18/3). El gobierno explora, con una fuerte resistencia de las comunidades del interior, el desarrollo del fracking y hay rumores de privatización de Ecopetrol.

Sin embargo, el gobierno de Duque encuentra dificultades para desenvolver su agenda política derechista y de entrega nacional. En primer lugar, ha debido relajar las metas de ajuste fiscal, en parte para atender la diáspora venezolana, que es una verdadera bomba de tiempo (El Espectador, 29/3).

A la vez, ha debido hacer concesiones frente a las enormes movilizaciones estudiantiles y posteriormente frente a las movilizaciones de las comunidades indígenas. En el primer caso, pactó con los rectores un ligero aumento presupuestario para desactivar una huelga universitaria que se extendió por dos por meses. En el segundo caso, también debió incrementar los fondos para las comunidades.

Y tiene dificultades también para imponer una ampliación del IVA.

La guerra y la paz

Un punto especial es el del proceso de paz. Duque, que fue crítico de los acuerdos, está buscando ahora hacer modificaciones en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz. A esto debe añadirse que continúan los asesinatos de activistas en el campo, la captura de viejos territorios guerrilleros por parte de bandas criminales, la expansión de los cultivos de droga, y el naufragio de las negociaciones con el ELN. Como elemento adicional, el gobierno estudia retomar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato en el campo, una política de guerra social contra el campesinado que el ex canciller de Trump, Rex Tillerson, le había exigido reintroducir al ex presidente Juan Manuel Santos (El País, 19/3). Duque, recordemos, es uno de los alfiles de Trump en su política golpista contra Venezuela. Si se tienen en cuenta todos estos elementos, se confirma el fracaso del proceso de paz como tentativa de pacificación y atenuación de los profundos antagonismos sociales en la región.

La lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno intentará imponer con el apoyo del resto de los partidos de derecha en el Congreso, se vuelve en este contexto una batalla clave contra el gobierno reaccionario y proimperialista.

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