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16 de mayo de 2019

Trump refuerza el ataque contra los derechos de las mujeres

Alabama se suma a otros estados que votaron normas contra el aborto legal

En vísperas de la octava presentación del proyecto de Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso Nacional de la República Argentina el 28 de mayo (Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres), la última semana estuvo marcada por una nueva ofensiva frontal por parte de los anti-derechos en Estados Unidos. En el estado de Alabama, núcleo duro del "Deep South" (Sur Profundo), hubo una primera intentona por parte de los senadores del Partido Republicano de prohibir cualquier aborto, un enorme retroceso para los derechos reproductivos de las mujeres. Cuando intentaron eliminar la excepción de permitir abortos causados por violación o incesto, estalló el recinto de la Legislatura y se pasó a un cuarto intermedio. Luego, el martes pasado, entrada la noche, el Senado estatal aprobó por 25 votos a 6 penar con años de cárcel al médico que practicara un aborto. Las únicas excepciones serían si continuar con el embarazo significara un riesgo serio para la salud de la madre, un embarazo ectópico o si el feto tiene una malformación letal. Esta prohibición no excluye los embarazos por violación, una enmienda que insertaron los demócratas y falló en la votación en particular. El miércoles, la gobernadora republicana Kay Ivey firmó la ley. Este no es un caso aislado, sino que es la expresión más avanzada de una oleada de legislaciones misóginas en distintos estados, que pretenden reducir y limitar el acceso al aborto legal, que ha sido legal en los Estados Unidos desde el fallo Roe vs. Wade de la Corte Suprema en el año 1973.

En los estados de Ohio y Georgia también se votaron en las últimas semanas leyes en línea con esta avanzada clerical, que prohíben el aborto desde que se detecta el primer latido fetal, aproximadamente a las seis semanas del embarazo, cuando gran parte de las mujeres todavía no se dieron cuenta de su situación. El objetivo de estas leyes, que se concentran en los estados más conservadores de EE.UU., en el centro y el sur del país, no es una prohibición del aborto en esos estados (inconstitucional), sino un desafío legal al precedente establecido por el fallo Roe vs. Wade, ya que fue este dictamen, una interpretación de la 14va Enmienda de la Constitución, la que habilitó el derecho al aborto, no una ley aprobada por el Congreso. Los gobernadores republicanos no esconden sus intenciones de regimentar aún más el cuerpo de las mujeres, sino que son explícitos, como la gobernadora de Alabama que declaró: "Esta ley es un testamento poderoso de la creencia profundamente arraigada del pueblo de Alabama que cada vida es preciosa y un regalo sagrado de Dios. (...) esta ley en el corto plazo pareciera ser inaplicable. (...) Los firmantes de la ley, incluyéndome, creemos que es hora de que la Corte Suprema de los EE.UU. revea este asunto importante". Lo que esperan es una denuncia por inconstitucionalidad por parte de alguna ONG pro-elección como Planned Parenthood o ACLU, para que esta sea seleccionada por la Corte Suprema como caso a tratar, y que una resolución que declare constitucional lo votado en Alabama establezca un nuevo precedente que prohibiría el aborto.

En violeta, los estados con las leyes pro-elección más protegidas, en naranja las leyes más afines a los anti-derechos.

Ya son 24 los estados que han aprobado o cuyas Legislaturas están tratando leyes para virtualmente prohibir el acceso a un aborto seguro. Esta oleada se da en paralelo con el cambio en la composición de la Corte Suprema, en la que Trump logró sumar a dos elementos ultraconservadores. Esta fue una de sus principales promesas de campaña, meter jueces en la Corte que revirtieran el fallo y volvieran a ilegalizar el aborto a nivel nacional, empujando de esa manera nuevamente a las mujeres a la clandestinidad del aborto. Las complicaciones de abortos clandestinos eran la principal causa de muerte de las mujeres gestantes antes de 1973, tan solo con los números reportados oficialmente por los gobiernos estatales. Esta promesa por parte de Trump durante la campaña de 2016 fue una de las principales causas por las que las Iglesias Evangelistas, Metodistas, Católicas y Mormonas que dominan el interior del país le dieran su apoyo y lo secundaron en estados clave que definieron la elección. Son esas mismas Iglesias las que encubrieron decenas de miles de casos de abuso infantil en su seno, como por ejemplo los mil casos que se descubrieron en el Estado de Pensilvania en 2018, lo cual sería solo la punta del iceberg del abuso infantil por parte de esta institución oscurantista y perversa. De hecho, el presidente Trump volvió a la carga contra el derecho al aborto en su discurso del Estado de la Unión frente a la Asamblea Legislativa a principios de este año, renovando su compromiso con las Iglesias de prohibir por completo el acceso al aborto legal.

Fueron dos los jueces que nominó y logró confirmar Trump desde que comenzó su mandato en la Corte Suprema: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. La nominación de este último a fines del año 2018 generó revuelo ya que, al conocerse esta información, una profesora de psicología de la Universidad de Palo Alto denunció que Kavanaugh había abusado sexualmente de ella en la secundaria, junto con otras dos mujeres. Esto suscitó enormes movilizaciones de mujeres que se opusieron a su confirmación en la Corte, pero que no prosperaron debido a la desmovilización que propugnaba el Partido Demócrata, cuya estrategia fue oponerse a su postulación en lo que sabían que iba a ser una votación perdida, en un Senado controlado por los republicanos. Esta operación por parte del gobierno de Trump interpelaba en dos planos muy sentidos por el movimiento de mujeres en los Estados Unidos: el #MeToo que nació en Hollywood tras las múltiples denuncias de abuso sexual y se amplió a todo el país, y la defensa del derecho al aborto. En vez de potenciar este poderoso movimiento, el Partido Demócrata, supuesto abanderado de los derechos de las mujeres, llamó a desmovilizar y a una resolución parlamentaria que finalmente fracasó, en otras palabras: crónica de una muerte anunciada. No solo esto, sino que durante los mandatos que tuvo luego del año 1973, nunca impulsó una ley en el Congreso del cual tuvo mayoría en ambas cámaras múltiples veces, para independizar el derecho del aborto de un fallo que podía ser revertido apenas cambiara la composición de la Corte Suprema.

Masivas movilizaciones de las mujeres contra la nominación de Kavanaugh.

El avance de Trump también ha despertado cuestionamientos en el ambiente artístico. Celebridades de Hollywood se comprometieron a boicotear a los estados que avanzaran contra el derecho al aborto, no yendo a filmar sus películas y series ahí hasta que la situación cambie. Entre ellos se encuentran el comediante Alec Baldwin, Sean Penn, Natalie Portman, y más de cien otros nombres. Por otro lado, la actriz Alyssa Milano impulsa un "paro sexual" en el cual las mujeres no tendrían relaciones hasta que sus derechos reproductivos estén garantizados. El problema con esta medida es que convierte a la relación sexual en un servicio que la mujer le hace a su pareja sexual, y no en una fuente de goce entre dos personas. Las acciones de lucha no deben estar dirigidas contra los hombres, que no son quienes prohíben el derecho al aborto, sino contra el régimen oscurantista de Trump que quiere quitarles a las mujeres el derecho a decidir. Solamente la organización independiente de las mujeres y hombres movilizadas y movilizados en la calle será capaz de defender este derecho elemental y derrotar este ataque clerical, ya que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tienen fuertes ligazones con las diferentes Iglesias que controlan y funcionan como herramienta de disciplinamiento social en los Estados Unidos.

El aborto legal, seguro y gratuito, como las demás reivindicaciones del poderoso movimiento de mujeres a nivel mundial, nunca serán derechos garantizados plenamente en el capitalismo.

La independencia del movimiento de mujeres de los partidos patronales que lleve esta lucha hasta el final es la única manera de defender el derecho a decidir.

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