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13 de julio de 2019

Venezuela, detrás del “diálogo”

El gobierno venezolano y la oposición golpista acordaron en Barbados la formación de una mesa de trabajo permanente, como parte de las negociaciones patrocinadas por Noruega y que cuentan con el beneplácito de un sector del imperialismo. Aunque se trata de conversaciones reservadas, circulan versiones que indican que se está discutiendo la convocatoria a nuevas elecciones. Esa variante, en discusiones previas, se había estrellado contra el veto opositor a la participación en ellas de Maduro.

Tras el fracaso de las intentonas golpistas, que no consiguieron dividir a las Fuerzas Armadas, Juan Guaidó se vio empujado a un diálogo que siempre había desestimado como un espacio que Maduro puede aprovechar para ganar tiempo. La veloz debacle del autoproclamado presidente ha incentivado las divisiones en las filas opositoras, como amargamente reconoció el secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, el que en pocos días más pisará la Argentina. “Nuestro dilema, que es mantener la oposición unida, ha demostrado ser endiabladamente difícil” (La Nación, 7/6), dijo, en referencia a la cantidad de referentes que se disputan el apoyo yanqui y se presentan como relevos de Maduro.

Algunos sectores de la oposición, inclusive, rechazan el diálogo y se animan a reclamar la renuncia del jefe de la Asamblea Nacional. “Grupos radicalizados de la disidencia llevan semanas haciendo señalamientos a Guaidó, a quien le achacan el estancamiento en la lucha por el cese de la usurpación y le piden que solicite la ayuda de una coalición internacional o pida de manera expresa una intervención militar” (El País, 7/7). Para tratar de contener a estos sectores, Guaidó prometió avanzar en el reingreso de Venezuela al Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que puede ser usado como paraguas de una invasión extranjera.

Mientras tanto, al interior de la diplomacia yanqui, el blef de Guaidó habría fortalecido a Elliots Abrams, representante especial para Venezuela, más partidario de la “salida negociada”, en detrimento de Bolton-Pompeo, proclives a la acción militar (La Nación, ídem).

La táctica belicosa ha tenido un obstáculo adicional. Chevron, asociada al estado venezolano en importantes proyectos petroleros, ha pedido a Trump una ampliación de su licencia para operar en el país, comprometida por las sanciones económicas dispuestas por la administración norteamericana. Un retiro de Chevron plantea la posibilidad de una nacionalización de sus activos y su reventa a Rusia, debilitando la influencia yanqui en la región.

En resumen, la ofensiva golpista tropieza con todo tipo de obstáculos, empujando las cosas al arenoso terreno de las negociaciones.

Ajuste y represión

En un cuadro de debilitamiento y de división opositora, el principal problema del régimen es la bancarrota económica. La producción de petróleo, el principal producto de exportación del país, se derrumbó a 700 mil barriles diarios. Las importaciones caen en picada por la falta de divisas y las empresas están operando al 18% de la capacidad instalada (ídem, 18/6). La actividad agropecuaria está severamente afectada por la falta de transportes, repuestos y fertilizantes. Escasean los combustibles (y se desarrolla un mercado negro de gasolina) y productos de primera necesidad. La situación se vuelve intolerable para las masas: el costo de la canasta alimentaria en Maracaibo, capital del estado de Zulia, “asciende a 83,8 salarios mínimos, a sabiendas de que el salario establecido por el Ejecutivo nacional es de 40.000 bolívares” (El Nacional, 10/7). Las sanciones económicas yanquis agravan el desquicio económico.

El gobierno ha emprendido, para enfrentar la hiperinflación, un ajuste de tipo ortodoxo, ajustando el gasto público por debajo de la inflación, lo que impacta en los salarios de los estatales. También aumentó en un 100% los encajes bancarios para limitar la circulación de bolívares. Este plan, que habría conseguido una desaceleración inflacionaria en los últimos meses, plantea sin embargo el peligro de una mayor caída de la actividad económica.

El complemento del ajuste y la carestía es un incremento de la represión. En estos días, frente al desarrollo de protestas por la falta de gas, la policía de Táchira (en manos de la oposición, pero cuya policía está intervenida por el gobierno) dejó ciego a un joven de 16 años tras dispararle 50 balas de goma. “Los efectivos dispararon ‘a quemarropa’ a menos de un metro de los manifestantes” (Ambito, 3/7), según denunció un diputado opositor. Este caso es notable, porque aquí el régimen no puede aducir ninguna actividad “golpista” como atenuante.

La reciente visita al país de Michelle Bachelet, de la ONU, se coronó con un informe que habla de más de 5 mil ejecuciones extrajudiciales en 2018 por parte de las fuerzas de seguridad. Valiéndose de la amenaza golpista, el gobierno ha aprovechado para desarrollar una represión encarnizada contra los sectores populares.

Una salida para Venezuela requiere que las masas emerjan en la crisis con un planteo propio, que les permita aplastar el golpismo y superar al régimen de Maduro.

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