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19 de febrero de 2020

Puerto Rico: otro caso de acuerdo ruinoso con los buitres

La reestructuración de la deuda en la isla

En estos días en que el gobierno de Alberto Fernández negocia una reestructuración de la deuda argentina con el FMI y los bonistas, algunos analistas han posado sus miradas sobre Puerto Rico, donde se anunció recientemente un acuerdo de renegociación de una parte de la deuda pública por alrededor de 35 mil millones de dólares.

Recordemos que la isla caribeña entró en default en 2016, en lo que fue definido como “el caso de bancarrota más grande en la historia del mercado estadounidense de bonos públicos” (The Intercept, 9/5/17). En ese contexto, el Congreso norteamericano votó la formación de una Junta de Supervisión Fiscal que digita los movimientos económicos del país para garantizar el pago a los acreedores y que está encargada de negociar con ellos un acuerdo. La deuda pública portorriqueña asciende a 70 mil millones de dólares y hay además una deuda de 50 mil millones con el sistema previsional.

El proceso se ha caracterizado por la especulación de fondos de inversión y fondos buitre, que compraron bonos a precios de remate para obtener grandes ganancias con su renegociación. Para garantizar los negociados de los especuladores, se somete a las masas a grandes privaciones. La Junta impuso recortes drásticos en jubilaciones, salud y educación. Esto en un país donde la pobreza concentra a más del 40% de la población.

El ajuste estuvo en la base de la rebelión que el año pasado echó del poder al gobernador Ricky Rosselló (Partido Nuevo Progresista) y que reclamó también que se vaya la Junta. El detonante de aquella revuelta fue la difusión de una serie de chats telefónicos del gobernador con sus ministros, llenos de referencias misóginas y homofóbicas y en que se mofaban de las víctimas del huracán María, que dejó más de 3 mil muertos en 2017 y pérdidas por 100 mil millones de dólares. Rosselló fue relevado en el cargo por la actual gobernadora Wanda Vázquez (también del PNP), quien se asentó en el cargo a raíz de la impugnación del segundo en la línea de sucesión, Pedro Pierluisi, por parte del Tribunal Supremo.

El acuerdo recientemente anunciado por 35 mil millones de dólares, que engloba deuda de la administración central y de la Autoridad de Edificios Públicos, sellado con un puñado de fondos de inversión, ha nacido con fuertes cuestionamientos y aún debe ser aprobado por la jueza de la quiebra y la legislatura boricua. La gobernadora Vázquez, que le había dado el visto bueno a un acuerdo preliminar semejante el año pasado, viró de posición ante el acercamiento de las elecciones primarias y de gobernador que deben desarrollarse este año. Planteó, así, su rechazo al recorte de 8,5% a las jubilaciones de más de 1200 dólares que se establece como parte del acuerdo.

La Junta ha presentado los hechos como “una victoria de Puerto Rico”, dado que se establecería una quita de aproximadamente el 70% (la deuda cae de 35 a 11 mil millones). El plazo de pago, en tanto, se acorta de 30 a 20 años.

Pero al revés de lo que dice el organismo colonial, se trata de un acuerdo ruinoso. La quita es puramente nominal. A un grupo selecto de inversores (bonos GO) se le asigna prioridad de pago y se le reconocen entre 72 y 75 centavos por dólar cuando los pudieron comprar a 20 o 30 centavos durante la crisis. A estos bonistas se les canjea la mitad de sus bonos por otros (Cofina, una de las cinco entidades que se acogió al proceso de quiebra) que tienen como garantía un porcentaje de un impuesto a las ventas. Otros bonistas –individuales y algunas contratistas- tienen una quita muy superior. Referentes de organizaciones promotoras de una auditoría calculan un recorte promedio del 27%. A su vez, el acuerdo reconoce 6 mil millones de dólares de deuda que hasta ahora se consideraba ilegal.

El acuerdo tiene parecidos con el realizado el año pasado por otra porción de la deuda pública, la de Cofina, por 17 mil millones de dólares. Esa deuda supuso una reducción del monto a cerca de 12 mil millones de dólares a pagar en un plazo de 40 años, con la garantía de un porcentaje de la recaudación impositiva. Pero aquí también, el acuerdo se hizo con bonistas que compraron los títulos a precios de remate. Los bonistas senior sólo tuvieron una quita del 7% y los titulares de bonos subordinados de alrededor del 46%.

Pasando en limpio, sólo una pequeña parte de la deuda pública ha sido reestructurada. El último acuerdo por 35 mil millones se encuentra cuestionado y aún está pendiente la deuda de la empresa estatal eléctrica, de más de 10 mil millones de dólares (un aumento brutal de las tarifas podría formar parte de un eventual acuerdo).

En definitiva, Puerto Rico no ha salido de la bancarrota.

La deuda externa es un mecanismo de saqueo y sometimiento al que hay que ponerle fin. En ocasión de las protestas que depusieron a Rosselló el año pasado, se cantaba “Ricky renuncia y llévate a la Junta”. Las masas boricuas ya lograron lo primero.

La isla se encuentra sometida a una dominación colonial por parte de Estados Unidos, bajo la figura de “estado libre asociado”. El planteo de la independencia de Puerto Rico tiene una importancia continental, como parte de la lucha contra el imperialismo en toda la región y por la unidad socialista de América Latina.

 

 

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